El Gobierno advierte con un requerimiento a Castilla y León que no aplique ninguna medida antiabortista

El Gobierno ha entrado de lleno en la batalla política suscitada por el anuncio de Castilla y León, el jueves, de la implantación de medidas antiabortistas en esa comunidad. El Ejecutivo ha dirigido un requerimiento oficial en la tarde de este domingo a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la autonomía en la que gobiernan por primera vez en coalición el PP y la formación ultra Vox, para que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”, según un comunicado. El Gobierno central exige así al equipo del popular Alfonso Fernández Mañueco que se paralice el protocolo, previsto para entrar en vigor este lunes, con el que se quería instar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y recibir asistencia psicológica. El Gabinete de Pedro Sánchez no descarta implementar “actuaciones jurídicas adicionales” si Castilla y León no atiende este requerimiento.

El Gobierno de España asegura en su comunicado que “utilizará todos los mecanismos” que el ordenamiento jurídico pone a su disposición “para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, y que “velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado”.

El Ministerio de Sanidad ha enviado en la tarde de este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León, en manos del PP, donde se le solicita que no apruebe ninguna medida y se le indica que, en caso de que ya se haya adoptado, “cese [de manera] inmediata de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

En concreto, el Ministerio de Sanidad requiere a la Junta que le envíe “de manera inmediata” los “protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales” que entran en vigor, según anunció el consejero de Sanidad castellano y leonés, este lunes.

El presidente de la comunidad y la Consejería de Sanidad han respondido al requerimiento asegurando que el protocolo de Castilla y León no limita los derechos de las mujeres. En un comunicado, la consejería señala que enviará este lunes una contestación al ministerio, en el que instará a este a que “se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias”, y añade que no cabe que comunique de manera inmediata a los ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias, tal y como le insta a hacer el departamento que dirige Carolina Darias. La consejería se reserva emprender posibles actuaciones jurídicas contra la medida del Ministerio de Sanidad.

El Ejecutivo apunta también que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia —dirigidos por ministros socialistas— están “en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, ha señalado en Twitter que el Gobierno de coalición “tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables” y enfatiza que llevarán a cabo “todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma (...) que va contra el derecho al aborto”. “Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito”, ha añadido. También se ha manifestado otra titular de UP del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha tuiteado que desde el Gabinete de coalición se hace “un requerimiento al Gobierno de Castilla y León para defender el derecho al aborto”. En una línea similar a Díaz, Montero manifiesta: “No dudaremos en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Aborto seguro, libre y gratuito para todas”. Desde el lado socialista del Ejecutivo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha apelado al PP: “Mientras [Alberto Núñez] Feijóo se pliega a la ultraderecha, nosotros defenderemos los derechos de las mujeres”.

La Moncloa señala que no descarta implementar “actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”. En concreto, apuntan la posibilidad de que el protocolo de la comunidad puede extralimitar “las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma”.

El sábado, en la apertura de la precampaña del PSOE para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió en un acto en Sevilla contra esas medidas antiabortistas y, sin concretar más, aseguró que su partido les haría frente: “Después de lo que estamos viendo en Castilla y León, con la coalición del miedo, con el PSOE no habrá ni un solo retroceso”. Sánchez aprovechó para remarcar que su Gobierno y sus políticas están muy volcados en reformas feministas, un colectivo de gran interés para los socialistas ante las próximas elecciones.

El Ejecutivo central advierte ahora, de manera oficial, contra las medidas antiabortistas de la comunidad, que en teoría tenían que entrar en vigor en unas horas de cumplirse lo anunciado por la Consejería de Sanidad, y que han suscitado un aluvión de críticas por su posible vulneración del derecho a la salud sexual de las mujeres.

Las medidas fueron anunciadas el jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, que las calificó como “provida”. García-Gallardo apuntó a que incluían la obligación de que los sanitarios de su comunidad ofrezcan tres opciones a las embarazadas que tengan intención de abortar: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D (de imagen en movimiento) y un apoyo a la atención psicológica. García-Gallardo criticó el “drama social” del aborto y defendió estas medidas para que las mujeres tomen decisiones “mucho más conscientes”.

El viernes por la noche, sin embargo, el consejero de Sanidad, el popular Alejandro Vázquez Ramos, señaló que, al contrario de lo anunciado por Vox, las medidas no serán de obligado cumplimiento por los médicos, sino que la Junta los instará a que las ofrezcan a las mujeres. El consejero precisó que el protocolo entrará en vigor este lunes. El sábado, tras dos días sin pronunciarse, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), negó que los cambios en el protocolo para las embarazadas tengan un propósito antiabortista y aseguró que buscaban “fomentar la natalidad”.

Mientras, el PP nacional se ha desmarcado de la polémica y en un primer momento distintos dirigentes populares del entorno de Alberto Núñez Feijóo llegaron a asegurar que no respaldaban la medida y que no se pondría en marcha. En el equipo de Feijóo precisaron más tarde sobre el acuerdo pactado con la formación ultra sobre el aborto que “quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno de Castilla y León” y se remitieron a este lunes para conocer en su integridad el nuevo protocolo médico.