Sumar propone blindar el aborto en la Constitución, pero Igualdad cree que “no se dan” ahora los “consensos” necesarios

Francia dio un paso histórico el lunes por los derechos de las mujeres: blindó la “libertad garantizada” al aborto en su Constitución. Ha sido el primer país en hacerlo, en una semana en la que además el contexto es clave, este viernes es el Día Internacional de la Mujer, y será ese mismo 8M cuando el presidente, Emmanuel Macron, selle ese acuerdo en un acto abierto al público. En España, donde se cumple ahora un año de la reforma de la ley que protege el derecho al aborto —devolvió a las mujeres de 16 y 17 años la capacidad de decidir, además de establecer una amplia gama de medidas para la salud sexual y reproductiva—, la reacción a la decisión francesa ha tardado apenas dos días, y a dos jornadas del 8M. Sumar ha propuesto este miércoles incluir el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución Española, aunque su iniciativa no cuenta con el apoyo del ala socialista del Gobierno.

Lo ha hecho la portavoz adjunta, Aina Vidal, en una rueda de prensa en el Congreso en la que han estado presentes ocho diputadas del grupo parlamentario, incluida la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Vidal ha explicitado la intención del socio minoritario de la coalición de “abrir el debate social” sobre este asunto. “Queremos que el Congreso aborde el debate. Hemos hablado con todos los grupos (…) no es un debate de partido, sino de país y de sociedad”, ha señalado la diputada de Catalunya en Comú, sin especificar qué respuesta han recibido de los grupos. Fuentes de Sumar explican que están trabajando en la fórmula para presentar la propuesta y que barajan una proposición de ley, a la espera de lo que señalen los juristas. “Hay fuerzas que nos quieren arrebatar derechos que son básicos”, ha defendido también Vidal en su exposición, en referencia a Vox.

La misma mañana de este miércoles, y antes de ese anuncio por parte del socio minoritario de Gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa para presentar la campaña del 8M, ha respondido a la posibilidad de que pueda suceder en España. Y no lo ve factible: “La Constitución Española [CE] en cuanto a derechos fundamentales es muy exigente en procedimientos de reforma. Estamos hablando del artículo 168 de la CE, que establece un procedimiento realmente agravado, imponente desde el punto de vista de los consensos y las mayorías. En este momento, creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado”.

Redondo ha explicado que para poner en marcha ese cambio constitucional hace falta “una primera propuesta aprobada por una importantísima mayoría [dos tercios de Congreso y Senado, según recoge el 168], la disolución de las cámaras, que las siguientes aprueben por una mayoría de dos tercios, y que el pueblo español lo ratifique en referéndum”. Un proceso “extenso” e “intenso” que, ha afirmado, “exige enormes consensos” que no se dan en España. “En este momento, puesto que en el Parlamento se sienta un partido negacionista que además está gobernando con el Partido Popular en 11 autonomías y en una cantidad muy importante de municipios, no descubro nada, en este momento no se está produciendo [el consenso]”.

Es algo que ha confirmado este mismo miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado la inclusión del aborto como un derecho en la Constitución de Francia, informa María Sahuquillo. No es “ningún avance”, ha remarcado Díaz Ayuso. “Nuestra defensa es la vida”, ha recalcado la presidenta madrileña que ha vinculado en cierta manera el aborto con los problemas de invierno demográficos en Europa. “No considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida y más en una región, la europea en su conjunto, que se está envejeciendo”, ha dicho en Bucarest, durante su intervención en el pleno del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE).

La propuesta de incluirla en la CE, ahora descartada por las circunstancias políticas, fue ya aprobada en una conferencia del PSOE en 2013, con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido y en respuesta al recorte que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba dispuesto a hacer. El intento de retroceso de su entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que pretendía reformar la ley para permitirlo solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer. Un año después, lo que se conoció como El Tren de la Libertad, decenas de miles de hombres y mujeres que se manifestaron en Madrid el 1 de febrero de 2014, logró parar la idea del PP, e hizo caer a Gallardón.

Como en Francia, el motivo que podría tener España para consagrar ese derecho en la Constitución es el peligro que puede sobrevolar a ese derecho dependiendo de quién esté en el Gobierno. Una amenaza que es una realidad en muchos países y hacia la que se encaminan o ya lo hicieron otros. En 2022, la derogación del derecho al aborto en todos los estados por parte del Tribunal Supremo de EE UU con la sentencia Roe contra Wade fue el punto de partida para que el Parlamento francés abriera el debate.

En España el consenso social en torno al aborto ha sido, desde hace décadas, prácticamente total. Sin embargo, y aunque garantizado por ley, en la práctica diaria no se cumple con todas esas garantías. Todavía hay mujeres que tienen que desplazarse a otras autonomías porque en las suyas no se practican en la sanidad pública y son derivadas a territorios limítrofes, el Sistema Nacional de Salud apenas realiza estas intervenciones, hay servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales cuyos profesionales, todos, son objetores de conciencia.

Desde 1985, son las clínicas privadas —en concierto con la pública, con un servicio por el que las mujeres no tienen que pagar si son derivadas desde los centros de salud o los hospitales— quienes han garantizado este derecho, y aunque la última reforma, la del pasado año, incluyó de forma específica que fuera el sistema público quien debía hacerlo, aún las comunidades autónomas no han desplegado las medidas a las que les obliga la norma y, por tanto, el derecho sigue sin ser real y efectivo bajo las condiciones que establece la legislación.

“Lo importante”, ha dicho Redondo en esa rueda de prensa, es “desarrollar” la ley actual, “ser exigentes con las Comunidades Autónomas para que colaboren” en el despliegue de las medidas que establece, “que el derecho se pueda ejercer, se pueda ejercer con libertad y con cercanía en todo el territorio”.