El aborto en Castilla y León: 60 en el sistema público y 2.537 en el privado

Por la puerta de la Clínica Ginemédica, en Valladolid, entraron alrededor de 1.800 mujeres que querían abortar el pasado año; el anterior, 1.829. Es el único centro donde una mujer que quiere abortar puede hacerlo en esa ciudad de casi 300.000 habitantes. Pero además, Ginemédica atiende una media de siete de cada 10 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Castilla y León, en una clínica cerca de la estación de tren, adentrada en la fachada del edificio donde está ubicada. Es la planta baja. No sobresalen carteles ni luminosos, no se ve desde lejos. Sin embargo, no es un sitio desconocido para las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos en esa región, donde Vox quiere obligar a los médicos a ofrecerles que escuchen el latido del feto y se hagan una ecografía 4D. Como ocurre en toda España desde que se despenalizó el aborto en 1985, hace casi cuatro décadas, la sanidad pública de esa comunidad deriva la práctica totalidad de los abortos a la privada; los financia, pero no se hace cargo de las intervenciones.

De las 90.189 IVE que se notificaron en 2021 en España, 76.064 fueron en centros privados, el 84,3%, según el último informe del Ministerio de Sanidad. En Castilla y León, la red pública hizo solo 60 interrupciones. El resto, un 20,26%, se llevaron a cabo “o bien en cualquiera de las otras dos clínicas autorizadas en Castilla y León, en Salamanca y en León, o, como en el caso de las pacientes derivadas por la gerencia de Soria, en una clínica en Madrid”, cuenta José Manuel Muñoz, el gerente de la de Valladolid. Esta es una de las 210 que en España, frente a la abdicación de la red pública en torno al aborto, se ocupan de atender a las mujeres que toman esta decisión, ya sea porque llegan directamente o porque son derivadas de los hospitales públicos.

Porque a pesar de ser una prestación gratuita, financiada por el Estado, hay aún mujeres que pagan por ese servicio. Ocurre cuando se acude directamente a una de estas clínicas acreditadas, sin haber pasado antes por el centro de salud o el hospital. En esos casos, el coste medio ronda los 400 euros, pero varía según el territorio, el centro, la semana de embarazo y las circunstancias específicas de cada aborto. Puede ir desde menos de 200 euros por un aborto farmacológico (con pastillas) a superar los 1.000. Y los motivos pueden ser múltiples, desde no poder o no querer esperar, a la privacidad que a veces se decide mantener en torno a este tema, todavía un tabú y un estigma en muchos lugares.

A Ginemédica, al menos derivadas desde los correspondientes hospitales, llegan las mujeres de Valladolid, Burgos, Salamanca, Zamora, Segovia, León, Ávila y Palencia. Porque tienen adjudicado el servicio de esas áreas, por procedimiento público, y también, desde hace no mucho, el de otra para pacientes de Cantabria.

Estos últimos días han recibido más llamadas de las habituales. Justo desde que el foco mediático se desplazó hasta Castilla y León tras el anuncio del vicepresidente de la autonomía, Juan García-Gallardo, sobre el protocolo sanitario, que ha levantado un vendaval político y social.

Si ese anuncio se materializara y se activara el nuevo protocolo —algo que el presidente de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho esta semana que no va a ocurrir—, Muñoz está convencido de que las implicaciones “serían negativas en un altísimo porcentaje”. Las medidas que recoge, añade, “no tienen otro objetivo que coartar la libertad de decisión de la mujer, decisión que en ningún caso es fácil de tomar, por lo que, una vez tomada, solo necesita de medidas de apoyo y respeto que le faciliten llevar a cabo su determinación libremente elegida, principios que sin duda quedan conculcados por la instrucción”.

La dificultad de tener una clínica cerca

Ya es difícil que las mujeres que viven en Castilla y León puedan abortar en su región. Este, el de la proximidad, es uno de los principios que rige la reforma de la ley del aborto que se encuentra ahora en trámite parlamentario: se debe asegurar a las mujeres el acceso efectivo a ese derecho “en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio, garantizando la accesibilidad y calidad de la intervención y la seguridad de las usuarias”.

Esa cercanía no siempre ha existido en esta comunidad, como no existe aún en otras provincias españolas; La Rioja, por ejemplo, es la única autonomía sin clínica acreditada, y la pública no lleva a cabo estas intervenciones, por lo que se derivan a otros territorios como Aragón o la Comunidad Foral de Navarra. Esto, hasta 2016, ocurría también en parte en Castilla y León, y la historia de Ginemédica desde 2016 dibuja aquella situación y cómo ha ido cambiando.

