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Castilla y León deja en manos de los médicos la aplicación de las medidas antiabortistas

El Gobierno autonómico avala el plan que anunció hace una semana, aunque subraya que no es obligatorio e insiste en que “no se va a modificar el protocolo”. La Junta rechaza el requerimiento del Ejecutivo central “porque es un asunto inexistente”

El portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa, este jueves en Valladolid.Foto: Nacho Gallego (EFE)

El Gobierno de la Junta de Castilla y León, integrado por PP y Vox, ha decidido este jueves “inadmitir” el requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez, en el que este último pedía al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que se abstuviese de implementar un protocolo antiabortista. Ese supuesto protocolo es “inexistente”, ha dicho Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, por lo que el requerimiento queda rechazado ante “la inexistencia del objetivo sobre el que versa”. A su juicio, lo único que ha habido en este asunto son “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”, que es como ha calificado el anuncio oficial que hace una semana hizo el vicepresidente Juan García Gallardo (Vox).

Pero, al mismo tiempo, Fernández Carriedo ha confirmado que las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en esa rueda de prensa de la semana pasada —ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal en las primeras semanas y hacerse una ecografía 4D— siguen adelante: no serán obligatorias, pero sí estarán a disposición de los médicos para que estos decidan si las aplican. Se trata, ha dicho, de una “mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario”, no un protocolo antiaborto. “Los profesionales tienen formación y podrán aplicarlos en los casos clínicos que consideren y con el mejor de los conocimientos”, ha remarcado, dejando así la pelota en el tejado de los médicos.

El jueves pasado, el vicepresidente García-Gallardo aseguró en rueda de prensa, con el logo de la Junta y acompañado del propio portavoz del Gobierno, que los médicos de Castilla y León iban a estar obligados a ofrecer a las mujeres que hayan decidido abortar dos nuevos servicios: escuchar el latido fetal y una ecografía 4D (aunque ellas podrían optar por hacer uso de esos servicios o no). Esa nueva oferta, presentada como parte de un plan de “fomento a la natalidad y apoyo a las familias”, levantó un colosal revuelo político que ha llevado a la Junta, y a las direcciones nacionales de PP y Vox, a dar versiones distintas e incluso contradictorias durante siete días. Este jueves, Fernández Carriedo ha insistido en que “no se va a modificar el protocolo para las personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo”, “ni se va a publicar nada” que pueda suponer “una coacción a la mujer”. Es decir, no hay un nuevo protocolo como tal, aunque sí un conjunto de medidas, recogidas en aquella nota de prensa del jueves pasado, que “orienta”, según ha dicho el portavoz, “el camino” que el Gobierno autonómico quiere “construir”.

El acta del Consejo de Gobierno de la Junta de la semana pasada, dada a conocer este jueves, no recoge efectivamente mención alguna a esas nuevas prestaciones ni a que se aprobaran o debatieran ese día, pero Carriedo presentó así el plan durante la rueda de prensa: “Son medidas puestas en conocimiento del Consejo de Gobierno tanto por el vicepresidente como por la Consejería de Sanidad, que han trabajado conjuntamente este ámbito, y cuya aplicación se va a poner en marcha en el ámbito sanitario por la consejería de Sanidad”.

Fernández Carriedo ha comparecido ante la prensa al concluir la primera reunión del Gobierno castellano y leonés tras la polémica. El portavoz ha sido bombardeado con preguntas sobre el protocolo antiaborto y ha insistido, como respuesta, en que se va a “inadmitir” el requerimiento del Ejecutivo central porque el asunto es “inexistente” porque no hay modificación alguna del protocolo. Es más: ha defendido que han sido los servicios jurídicos de la Junta los que han informado a favor de esta decisión. A su juicio, Pedro Sánchez “pretende ampararse en declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones o cualquier tipo de instrumento jurídico cuya existencia se niega rotundamente”. La Junta avala su negativa a responder porque “no hay un hecho impugnable” y por ende no hay justificación para el requerimiento, que debería especificar “con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o actos viciados de incompetencia”.

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Para Castilla y León, la actuación del Gobierno central se entiende desde “una voluntad torticera y espuria” porque “de forma proactiva e inmediata” la comunidad, mediante su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y su titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya “habían dado respuesta a las solicitudes del Gobierno”. Carriedo cree que el Ejecutivo ha buscado una “controversia política” para mantener “un conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.

La inadmisión del requerimiento ha sorprendido al Gobierno central, que ha pedido “rigor” a la Junta. El propio presidente Pedro Sánchez, durante su rueda de prensa tras la cumbre con el francés Emmanuel Macron en Barcelona, ha sido tajante: “El requerimiento se tiene que responder”, ha aseverado. Horas antes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, había abundado en ese argumento desde Sevilla: “Desde el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir. Espero que en aras de la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta al requerimiento, que es un paso formal”. La también ministra de Política Territorial ha instado a Castilla y León “que aclare qué es lo que realmente se acordó” en el Consejo de Gobierno del jueves pasado, ante las distintas versiones que han dado el PP y Vox, informa José Marcos.

Por su lado, el líder socialista regional, Luis Tudanca, ha reproducido en redes la nota de prensa de la Junta del pasado jueves, con todas las medidas de lo que él ha llamado “nuevo protocolo antiaborto”.

El portavoz del Gobierno de Castilla y León ha insistido una y otra vez en que no cambia nada, en que “solo se acordaron nuevas prestaciones para las mujeres embarazadas en el sistema sanitario para mejorarlo” pero “no se modifica nada” y mucho menos se vulnera la legislación vigente sobre el aborto. La Consejería de Sanidad, ha dicho, pretende mejorar las prestaciones, pero “no se va a modificar el protocolo para las personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo”. “No vamos a obligar a las mujeres embarazadas, no vamos a obligar a los profesionales sanitarios… no se van a modificar los protocolos”, ha insistido el también consejero de Economía y Hacienda. No obstante, no ha explicado cómo sabrán los sanitarios y las embarazadas que tienen a su servicio esas nuevas prestaciones.

“Castilla y León tiene unos buenos servicios públicos y debemos seguir mejorándolos junto a las prestaciones del ámbito sanitario en un contexto de cumplimiento de la legislación nacional vigente, de cumplimiento de la cartera de servicios vigente y los protocolos vigentes en el caso de interrupción voluntaria del embarazo. El protagonismo corresponde a los profesionales y a las embarazadas”, ha remarcado el portavoz autonómico, dejando a criterio de Sanidad cómo “avanzar en esta cuestión”, es decir, cuándo y cómo poner los nuevos recursos a disposición de los médicos.

Entonces, ¿por qué se hizo una nota de prensa anunciando las medidas sobre el latido fetal y la ecografía 4D?, le han preguntado reiteradamente los periodistas. “Quizás deberíamos haber puesto procedimiento y no protocolo”, ha concedido el portavoz, aunque ha asegurado que la nota de prensa fue “liderada por la Consejería de Salud”. También ha sido interrogado sobre por qué permaneció callado mientras García-Gallardo hacía el anuncio y no dio entonces las explicaciones de esta mañana. “Me equivoqué, estoy dispuesto a aprender”, ha dicho. La nota de prensa, en todo caso, “sigue vigente”.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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