Seis meses de excusas del PP para evitar el acuerdo sobre menores migrantes no acompañados

El acuerdo parece imposible. Los 5.300 menores migrantes acogidos en Canarias seguirán viviendo en centros hacinados y sin la atención adecuada. También los 400 de Ceuta. La cuarta reunión presencial entre Canarias, Ceuta, el PP y el Gobierno para negociar la redistribución a los niños que emigran solos por todas las comunidades autónomas ha expuesto la falta de voluntad del PP en pactar. Tras esta reunión de dos horas, el discurso ha cambiado en Canarias. El Gobierno de Fernando Clavijo, que en los últimos meses ha criticado sin tapujos al Gobierno central, está muy molesto con los populares, con quienes gobiernan en coalición en las islas. “El PP ha venido a reventar la reunión. Es un despropósito”, lamentan fuentes cercanas al Ejecutivo insular. “En la reunión había un bloque defendiendo la reforma. Y luego el PP”, lamentan fuentes gubernamentales.

El PP no piensa ceder. Las novedades sobre el caso Koldo, y el señalamiento directo por parte del cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —que pilota las negociaciones sobre los menores— es la última de las excusas alegadas por el Partido Popular para no cerrar un pacto que aliviaría la situación crítica que viven los territorios más expuestos a la inmigración irregular. El portavoz del PP, Miguel Tellado, se sentaba este jueves en la mesa de negociación tras haberse levantado en octubre, pero no volvió para negociar. “El Gobierno de España tiene como objetivo normalizar la actividad de Torres, alias Rudolf, según la trama”, afirmó el portavoz parlamentario tras la reunión.

La cita, en la que se convocaron el ministro Torres; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria); el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, acabó en fiasco. “Es un despropósito”, reclaman desde Canarias, donde, esta vez, señalan “la falta de voluntad del PP en acordar nada” y “la pérdida de tiempo”.

Las condiciones del PP han ido cambiando desde el pasado junio. El partido ha ido endureciendo sus posiciones en inmigración, mientras Vox lo presiona por la derecha en las comunidades autónomas para que no ceda un ápice. Y aunque Tellado rechaza que esté sucumbiendo ante ninguna presión, mantiene una postura de máximos: cambiar la política migratoria del Gobierno. Las cesiones del Gobierno no han servido y la confrontación es cada vez más mayor. Las partes no asumen que haya llegado el punto final, pero reconocen que lo ven cada vez más cerca. Este es el resumen de seis meses de negociaciones infructuosas.

Julio. Un mes antes, en junio, el Gobierno central y el de Canarias (integrado por Coalición Canaria y PP) habían acordado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas. El pacto bilateral molestó a los gobiernos autonómicos, aunque Alberto Núñez Feijóo garantizó su “solidaridad”. El discurso cambió en solo una semana. El discurso del miedo de Vox llevó a Tellado a defender el despliegue de la Armada para frenar cayucos. Entonces, Génova exigía una Conferencia sectorial de infancia para abordar el asunto, pero en esa cita solo se logró el reparto voluntario de un pequeño cupo que ya estaba pactado. El 23 de julio, el PP, Vox y Junts votaron en el Congreso en contra de la reforma. Para retomar la negociación, los populares exigieron entonces la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional para que las comunidades puedan tramitar de urgencia los contratos necesarios para la acogida; que la Fiscalía garantizase que los menores trasladados sean indubitadamente menores y un fondo de contingencia plurianual para financiar la acogida de los niños “hasta su emancipación”. Tellado mantiene a día de hoy que la financiación sigue siendo un problema, mientras los ministros han renunciado a sus postulados iniciales y mantienen que habrá dinero para cubrir los esfuerzos de las comunidades.

Agosto. Sin el entendimiento, el PP registra en el Congreso una propuesta que añade nuevas condiciones. El foco ya no son los menores, sino el control de fronteras. En paralelo, Torres, Clavijo y Tellado se reúnen en secreto, un encuentro que no trascendió hasta septiembre. En ese momento, fuentes de Génova aseguraban que se abrirían a reformar el artículo 35 siempre que La Moncloa aceptase la propuesta que llevó Clavijo a aquel encuentro, una fórmula para garantizar la financiación que suponía que el Gobierno central asumiría los gastos de cualquier comunidad que se encontrase por encima del 100% de su capacidad de acogida. La propuesta contemplaba también que se superase el 150% de la ocupación, un escenario en el que el Estado no solo cubriría los costes, sino que sería también responsable de la gestión de la acogida. Para calcular esa ocupación, el PP pedía que se tomase como referencia las plazas que cada comunidad autónoma tenía en marzo de 2020, en plena pandemia. Este criterio coloca el umbral de ocupación más bajo que en la actualidad, lo que permite a varias comunidades del PP declararse saturadas.

El PP también reclamó la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo 13 de diciembre, y la declaración de emergencia migratoria.

Septiembre. Clavijo cambia el tono contra La Moncloa y acerca posturas con Génova. Ese mes, el presidente canario firma junto a Feijóo un documento de nueve puntos sobre política migratoria, en el que se solicita, entre otras cosas, el despliegue de Frontex, el refuerzo de agentes españoles en los países de origen o el traslado de inmigrantes (no especifica que deban ser menores) a otros países europeos.

Octubre. El PP rompe abruptamente las negociaciones alegando que el Gobierno de España rechaza la ayuda de la UE y de Frontex. El Gobierno niega que no pida ayuda a Bruselas, pero no planea incluir a Frontex en el patrullaje del Atlántico. Los agentes de la agencia europea de fronteras ya están en las islas, pero no hay barcos ni aviones de la agencia patrullando las aguas como sí ocurre en el Mediterráneo. El departamento de Fernando Grande-Marlaska no comparte esta receta para frenar la inmigración irregular y defiende que la presencia de Frontex solo es efectiva en los países de origen, evitando las salidas y devolviendo a los integrantes de los cayucos a las costas de donde salieron, una fórmula aún lejana porque requiere de acuerdos de la agencia con los países involucrados. En el ministerio, además, se considera que más barcos y aviones en aguas bajo control español pueden tener el efecto contrario al deseado. La propuesta del Gobierno con la que calculaba las plazas que cada comunidad autónoma debe tener para a partir de ahí establecer cuando se encuentran saturadas queda en el limbo de la ruptura.

Noviembre. El PP se resiste a cerrar una nueva reunión con Torres. Fuentes del equipo de Tellado centran ya sus exigencias en la solicitud de colaboración de Frontex y la activación del mecanismo europeo de reparto de menores con otros países de la UE. Entretanto, acusan a Torres de utilizar la negociación como cortina de humo frente a las declaraciones de Aldama. Torres se cubre escribiendo una carta a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que deja por escrito todas las actuaciones del Gobierno en materia migratoria y solicita “la ayuda que sea precisa”.

Diciembre. El PP no se baja de su posición de máximos, insiste en el despliegue de Frontex y el mecanismo de reparto europeo, pero también en el cambio de la política migratoria del Gobierno, causante, según el partido, de la situación actual y pide el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo que firmó Feijóo con Clavijo, exigencias que no son trasladables en la reforma de la ley. En frente, el Gobierno cede y asume aplicar el criterio de ocupación y financiación que pretendía el PP, el de marzo de 2020, pero también defiende que no está dispuesto a asumir la “política migratoria” de los populares.