El PP exige a la concejal de Santa Susanna detenida que renuncie a su acta municipal

El Partido Popular ha exigido a la concejal de Santa Susanna, Inmaculada Casilla, que entregue su acta de regidora en el municipio después de haber sido detenida por su presunta implicación en una trama de regularización fraudulenta de personas extranjeras. La mañana de este jueves, la concejal se ha dado de baja del PP, según han confirmado fuentes del partido. La organización había pedido el día anterior información sobre su arresto, después de ser preguntados por el caso por EL PAÍS. Casilla negó haber sido detenida, según confirman diversas fuentes. Los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso la citaron en su complejo central de Barcelona en La Verneda, el día 4 de noviembre, y la detuvieron. Una vez declaró, quedó en libertad en condición de investigada, en una causa abierta por organización criminal, falsedad documental y un delito contra los derechos de las personas extranjeras, a la espera de ser citada por el juzgado. Este diario ha tratado sin éxito de contactar con la concejal.

La Policía Nacional inició una investigación hace un año contra un grupo que presuntamente se dedicaba a conseguir de manera fraudulenta permisos de residencia para personas extranjeras. En una primera fase, en el mes de mayo, detuvieron a ocho personas, consideradas la cúpula del grupo. En noviembre, en una segunda etapa del caso, citaron a declarar a cuatro personas más: dos policías locales y un mosso en excedencia destinados todos en Santa Susanna, y a la mujer de uno de los agentes. Les acusaron de simular falsos contratos de empleados del hogar para la red, a cambio de dinero, y así facilitar su regularización. Una vez en la comisaría, les detuvieron, les reseñaron y les tomaron declaración con abogado. Fue allí, en la sede policial, cuando los agentes descubrieron que la pareja de uno de los policías locales era además concejal del PP en Santa Susanna. Los cuatro quedaron en libertad, con la condición de investigados.

El juzgado de instrucción número 23 de Barcelona dirige la investigación del entramado de regularización ilegal de extranjeros que supuestamente ha conseguido permisos de manera fraudulenta para una cuarentena de personas. En la causa constan 15 investigados en total: ocho de ellos han declarado ya ante la jueza, tres más se encuentran en búsqueda, y los cuatro implicados de Santa Susanna están a la espera de ser citados en sede judicial. El alcalde del municipio, Joan Campolier, ha abierto un expediente sancionador a los dos cabos, uno de ellos pareja de la concejal, y de baja en la actualidad, afectado por otro expediente en la policía municipal. El otro cabo sigue en su puesto de trabajo, a la espera de la evolución de la investigación judicial, que obliga a paralizar cualquier tipo de sanción disciplanaria. El mosso d’esquadra se reincorporó a la policía autonómica, y también está trabajando, destinado en Granollers.