El PP bloquea la negociación sobre los menores migrantes y la condiciona a un cambio de política migratoria

Una vez más, las negociaciones entre el PP y el Gobierno para cambiar la ley y redistribuir a menores migrantes entre comunidades autónomas han fracasado. Las expectativas ya venían marcadas por las declaraciones previas del portavoz de los populares, Miguel Tellado, de que no se movería de su posición de máximos, pero el resultado, a juzgar por las palabras de los participantes, ha sido mucho peor. No hay acuerdo, pero es que ni siquiera hay negociación. En dos horas de reunión ni siquiera se ha entrado a definir la letra pequeña de un potencial acuerdo, como la financiación o los criterios de reparto. El PP, amenazado por Vox ante cualquier concesión, no se ha movido un centímetro y condiciona su apoyo a que el Gobierno cumpla con sus exigencias en política migratoria, una reclamación de máximos que el Ejecutivo no piensa asumir. El presidente canario, Fernando Clavijo, el principal interesado en que esta iniciativa salga adelante, ni siquiera se ha parado a hablar con los periodistas. “El PP ha venido a reventar la reunión. Es un despropósito”, lamentan fuentes cercanas al Gobierno canario.

El acuerdo parece más lejos que nunca. Tellado ha acusado al Gobierno de no traer “ninguna propuesta” y vuelve a emplazar al Ejecutivo a que negocie con las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial de infancia. El portavoz de los populares sigue además anclado en el documento que firmaron Alberto Núñez Feijóo y Clavijo en septiembre, en el que se defendía medidas sustanciales en política migratoria, algunas ya en marcha (como el despliegue en los países de origen) y otras más genéricas (como mayor presupuesto en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras). En ese documento, el PP exigía también que Frontex despliegue sus medios marítimos y aéreos en Canarias, una opción que el ministerio del Interior no ve efectiva o que se repartan los menores en otros países europeos. Tellado no tiene en cuenta que este mecanismo ya está en marcha, pero que es lento y burocrático, además de limitado para los menores que han pedido protección internacional, en torno a un millar del total de 4.000 niños que serían susceptibles de un traslado.

El Gobierno, como efectivamente acusa Tellado, no está en asimilar su estrategia migratoria a la del PP. “Es legítimo que cada Gobierno diseñe sus propias políticas”, ha defendido la ministra de Juventud, Sira Rego. La ministra ha señalado que los postulados migratorios del PP no se diferencian demasiado con los de Vox.

La sombra del partido de ultraderecha sigue sobrevolando esta negociación. Tras romper cinco gobiernos autonómicos el pasado julio, Vox amenazó este miércoles con no negociar los Presupuestos de las seis comunidades con Ejecutivos del PP que necesitan sus votos si los populares aceptan una redistribución de los niños migrantes.

La decepción de los interlocutores era evidente. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, no ha querido valorar la posición de su propio partido, aunque fuentes participantes en la reunión han explicado que ha intentado mediar con su portavoz. A la salida, Vivas ha reconocido la falta de acuerdo y la necesidad de que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados se trate como una política de Estado. Vivas siempre se ha mostrado partidario del cambio del artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría crear un nuevo mecanismo de reparto, pero lleva meses encontrando el rechazo entre sus propias filas. Ante la situación de la ciudad autónoma y el bloqueo de la negociación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a realizar una modificación presupuestaria, aún por determinar, antes de que finalice el año, para financiar parte del esfuerzo de Ceuta, que acoge a 430 menores cuando tiene capacidad para un máximo de 130.

Torres ha defendido que el Gobierno ha ido cumpliendo con las exigencias del PP. Así, ha recordado que se convocó una conferencia sectorial de infancia, como reclamaban los populares, y que ha aclarado los criterios de financiación que asumirá el Estado, así como que ninguna comunidad autónoma quedará fuera del reparto o que se solicitara ayuda a Europa. Torres ha criticado que el PP aparezca con “una especie de manifiesto” donde apenas se habla de menores. “Concluimos que el Partido Popular no está por la modificación del artículo 35. El Gobierno de España, de Canarias y [de] Ceuta creen que esa es la solución efectiva y no renunciamos a seguir trabajando en ello”, ha dicho Torres.

El empecinamiento del PP ni siquiera permite avanzar en la letra pequeña del acuerdo, mientras que el Gobierno sí ha flexibilizado sus postulados iniciales para contentar a los populares. La ministra Rego ha explicado que el Estado está dispuesto a asumir la financiación de la acogida de estos menores y que lo hará cada vez que una comunidad se vea al 100% de su capacidad. Para ello renunciará a su propuesta inicial que obligaba al PP a abrir más de 4.000 nuevas camas y asume que se parta de las plazas existentes en marzo de 2020, como pedía el PP. “La financiación no es un problema”, ha mantenido Rego.