Castilla y León responde al Gobierno que el protocolo no limita los derechos de las mujeres y lo acusa de vulnerar su autonomía

El presidente de Castilla y León ha respondido por medio de Twitter al Gobierno, que este domingo ha instado a la Consejería de Sanidad de esa comunidad a que paralice el protocolo antiabortista anunciado la semana pasada. Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que la Junta que preside “no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios”.

“La Junta de Castilla y León no ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios”, ha escrito el dirigente, que mantiene su línea de que las medidas del protocolo no tienen afán antiabortista, sino que busca ofrecer más ayuda para las gestantes, quieran o no interrumpir su embarazo. Tanto él como su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han reiterado desde el inicio de esta controversia que el propósito de sus medidas es brindar más servicios para las mujeres que voluntariamente pidan esas opciones, siempre bajo prescripción médica. Gallardo, el jueves, sí incidió en que esas medidas, que el PP considera “para fomentar la natalidad”, harían que “valiese la pena” todo el desgaste de pertenecer a un Gobierno si con ellas logran “salvar una vida”. El alto cargo también definió al aborto como “drama social” y esgrimió que esas atenciones, como la asistencia psicológica específica, podrían servir para que las mujeres tomaran decisiones de forma “mucho más consciente”.

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Declaraciones de García-Gallardo sobre las medidas 'provida'

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), admitió este viernes que este lunes la instrucción entrará en vigor y que los sanitarios serían quienes decidieran si ofrecen esas medidas a las embarazadas. Vázquez reconoció, además, que alguno de estos protocolos no tenía “mucho sentido” en la fase del embarazo en que se ofrecen.

Mañueco ha evitado este domingo aludir a Vox y también ha cargado contra el Ejecutivo central, pues lo ha acusado de “mentir” y utilizar esta polémica para opacar la ley conocida como del “solo sí es sí”, que está provocando algunas reducciones de condena a agresores sexuales. “El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí' que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales”, ha tuiteado.

El dirigente responde al requerimiento, emitido desde el Ministerio de Sanidad a la consejería de ese ramo, señalando que la ministra, Carolina Darias, está al corriente de que el protocolo, en su opinión, no limita los derechos de las mujeres. “La ministra de Sanidad [Carolina Darias] conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social”, ha zanjado Mañueco para valorar la alarma y las quejas del Gobierno estatal.

También la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha respondido al Gobierno asegurando que “no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”. El comunicado llega apenas dos horas después del requerimiento del Gobierno a la Junta para que detuviese la entrada en vigor de su protocolo antiabortista y también amenazara con “actuaciones jurídicas” si el Gobierno de PP y Vox mantenía esta medida. El mensaje de la Junta reitera que las iniciativas buscan prestar un mejor servicio a las embarazadas, que no tienen objetivo antiabortista y que se conservarán los derechos de las mujeres.

La Junta de Castilla y León ha insistido como respuesta a la advertencia del Gobierno que sus medidas son “de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia” y que se basarán siempre en “el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios”. El mando autonómico sostiene que se asegurará que las embarazadas podrán elegir voluntariamente, en todo momento “bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas”. El mensaje emitido define a la comunidad como “pionera” en el respeto a las legislaciones y lamenta la “falta de diálogo” del Ejecutivo central. La Junta insiste en que defenderá “la libertad y el derecho de las mujeres” y que “coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de Sanidad”, reivindicando así la ejecución de las competencias que dispone la coalición PP-Vox.

Castilla y León, mediante este comunicado, da a conocer que este lunes responderá al Gobierno y que a su vez va a solicitar “que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias”, y acusan al Gobierno de haber actuado “al simple amparo de noticias en medios de comunicación”. Asimismo, destaca que la Junta tiene autonomía para aprobar protocolos que aporten “mejoras” a la atención de las mujeres. También niegan que el Gobierno tenga potestad para que los mandos autonómicos les remitan sus políticas.

La respuesta de Castilla y León llega después del aviso del Gobierno, que este domingo por la tarde ha pedido a la comunidad que “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa” respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”. El Ejecutivo central ha reiterado sus críticas a la iniciativa impulsada por la extrema derecha, de la que el PP de la comunidad autónoma se ha intentado desmarcar, pero ha admitido que este lunes debe entrar en vigor, tal y como señaló el consejero de Sanidad el viernes.

El vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo (Vox), ha respondido en redes sociales al comunicado del Ejecutivo: “El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás”. García-Gallardo aseguró el jueves que sería “imperativo” que los facultativos ofreciesen esas opciones a las mujeres, si bien el área de Sanidad rebajó luego la intensidad y matizó que no será obligatorio, pero que se instará a los sanitarios a que se lo sugieran a las gestantes. El dirigente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tardó 48 horas en dar su parecer y lo hizo para insistir en que no hay afán “antiabortista” en el protocolo, sino que busca el bienestar de las mujeres con respeto a “los derechos de las mujeres”.

El vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo (Vox), ha respondido en redes sociales al comunicado del Ejecutivo: “El Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo. Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás”. García-Gallardo aseguró el jueves que sería “imperativo” que los facultativos ofreciesen esas opciones a las mujeres, si bien el área de Sanidad rebajó luego la intensidad y matizó que no será obligatorio, pero que se instará a los sanitarios a que se lo sugieran a las gestantes. El dirigente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tardó 48 horas en dar su parecer y lo hizo para insistir en que no hay afán “antiabortista” en el protocolo, sino que busca el bienestar de las mujeres con respeto a “los derechos de las mujeres y los médicos”.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha tildado a PP y Vox de “la coalición del miedo” y ha reclamado que la Junta “tiene que paralizar de forma inmediata cualquier protocolo que restrinja el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si así lo deciden”. Tudanca ha añadido que no van a permitir “que se retroceda décadas en derechos que han costado mucho conquistar”. “Mañueco no puede, en esta huida hacia adelante, declararse en rebeldía y negar la evidencia. El anuncio se hizo tras un consejo de Gobierno, con su portavoz sentado al lado de García-Gallardo, con el consejero de Sanidad respaldando las medias”, ha sostenido el líder socialista.

Los colectivos feministas, el Ministerio de Igualdad y múltiples ministros de la coalición PSOE-Unidas Podemos han censurado este protocolo porque entienden que añade presión sobre las mujeres que han tomado una decisión tan importante como la de interrumpir su embarazo, un derecho reconocido y cuya ley tiene recurrida el PP en el Tribunal Constitucional desde 2010. La extrema derecha de Vox tiene entre sus principales líneas ideológicas la oposición al aborto.