Caos y ruido por el ‘protocolo fantasma’ en Castilla y León

“Todo es ruido”, dice José Manuel Muñoz, el gerente de Ginemédica, la clínica para la interrupción voluntaria del embarazo que se ocupa de siete de cada diez abortos en Castilla y León. Habla del protocolo que el ultraderechista Juan García-Gallardo, vicepresidente autonómico, anunció el pasado jueves para las mujeres que decidan abortar, y que consistía en obligar a los médicos a ofrecerles escuchar el latido fetal y ver una ecografía en 4D (en la que el feto se ve de forma más nítida). Esa instrucción, que en principio iba a entrar en vigor este lunes, no ha sido publicada en el boletín oficial de la región, los profesionales del sistema sanitario público aún no la han recibido, la Consejería de Sanidad responde con el silencio a la petición de ese documento, el Gobierno regional tampoco lo envía y ni sindicatos ni organizaciones saben nada de él.

No solo nadie lo conoce, sino que es dudosa la factibilidad y la legalidad de la propuesta según expertos y juristas, y lleva cuatro días cambiando según quién hable de ella. Vox lo anunció como obligatorio, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, dijo el viernes que se “instaría” a los médicos a practicarlo, y este lunes ya no era ni una cosa ni otra. “No se obligará a nada a los médicos, ni se obligará a las mujeres embarazadas a nada […] Tengo claro que alterar este orden puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres embarazadas y, por tanto, la Junta no las va a promover ni a amparar”, apuntó en comparecencia sin preguntas este lunes el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco.

En su casa, en Valladolid, Nina Infante, del Foro de Política Feminista de Castilla y León, lo veía por televisión mientras buscaba su cartilla del Servicio Social del franquismo: “Es más una sensación que algo palpable, pero es la misma que en el franquismo, cuando nos obligaban a cumplir con el servicio y tenías que hacer seis meses para que te dieran la cartilla, una especie de servicio militar pero para aprender a hacer cosas de mujeres, cuando las mujeres estaban para tener hijos y cuidar de la casa y de la familia”, cuenta levantando las cejas. “Prepárate para el hogar y para tu ayuda desinteresada a la sociedad”, se lee en la última página de ese librito que sujeta Infante.

Infante ha cumplido ya 76 años y hace no mucho le quemaron el buzón y el timbre. Lleva más de tres décadas en el movimiento feminista desde distintas asociaciones y el último cuarto de siglo en el Foro de Política Feminista de Castilla y León. No cree que esta región sea distinta al resto en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque sí la distingue la entrada de Vox al Gobierno autonómico. Ni a ella ni a Cristina G. Magán, también del Foro y sentada frente a ella, les sorprendió el anuncio.

“Llevan años hablando de la ideología de género, de violencia intrafamiliar y tergiversando la violencia machista. Los derechos y los avances en los derechos de las mujeres son cuestiones más que anunciadas que esta gente quiere cercenar”, comentan ambas. Infante afirma que Castilla y León está sirviendo de “laboratorio” en el que “prueban” a provocar “grietas aquí y allí para ir restando”. “Incluso cuando lo que proponen no se puede hacer, porque esto no se puede hacer”, matiza Magán.

La sociedad científica competente, la de ginecología y obstetricia, se pronunció la tarde de este lunes en un comunicado en el que cargaba contra la iniciativa antiabortista de Vox y consideraba discriminatorias y no exentas de riesgos las propuestas que contempla.

En la realidad, en la práctica del día a día, nada va a cambiar por el momento en Castilla y León. Si no se modifica nada, el proceso será como el actual. Cualquier mujer mayor de 18 años puede abortar libremente hasta la semana 14, con dos requisitos que la reforma de la ley del aborto, en trámite ahora, quiere eliminar: los tres días de reflexión y la recepción de un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Y si no se modifica nada, la mayoría de esas mujeres interrumpirá su embarazo en una clínica privada, porque en esa región, como en toda España, la práctica totalidad de los abortos se practican en centros privados, a los que no afectaría en ningún caso el anuncio del Ejecutivo autonómico.

En total, de las 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo (IVES) que se notificaron en 2021 en España, 76.064 fueron en centros privados. De los datos de Castilla y León habla Muñoz, el gerente de Ginemédica, donde tuvieron lugar el 70,43% de las intervenciones de la región en 2021: “En el ámbito público, en 2021 se realizaron un total de 60 intervenciones, lo que supone un 2,31% sobre el total [2.597]”. El resto se practicaron “o bien en cualquiera de las otras dos clínicas autorizadas para la IVE en Castilla y León ubicadas en Salamanca y en León, o bien, como en el caso de las pacientes derivadas por la gerencia de Soria, en una clínica ubicada en Madrid”.

Los números de Muñoz salen de la estadística regional y del último informe de Sanidad, con datos correspondientes a 2021, que colocan a Castilla y León como una de las regiones con las tasas más bajas de aborto en España, con 7,7 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. Por debajo están Extremadura (7,10), La Rioja (6,17), Galicia (5,37) y Ceuta y Melilla (1,79). En más de la mitad de las ocasiones (1.565), el primer lugar al que las mujeres acudieron para informarse fue un centro público; y la práctica totalidad de ellas, 2.412 de las 2.597 que abortaron en 2021 en la región, lo hicieron dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (1.710 en la octava semana o antes y 702 entre la semana nueve y la 14).

¿Qué implicaciones reales tiene entonces esta medida? Según Muñoz, aunque es “muy difícil establecer una relación causa-efecto de carácter genérico, [las implicaciones] serían negativas”. Las propuestas que puso sobre la mesa Gallardo “no tienen otro objetivo que coartar la libertad de decisión de la mujer, decisión que en ningún caso es fácil de tomar, por lo que la mujer, una vez tomada, solo necesita de medidas de apoyo y respeto que le faciliten llevar a cabo su determinación libremente tomada, principios que sin duda quedan conculcados por la instrucción”.

“¿Quieren proponer medidas de ayuda a la natalidad, garantizar la maternidad? Pues que den apoyo económico a las madres y educación sexual para todos, acompañamiento social y económico”, dicen Yolanda Martín y María Luisa López Municio, de la comisión permanente de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, una sentada frente a la otra. “Llevamos 40 años con un gobierno del PP en las Cortes y con la entrada de Vox se está dando una explosión de intentar recortar en derechos de las mujeres”, dice Martín.

“Quieren recuperar la tutela de las mujeres, que era algo muy del franquismo, culpabilizarlas de las decisiones que tomen, responsabilizarlas de todo aquello que tenga que ver con la cuestión reproductiva y la natalidad”, añade López. “Pero todo”, sigue, “son brindis al sol para crear un clima ideológico que crispe, que confronte y que polarice, y eso no tiene nada que ver con hacer políticas públicas para luchar contra la despoblación o la baja natalidad”.

A muchos kilómetros de Valladolid, en Canarias, Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, comparte cada palabra: “Una vez más, se nos vuelve a recordar que estos derechos no son eternos y que dependerán de quiénes estén en el poder, y nosotras tenemos que recordar que cuando una mujer ha decidido abortar, lo va a hacer, y que la cuestión es en qué condiciones y con qué garantías lo hace”.