La jueza cita como imputados al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE extremeño

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma Rojano, ha dictado este miércoles un auto en el que cita como investigado a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y a otras ocho personas por las supuestas irregularidades en su contratación en 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. Entre los imputados está también el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

La decisión de la jueza se produce un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe de cuyo contenido la magistrada concluye que existen “indicios racionales de criminalidad” por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública en la adjudicación al hermano del presidente de un puesto como coordinador de actividades de los conservatorios de música dependientes de esta entidad.

El documento policial, que no ha transcendido, analizaba los correos electrónicos enviados y recibidos en sus cuentas corporativas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 por nueve personas, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. En su resolución judicial, la jueza llama también como imputados a otros dos cargos socialistas de la Diputación, así como a responsables de recursos humanos y de la delegación de Cultura de la institución, en la que está encuadrado el puesto de trabajo que ocupa el hermano del presidente. Aún no hay fechas fijadas para las comparecencias.

La magistrada también pone el foco en el parlamentario de la Asamblea de Extremadura del PSOE Antonio Garrote, sobre el que se pide que se certifique su condición de aforado. Además, ordena la toma de declaración como testigos de tres directores de conservatorios y de otros tantos peritos de la Agencia Tributaria, así como que se le requiera a la Diputación de Badajoz nueva documentación sobre el concurso del puesto del trabajo y del organigrama de la delegación del Cultura.

La magistrada destaca en su resolución que el informe de la UCO no ha encontrado indicios de ningún supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, como apuntaban las denuncias que dieron origen a la investigación. El auto detalla que los agentes destacan que no han “encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros”, y achacan esta acusación a “un cálculo erróneo” de las cifras que aparecen en las diversas declaraciones de patrimonio del hermano del presidente.

No obstante, para confirmar todo ello, la jueza ha ordenado librar un oficio a la entidad financiera para que esta informe “sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez”. Por último, la jueza critica “las continuas filtraciones a la prensa” de la investigación judicial y advierte a los abogados y procuradores de las partes de que serán multados con hasta 10.000 euros sin revelan el contenido de las pesquisas, principalmente de los correos electrónicos intervenidos, para lo que apela “a la ética profesional y buena fe procesal”.

Denuncia de Manos Limpias

La investigación que ha desembocado ahora en la imputación del hermano de Pedro Sánchez se puso en marcha tras presentar Manos Limpias una denuncia que ponía el foco en él. David Sánchez trabaja desde julio de 2017 —casi un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, pero cuando ya había recuperado la secretaría general del PSOE tras vencer a Susana Díaz en las primarias del partido― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz. El seudosindicato sustentaba su denuncia en informaciones publicadas en prensa, según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior.

Tras la denuncia, la juez abrió diligencias de investigación el 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez. También solicitó un informe sobre el proceso de selección para adjudicarle el puesto y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo remitió al juzgado esa documentación el 14 de junio, pero la magistrada la consideró insuficiente. Por ello, cuatro días después reclamó nuevos informes a la Diputación pacense para que, entre otras cuestiones, informara de la “localización física del despacho donde [el hermano del presidente] desarrolle sus funciones habitualmente”, si existía un sistema de control horario para el personal de alta dirección o por qué se cambió en 2021 la nomenclatura del puesto por el de “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. En esa misma resolución judicial, la magistrada encargó a la Agencia Tributaria y a la UCO intervenir en la investigación.

La petición de la jueza de que fuera esta unidad de la Guardia Civil ―la misma que lo hace en el caso de Begoña Gómez― la que se hiciera cargo de las pesquisas lo justificaba por un informe que había elaborado dentro del sumario del llamado caso Koldo, abierto en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020. Poco después, la magistrada ordenó el registro de la Diputación pacense, que se produjo el pasado 10 de julio para intervenir los correos electrónicos de nueve personas. Lo volvería a hacer dos veces más. La primera, días después del primer registro. La segunda, a finales de septiembre. La información recabada en ellos ha sido la base para el informe de la UCO, que ha desembocado ahora en la imputación del hermano del presidente y otras ocho personas.