La Guardia Civil registra la Diputación de Badajoz en busca de documentación sobre el hermano de Pedro Sánchez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando este miércoles dependencias de la Diputación de Badajoz, por orden judicial, para recabar documentación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha adelantado El Español y han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tiene abierta una causa a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias ―el mismo que presentó otra contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, que propició su imputación―. El caso se encuentra bajo secreto, aunque fuentes cercanas a la investigación apuntan a que este se puede levantar a lo largo del día.

En esas diligencias se investiga la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y contra la Hacienda Pública por parte de David Sánchez, así como del presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, y de un trabajador de la misma. El hermano del presidente trabaja desde julio de 2017 —casi un año antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno― en la orquesta del Conservatorio de Música de Badajoz, y coordina esa actividad en la Diputación pacense. Manos Limpias lo denunció por unas informaciones publicadas en prensa en las que se aseguraba que David Sánchez no realiza las funciones que tiene asignadas, no acude a su puesto de trabajo y reside en Portugal para ahorrarse pagar impuestos en España. El pseudosindicato también afirmaba que el hermano del presidente tiene un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibe y su vida laboral anterior.

Tras la denuncia, la jueza Beatriz Biedma incoó diligencias de investigación el pasado 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz “toda la documentación relativa a la contratación laboral” de David Sánchez. También solicitó un informe sobre el proceso de selección y “sus funciones esenciales y efectivo desempeño de las mismas, horario, salario y la existencia de autorización para la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo”. El organismo remitió esta documentación el pasado 14 de junio, pero a la magistrada le pareció insuficiente. Por ello, cuatro días después solicitó nuevos informes y encargó a la Agencia Tributaria y a la UCO que intervinieran en la investigación, según se recoge en documentos judiciales a los que ha tenido acceso este diario.

A Hacienda la jueza le solicitó un “informe detallado” sobre David Sánchez en el que se especificase si este “tiene su residencia fiscal en España o Portugal” y, si en caso de que fuera en este segundo país, si eso “sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz”. Además, le pidió las declaraciones tributarias que el hermano del presidente hubiera presentado en los últimos cinco ejercicios con un examen de las mismas, y preguntó “si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública”.

La jueza reclamaba asimismo “todos los datos y documentación” que la Agencia Tributaria disponga y que pudieran determinar “un incremento en su patrimonio [el de David Sánchez] que no sea consecuencia directa de sus ingresos”, así como si ese supuesto aumento es superior a los 250.000 euros. Por último, pedía ser informada de si el hermano de Sánchez “ha sido objeto de alguna actividad de inspección o control” bien por su puesto de trabajo o por su residencia fiscal en el extranjero.

A la Guardia Civil, cuyos agentes son los que realizan este miércoles el registro de la Diputación de Badajoz, la jueza les remitió tanto la denuncia como la documentación que en ese momento obraba ya en la causa “para que proceda a la investigación de los hechos denunciados”.

La entrada en las pesquisas de la UCO ―la misma unidad que participa en las del caso de Begoña Gómez― se produce por un informe que emitió dentro de otro sumario abierto en la Audiencia Nacional, el llamado caso Koldo, en el que se investiga la supuesta corrupción en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos al inicio de la pandemia de 2020. En ese documento policial se señalaba que en la localidad portuguesa de Elvas, donde supuestamente reside David Sánchez, el empresario Víctor Aldama (uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo) inscribió varias empresas a las que supuestamente desvió parte de las mordidas por aquellos contratos. La jueza Biedma señala en el auto en el que encarga la investigación a la Guardia Civil que las actividades de Aldama “podrían estar relacionadas con la presente investigación”.