Castilla y León obligará a los sanitarios a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido del feto y una ecografía 4D

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas —que la ultraderecha denomina “provida”—, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica. Además, el político ha criticado la “persecución” a los sanitarios que se niegan a practicar abortos y ha dicho que en su región serán “protegidos”.

La coalición que dirige la Junta (PP y Vox) pactó en su acuerdo de gobierno trazar iniciativas de promoción de la natalidad y apoyo a las familias. El líder regional de Vox ha anunciado estas medidas después del consejo de Gobierno de este jueves y se ha referido a ellas como “negociadas y consensuadas” con Sanidad, encabezada por el consejero Alejandro Vázquez (PP). Desde la dirección del PP Nacional no quieren entrar a valorar la medida. Fuentes de Génova alegan que “no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos”, y ponen el acento en que ha sido una iniciativa promovida por Vox.

García-Gallardo ha declarado que esta normativa obligará a los profesionales sanitarios a “decirle a la mujer que tiene esas tres posibilidades [escuchar el latido fetal, el respaldo psicológico y la ecografía 4D del feto]” y ha admitido que las embarazadas podrán obrar como quieran: “No se la va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere”.

García-Gallardo ha atacado al Ejecutivo central por imponer una supuesta “lista negra” a los objetores de conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo y ha asegurado que en Castilla y León serán especialmente protegidos. El dirigente de extrema derecha ha considerado que proseguir con la gestación es una decisión “natural y propia” y se ha referido al aborto como “drama” y “tragedia social” que deja “huella en las mujeres”. El vicepresidente ha defendido su plan como una vía para que las gestantes “se sientan acompañadas y en las mejores circunstancias”.

A su lado ha comparecido el portavoz de la Junta y titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), que no ha querido cuantificar el presupuesto destinado a estas labores, pues dependerá “en gran parte” de cuánto se use, lo que hace “difícil de cuantificar” la inversión requerida. Carriedo ha explicado que “es importante dar un servicio adecuado más allá de su coste” y ofrecer así un “refuerzo” en la atención a las posibles madres. Ambos políticos han indicado que cuando alguna usuaria demande esa asistencia psicológica se le brindará una “atención preferente” y no han dado fecha concreta de entrada en vigor, pero sí que pretenden que sea temprana.

El anuncio del Ejecutivo autonómico ha provocado un aluvión de críticas por parte de políticos y colectivos médicos. Fuentes del Ministerio de Igualdad advierten de que “las medidas podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”. El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha tildado el proyecto de “machismo irredento e imposición moral del Gobierno de Vox”. “El presidente de la Junta [Alfonso Fernández Mañueco, del PP] es una maceta”, ha dicho. Para el responsable de Sanidad de UGT en el territorio, Miguel Holguín, es “indecente e insoportable tener que seguir soportando la inutilidad de medidas ideológicas más propias de HazteOir que de un gobierno serio y democrático”. Y la coordinadora de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha calificado el anuncio de García-Gallardo de “ocurrencia” y defiende que el vicepresidente de la Junta “juega con la integridad y salud de las mujeres”

El mecanismo de escucha del corazón del feto y de sus registros cardíacos, según el plan del Gobierno autonómico, será “optativo y complementario” a las tres ecografías que se efectúan normalmente. En caso de llevarse a cabo, sería entre las semanas seis y nueve de embarazo para que “antes de cualquier decisión puedan escuchar el latido de su hijo”. La medida de PP y Vox intenta que la mujer tome decisiones de forma “mucho más consciente” con la ecografía 4D que va a servir para que la embarazada observe “en tiempo real” las características del feto, con “la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado”. García-Gallardo ha detallado que este sistema sirve para calibrar el estado de salud del feto y que “permite el seguimiento de problemas como retraso del crecimiento o alteraciones en el líquido amniótico”, además de posibles riesgos para la madre en embarazos peligrosos. El alto cargo de Vox ha justificado que es esencial que “nazcan más niños” porque supone algo “fundamental para sobrevivir”.

Sobre el encaje legal de las medidas anunciadas, Nuria Amarilla, de la asociación Juristas de la Salud, considera que habrá que ver el texto del protocolo para saber hasta qué punto se ajusta a derecho. “En principio son las comunidades autónomas las que tienen que decidir qué prestaciones incluyen. Si en la aplicación de alguna forma se obstaculiza el derecho al aborto, sí podría ser ilegal. O si alguna mujer considera que se ha sentido coaccionada, podría denunciarlo. Pero por el momento solo conocemos declaraciones que puede que se queden en nada”, señala. Fuentes de la comisión de deontología de la Organización Médica Colegial, por su parte, subrayan que “es una decisión que no emana de médicos o colegios de médicos”. “No obstante”, señalan, ”los médicos que no lo compartan tienen el derecho a objetar”, informa Pablo Linde.

Las declaraciones de García-Gallardo sobre natalidad o despoblación han incluido, como hizo en verano en Zamora, achacar el descenso demográfico a la “hipersexualización de la sociedad”. También ha asegurado hace semanas que los monasterios y sedes eclesiásticas ayudan a recuperar población. “Todas las mujeres que quieran continuar con su embarazo tendrán todo el apoyo de la Junta”, ha afirmado este jueves. García-Gallardo ha proclamado que si sus políticas “son útiles para que un solo niño afectado no sea abortado” merecerá la pena el lado negativo de pertenecer a un Ejecutivo. El registro de interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León recoge que de los 2.597 casos hubo 217 que se realizaron en hospitales, siendo solo 217 (un 2,2%) en hospitales públicos, mucho menos que el 16% nacional.

Una ley nacional

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de la ley del aborto, aún pendiente de ratificación del Senado antes de aplicarse, que incluye varios cambios sobre el modelo previo. El texto incluye eliminar los tres días de reflexión, ahora obligatorios, que se les da a las mujeres que quieren abortar. Tampoco se entregará información a las gestantes sobre los recursos disponibles si deciden mantener el embarazo, aunque si ellas lo demandan sí se les proporcionará. Sobre los objetores de conciencia, cada comunidad tendrá un registro al que podrán apuntarse, por escrito y con antelación. Una vez se declaren como tales lo serán para la sanidad pública y privada.

El pasado abril entró en vigor una modificación del Código Penal que impone penas de prisión de tres meses a un año o trabajos para la comunidad hacia quienes presionen a las mujeres que quieran ejercer su derecho a abortar. Así, se penaliza a las plataformas provida que acosaban a las embarazadas con pancartas, megáfonos o panfletos frente a clínicas abortivas.