La ministra de Sanidad, sobre el plan antiabortista de Castilla y León: “No vamos a permitir ningún retroceso”

Las medidas para reducir los abortos que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha presentado este jueves han causado un terremoto político ante lo que se ha entendido como una amenaza de retroceso en los derechos de las mujeres. La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, ha sido clara: “Este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país”, ha declarado a EL PAÍS.

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Declaraciones de García-Gallardo sobre las medidas 'provida'

García-Gallardo anunció que el Gobierno autonómico impondrá a los sanitarios la obligación de ofrecer tres opciones a las embarazadas que acudan a abortar: escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica. A la espera de conocer el detalle de la letra de las medidas que anunció este jueves el Ejecutivo autonómico, la coordinadora de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, consideró que “juegan con la integridad y salud de las mujeres”.

Posteriormente, este viernes, el PSOE ha emitido un rotundo comunicado rechazando la medida, que “puede suponer la institucionalización en la sanidad pública de medidas que coaccionarían y limitarían la libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos”. “Recientemente, España ha aprobado una reforma del Código Penal para penalizar el acoso que sufren las mujeres en las puertas de las clínicas que impulsó el PSOE. Es fácilmente observable que las medidas antiabortistas anunciadas por la Junta de Castilla y León [...] tienen como objetivo introducir dentro del sistema de sanitario público el control y el hostigamiento que antes se producía en los alrededores de los centros sanitarios”, señala el escrito.

La justificación que García-Gallardo dio para estas medidas es la de crear una vía para que las gestantes “se sientan acompañadas y en las mejores circunstancias”. Insistió en que será una oferta: que no se obligará a las mujeres a escuchar el latido del corazón del feto, o a una ecografía 4D, si no lo desean. Y aseguró que estas medidas, anunciadas después del Consejo de Gobierno y derivadas de un acuerdo de coalición con el PP en el que se pactó trazar iniciativas de promoción de la natalidad y apoyo a las familias, han sido “negociadas y consensuadas” con la Consejería de Sanidad, encabezada por el popular Alejandro Vázquez.

Desde la dirección del PP nacional no quisieron este jueves entrar a valorar la medida. Fuentes de Génova alegan que “no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos”, y ponen el acento en que ha sido una iniciativa promovida por Vox.

Pero no tardaron en oírse voces desde el Ejecutivo señalando la responsabilidad del PP, que gobierna en coalición con la ultraderecha en Castilla y León. “Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP”, escribió en su cuenta de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos). Fuentes de su ministerio advirtieron de que “las medidas podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”.

Desde Ciudadanos, el procurador de las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente autonómico Francisco Igea tildó el proyecto de “machismo irredento e imposición moral del Gobierno de Vox”. En un escrito que registró en las Cortes, el también médico de profesión y portavoz de la formación en la comunidad recordó que ni la ecografía 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados “por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia” de la comunidad. Igea arremete también, en una entrevista con EL PAÍS, contra el líder del PP: “El responsable máximo de las medidas antiabortivas es Feijóo”.

El Ejecutivo autonómico explicó que el mecanismo de escucha del corazón del feto y de sus registros cardíacos será “optativo y complementario” a las tres ecografías que se efectúan normalmente. Se llevaría a cabo entre las semanas seis y nueve de embarazo para que “antes de cualquier decisión puedan escuchar el latido de su hijo”, explicó García-Gallardo. La medida busca que la mujer embarazada tome decisiones de forma “mucho más consciente” y observe “en tiempo real” las características del feto, con “la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado”. García-Gallardo, que compareció junto al portavoz de la Junta y titular de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), no dio una fecha concreta para la entrada en vigor del protocolo, pero indicó que pretenden que sea temprana.

Un protocolo de dudosa legalidad

El anuncio de García-Gallardo se limita a una rueda de prensa y una nota: no está desarrollado en detalle, no se conoce el protocolo exacto, cómo se aplicarán las medidas anunciadas, el presupuesto asociado a ellas o quiénes serán los encargados de ofrecer y realizar las pruebas que se ofertan. A falta de conocer el detalle, ya hay expertos que dudan de su encaje jurídico. Nuria Amarilla, de la asociación Juristas de la Salud, considera que habrá que ver el texto del protocolo para saber hasta qué punto se ajusta a derecho. “En principio son las comunidades autónomas las que tienen que decidir qué prestaciones incluyen. Si en la aplicación de alguna forma se obstaculiza el derecho al aborto, sí podría ser ilegal. O si alguna mujer considera que se ha sentido coaccionada, podría denunciarlo. Pero por el momento solo conocemos declaraciones que puede que se queden en nada”, señala.

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), sostiene que estas medidas podrían estar violando tanto la ley de autonomía del paciente como la de salud sexual y reproductiva. “Esta última deja claro que la mujer puede interrumpir libremente el embarazo hasta las 14 semanas sin dar explicaciones de ningún tipo. Por supuesto, la mujer puede tener acceso a todas las pruebas que les correspondan y a ayuda psicosocial si ella quiere, pero ofrecerle esto lo único que consigue es culpabilizarla y hacerla sufrir”, asegura.

En su opinión, las medidas anunciadas son “coercitivas” y no sirven para reducir el número de abortos: “Lo que se hace es estigmatizar a las mujeres, no evitar el aborto, que no se previene con medidas estigmatizadoras que generan más sufrimiento, sino con un acceso universal a anticonceptivos y una adecuada educación sexual y reproductiva”. Considera que no se puede obligar a los sanitarios a ofrecer estas pruebas, porque su labor es informar sobre la prestación sanitaria de la interrupción del embarazo. Fuentes de la comisión de deontología de la Organización Médica Colegial (OMC) aseguran que si un médico considera que no deben hacerlo, están en su derecho a objetar.

Francisca García entiende que, en todo caso, quien tendría que encargarse serían los centros que derivan a las pacientes, no las clínicas que realizan los abortos. “A ellas las mujeres ya llegan con la decisión tomada junto a su entorno cercano y no tienen que explicarnos motivos; nosotros simplemente tenemos que acompañarlas y apoyarlas en su decisión”, sostiene.

Y son, precisamente, las clínicas privadas, las que acaban practicando la gran mayoría de abortos. Según el último anuario sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo del Ministerio de Sanidad (2021), en Castilla y León solo había un centro público que realizase esta prestación, por cuatro privados. La gran mayoría (97,6%) se practicaron en estos últimos, por encima de la media nacional (84,4%).

Nueva ley del aborto

Esta es una realidad que quiere cambiar la nueva ley del aborto, aprobada el pasado 15 de diciembre en el Congreso, pero que todavía no ha entrado en vigor. Lo que trata de posibilitar esta norma es que las interrupciones del embarazo se realicen en centros públicos, salvo casos muy excepcionales, justo lo contrario de lo que sucede ahora.

Las otras grandes novedades que traerá aparejado el nuevo texto es que las adolescentes de 16 y 17 años puedan decidir abortar de forma autónoma, así como la eliminación de los tres días de reflexión que por ley tenían que esperar las mujeres para finalizar con su embarazo, y la supresión de la entrega de un sobre con información sobre ayudas a la maternidad.

Con estas últimas medidas, el Gobierno pretende, precisamente, que las mujeres no se sientan coaccionadas ni influenciadas en la decisión de interrumpir su embarazo. Es justo lo contrario de lo que alertan voces como la de Francisca García respecto a la medida que Vox quiere imponer en Castilla y León.

Con información de Virginia Martínez y Juan Navarro.