Aquel año, la clínica tenía firmado concierto con la Gerencia de Salud de Valladolid; y para cuando acabó 2016, ya habían firmado también con la de Burgos. Entonces se practicaron 2.490 intervenciones, el 51,2% en Ginemédica. Muñoz recuerda “la panorámica” de aquel momento: “Las pacientes derivadas por las gerencias de Valladolid y Burgos se atendían en Ginemédica. Las pacientes derivadas por la Gerencia de León se atendían en Salamanca. Las pacientes del resto de Gerencias (Ávila, Segovia, Soria, Zamora, Salamanca y Palencia) se atendían en clínicas de Madrid. Ante tal panorama, nos marcamos el objetivo de intentar atender al máximo número posible de pacientes de Castilla y León, evitando así largos desplazamientos para las mujeres”.

Esa idea solo era posible participando en los concursos públicos que sacaban las diferentes gerencias para derivar la prestación del sistema público al privado: “Presentando ofertas económicas lo más ventajosas posible para competir con las clínicas de Madrid, ya que estas basaban su oferta en un criterio de precio”. Con un matiz: mientras que en los concursos públicos de Castilla y León puede participar cualquier clínica, “en general las ubicadas en Madrid”, apostilla el gerente, la Comunidad de Madrid solo deriva sus intervenciones a clínicas de Madrid.

Esto, explica Muñoz, “permite a estas clínicas que, al tener asegurado un importante número de pacientes derivadas de su propia comunidad, se pueden permitir ofertar servicios en Castilla y León a precios muy por debajo del importe medio aplicado a nivel nacional, ya que su infraestructura queda cubierta con las pacientes que le deriva su comunidad”.

No pasa solo en Madrid, también en “Murcia o Andalucía”, donde “en los concursos que promueven exigen explícitamente que los licitadores tengan clínica abierta en su propia comunidad autónoma. De esta manera, propician que sus pacientes no tengan que desplazarse a otras comunidades para obtener la prestación de IVE”, sigue Muñoz. Aunque no hay una cifra exacta actual, en los últimos años el cálculo es que los beneficios para estas clínicas supera los 40 millones de euros para un servicio que, según la legislación, es público.

Muñoz dice que en Ginemédica hicieron un “gran esfuerzo económico” para ganar los concursos que ofertaron las Gerencias de Ávila, Segovia, Zamora, Salamanca, León y Palencia. De esta forma, lograron “promover que casi todas las pacientes de Castilla y León pudieran ser atendidas en un centro de su propia comunidad autónoma que, curiosamente, es el espíritu que plantea la nueva Ley Orgánica de interrupción voluntaria del embarazo”.

En lo económico, perdieron en un primer momento. “El coste ha sido muy alto, ya que para adjudicarse las licitaciones hemos tenido que hacer ofertas económicamente más ventajosas que las clínicas de Madrid, con la consiguiente disminución y en muchos casos con la desaparición del margen de beneficio”, reconoce Muñoz. Pero también es consciente de que, en el largo plazo, y también en este ámbito, acabaron ganando “un 20% de cuota”, según especifica. Aunque asegura que otra ventaja es “la más importante: se ha evitado que muchas mujeres tengan que viajar fuera de su comunidad para ser atendidas”.

Una situación de incertidumbre

A partir de ahora, la situación, sin embargo, podría cambiar. Cuenta Muñoz que la Junta “sigue sin tomar en cuenta y como criterio valorativo la cercanía del centro al lugar de residencia de la paciente, preconizando otros criterios de valoración que benefician sin duda a las clínicas foráneas”. Dice que es el caso de la Gerencia de Palencia, que ha sacado un nuevo concurso que aún está pendiente de adjudicación, “y con muchas posibilidades” de que se lo asignen a una clínica de Madrid. “Es decir, una media de 150 mujeres al año tendrán que viajar a Madrid para ser atendidas cuando esa misma atención se les podría proporcionar a media hora de distancia de su domicilio”.

La misma situación sería también extrapolable a Valladolid: “Su gerencia está pendiente de una nueva convocatoria por estar vencido el contrato anterior. En este caso, el número de mujeres que se tendrían que desplazar a Madrid para recibir atención superaría las 700, mujeres que podrían recibir atención en su propia ciudad de residencia”.

La situación podría cambiar a su vez para Ginemédica, así como para el resto de las clínicas en España, si el sistema consigue adaptarse a lo que establece la reforma legislativa. Aunque una parte importante del núcleo de la nueva ley es que la red pública sea referencia para la interrupción voluntaria del embarazo —lo que garantizaría la cercanía de las mujeres a los centros y, por tanto, el acceso efectivo a este derecho—, esta no está preparada para cumplir con ese espíritu. Para que así fuera, el sistema público de salud tendría que someterse a una reestructuración prácticamente completa porque actualmente los centros no pueden asumir el nivel de intervenciones que se producen al año en España. Y las razones pueden venir por la falta de recursos, de formación o de médicos dispuestos a hacerlo, como explicaron varios expertos a este diario el pasado año. El cambio, avisaban todos ellos, no es menor.