La Guardia Civil registra la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre el hermano de Pedro Sánchez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado este miércoles durante más de cuatro horas dependencias de la Diputación de Badajoz, por orden judicial, para recabar documentación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha adelantado El Español y han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Entre el material intervenido se encuentran los correos electrónicos enviados y recibidos por David Sánchez desde su cuenta oficial en este organismo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tiene abierta una causa a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias ―el mismo que presentó otra contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, que propició su imputación―. El caso se encuentra bajo secreto, aunque fuentes cercanas a la investigación apuntan a que este se puede levantar en breve.

En esas diligencias se investigan hechos que, según la magistrada, pueden ser constitutivos de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y contra la Hacienda Pública. Los denunciados inicialmente por Manos Limpias son David Sánchez, el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de servicio de apoyo jurídico de la Diputación pacense, aunque luego en la querella ya no incluyeron a estos dos últimos. El hermano del presidente trabaja desde julio de 2017 —casi un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz, y coordina esa actividad en este organismo. El pseudosindicato lo denunció por unas informaciones publicadas en prensa en las que se aseguraba que David Sánchez no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y reside en Portugal para ahorrarse pagar impuestos en España. Manos Limpias también afirmaba que el hermano del presidente tiene un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibe y su vida laboral anterior.

Tras la denuncia, la jueza Beatriz Biedma incoó diligencias de investigación el pasado 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez. También solicitó un informe sobre el proceso de selección y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo remitió al juzgado esta documentación el pasado 14 de junio, pero la magistrada la consideró insuficiente.

Por ello, cuatro días después solicitó nuevos informes a la Diputación pacense para que, entre otras cuestiones, esta informara de la “localización física del despacho donde [el hermano del presidente] desarrolle sus funciones habitualmente”, si existe un sistema de control horario para el personal de alta dirección o por qué se cambio en 2021 la nomenclatura del puesto por el de “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”. También reclamó conocer si los fondos del Programa Ópera Joven, del que supuestamente se encargaba David Sánchez, eran de origen “autonómico, estatal o europeo” , según se recoge en un auto al que ha tenido acceso este diario.

En esa misma resolución judicial, la magistrada encargó a la Agencia Tributaria y a la UCO que intervinieran en la investigación. A Hacienda le solicitó un “informe detallado” sobre David Sánchez en el que se especificase si este “tiene su residencia fiscal en España o Portugal” y, en caso de que fuera en este segundo país, si eso “sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz”. Además, le pidió las declaraciones tributarias que el hermano del presidente hubiera presentado en los últimos cinco ejercicios con un examen de las mismas, y preguntó “si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública”.

La jueza reclamaba asimismo “todos los datos y documentación” que la Agencia Tributaria dispusiera y que pudieran determinar “un incremento en su patrimonio [el de David Sánchez] que no sea consecuencia directa de sus ingresos”, así como si ese supuesto aumento es superior a los 250.000 euros. Por último, pedía ser informada de si el hermano de Sánchez “ha sido objeto de alguna actividad de inspección o control” bien por su puesto de trabajo o por su residencia fiscal en el extranjero.

A la Guardia Civil, cuyos agentes son los que han realizado este miércoles el registro de la Diputación de Badajoz, la jueza les remitió tanto la denuncia como la documentación que en ese momento obraba ya en la causa “para que proceda a la investigación de los hechos denunciados”.

La petición de la jueza de que sea la UCO ―la misma unidad que participa en las del caso de Begoña Gómez― la que se haga cargo de las pesquisas se produce por un informe que elaboró dentro del sumario del llamado caso Koldo, abierto en la Audiencia Nacional para investigar la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020. En ese documento policial se señalaba que en la localidad portuguesa de Elvas, donde supuestamente reside David Sánchez, el empresario Víctor Aldama (uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo) tenía domiciliadas seis empresas a las que supuestamente desvió parte de las comisiones por aquellos contratos. La jueza Biedma apunta, por ello, que las actividades de Aldama “podrían estar relacionadas con la presente investigación”.

El hermano del presidente recurrió el auto en el que se pedían todas estas diligencias al considerar que se estaba impulsando contra él una investigación prospectiva (la que consiste en investigar para ver si se encuentra un indicio de delito, en lugar de investigar a partir de indicios existentes), algo prohibido por ley. Sin embargo, la magistrada desestimó el recurso a comienzos de este mes al considerar que las diligencias eran “precisas” para esclarecer las supuestas irregularidades denunciadas por Manos Limpias.