David Sánchez alega que su plaza se convocó cuando su hermano Pedro “había tocado fondo” en el PSOE

David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, mueve ficha en la causa abierta por un juzgado por las supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. Su abogado defensor ha presentado este martes un escrito con el que se adhiere al recurso que presentó el 3 de diciembre la Fiscalía para oponerse a la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de citar como imputados para el próximo enero al hermano del presidente y a otras ocho personas, entre ellas el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalía argumentaba en aquel recurso que, en su resolución judicial, la magistrada se había limitado a acordar las declaraciones para “garantizar la plena efectividad del derecho de defensa” de los nueve, pero no concretaba ni los indicios existentes contra cada una de ellos ni los delitos por los que se les investigaba, como exige la ley. Ahora, David Sánchez se adhiere “de manera expresa e íntegra” a este recurso y aprovecha para defender su inocencia.

Entre las alegaciones que hace en este sentido, destaca que no existe ningún indicio de que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz que finalmente le adjudicaron fuera creado “a la carta” para él por su condición de familiar del actual presidente del Gobierno. Para ello argumenta que, en el momento en el que se decidió crear en octubre de 2016 la plaza, su hermano “había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante”. En esa fecha, Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos liderados por Susana Díaz.

El escrito de la defensa de David Sánchez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, arremete contra la denuncia que presentó el pseudosindicato Manos Limpias y que dio pie a la apertura de la causa, a la que tilda de “evanescente” al sustentar sus acusaciones simplemente en “unos recortes de prensa y un pantallazo del portal de Transparencia”. En este sentido, el hermano del presidente incide en que, hasta ahora, la investigación no ha arrojado indicios de criminalidad que le vinculen con los hechos presuntamente ilegalidades denunciadas. Y recuerda que tanto la Agencia Tributaria como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han encontrado ninguna evidencia de irregularidades fiscales o del supuesto incremento patrimonial injustificado que Manos Limpias le atribuía. Por ello, el escrito enmarca la denuncia en una “estrategia elíptica de desgaste político” hacia el líder del PSOE en el que juega un papel fundamental “las continuas filtraciones a medios de comunicación afines” a las acusaciones populares, ejercidas, además de por Manos Limpias, por los grupos Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox. “Algo de mala fe se nota”, añade más adelante el escrito.

David Sánchez también carga contra el auto de la jueza en el que se le citaba como investigado para el próximo 9 de enero y destacaba que el informe elaborado por la UCO tras el análisis de miles de correos electrónicos de los investigados en el que se sustentó la decisión de la magistrada no contiene ningún “concreto y tangible indicio de criminalidad” contra él. En este sentido, recuerda, que si bien las conclusiones de los agentes apuntaban a que el puesto de trabajo que fue adjudicado al hermano del presidente se creó de modo apresurado, no existe “ni uno solo” de esos mensajes que haya sido “generado o recibido” por él. En este sentido, niega que el puesto que se le adjudicó fuera creado expresamente para él. Para ello alega que, además de la situación de debilidad política que atravesaba su hermano cuando se creó la plaza, él no tenía “vínculo alguno con la Comunidad Autónoma Extremeña”. Además, David Sánchez recuerda que las otras personas que concurrieron al concurso para hacerse con el puesto no plantearon entonces ninguna queja ni recurso a la decisión final de adjudicárselo a él.

Por todo ello, la defensa de David Sánchez se adhiere al recurso de la Fiscalía en el que pedía revocar el auto en el que se le citaba como imputado. En aquel escrito, la representante del ministerio público en el caso, Begoña García, incidía que, si bien la pretensión de la jueza con aquella decisión podía ser garantizar el derecho de defensa, este no podía ser ejercido por los investigados si no concretaba previamente las acusaciones. La representante del ministerio público insistía en que la “genérica referencia que se realiza a ‘los delitos contra la Administración Pública investigados” no era suficiente, y reclamaba a la magistrada que hiciera “la valoración” sobre los indicios de criminalidad que consideraba que se recogían en el informe de la Guardia Civil que motivo su decisión. La Fiscalía incidía en que en un auto de estas características no sea necesario “razonar todo”, sí era imprescindible “un juicio de verosimilitud sobre la apariencia delictiva de los hechos en su día denunciados” y no una simple alusión al informe de la UCO. Por todo ello, pedía la revocación del auto y que, antes de volver a citar a declarar como investigados a las nueve personas, la jueza determinase de manera individualizada “los hechos concretos de imputación”.