Mañueco dice ahora que no se instará a los médicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar pruebas que no pidan: “Puede ser coacción”
El boletín oficial de la Junta no ha publicado la polémica instrucción, que la ministra Carolina Darias afirma que está dispuesta a llevar hasta el Constitucional. “No se obligará a las embarazadas ni a los médicos a nada”, afirma el presidente autonómico
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado esta mañana que su Gobierno vaya a adoptar ningún protocolo de actuación con las mujeres embarazadas que “pueda suponer coacciones directas” a aquellas que hayan decidido abortar, por lo que “no se obligará a nada a los médicos, ni se obligará a las mujeres embarazadas a nada”; es decir, ni deberán oír el latido fetal ni someterse a una ecografía anticipada en 4D, como dijo el jueves su vicepresidente y aliado de Vox, Juan García-Gallardo. “Ni hemos contemplado ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni vamos a aceptar que el Gobierno utilice a las mujeres para hacer política”, ha dicho en una comparecencia institucional en Valladolid, en lo que supone una desautorización de los planes que el jueves anunció el vicepresidente regional y a una corrección a su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP). Mañueco ha dicho que los médicos no harán ninguna oferta previa a la mujer y que los servicios de latido y ecografía solo se ofrecerán si la paciente lo solicita expresamente, y no antes. “Tengo claro que alterar este orden puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres embarazadas y, por tanto, la Junta nos las va a promover ni a amparar”, ha dicho.
En principio, el Gobierno de Castilla y León, donde PP y Vox son aliados, tenía previsto poner en marcha este lunes el protocolo con el que pretende reducir los abortos en la región, aunque de momento se ignora el contenido y la fuerza legal de las medidas, ya que no han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes ni enviadas a ninguno de los hospitales consultados esta mañana en León, Burgos y Valladolid. Las medidas antiabortistas anunciadas por el ultra García-Gallardo llevaron al Gobierno central a dirigir un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad para que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que incumpla la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido esta mañana de que llegará hasta el final para detener “esta tropelía” y en la defensa del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo sin coacciones, lo que incluye recurrir las medidas ante el Tribunal Constitucional.
El vicepresidente autonómico ha defendido este lunes el protocolo, pero ha matizado que lo que será obligatorio no será el aplicar las medidas: “Lo que será obligatorio es la posibilidad de ofrecer información” sobre el latido fetal y la ecografía 4D. Horas después, Mañueco ha negado la obligatoriedad de las medidas, ni para los médicos ni para las mujeres. Así, desautoriza a su segundo, de Vox, que esta mañana se ha corregido a sí mismo, y a su consejero, quien dijo que se cursaría una instrucción para instar a los médicos a que ofrezcan estos servicios sanitarios. Lo ha hecho en un formato sin preguntas, en forma de comparecencia institucional. “No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico”, ha explicado Fernández Mañueco, quien ha añadido: “Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y, por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar”.
Semper: el PP desaprueba el protocolo
La dirección nacional del PP ha esperado a que Mañueco compareciera y, poco después, el nuevo portavoz, Borja Sémper, ha salido en rueda de prensa en la calle de Génova para dar por zanjada la polémica, informa Elsa García de Blas. Sémper ha hecho énfasis en que Mañueco “ha dicho que en ningún caso la Junta de Castilla y León va a actualizar protocolo alguno” y ha insistido en que, por tanto, “no cambia ningún protocolo”. El portavoz de Feijóo ha sido además muy crítico con la actuación del Gobierno de Castilla y León con este asunto. “Los Gobiernos tienen que intentar serenar la política de un país, y tienen que ser responsables y sensatos. Lo que hemos tenido que ver en Castilla y León no es eso, así que nuestra valoración no puede ser positiva”, ha manifestado de forma contundente.
Sémper ha dejado claro que la dirección nacional del PP desaprueba lo que ha ocurrido con el protocolo antiabortista, a pesar de que, al principio, nada más anunciarse las medidas la semana pasada, Génova se quitó de en medio diciendo que tenía que ser el Gobierno castellanoleonés el que diera explicaciones. Este lunes, sin embargo, la cúpula del PP ha sido taxativa. “La polémica en Castilla y León nunca se debería haber producido”, ha enfatizado Sémper. “Es una polémica que ha afectado fundamentalmente a las mujeres. Ha generado una polémica artificial que para Vox y para Sánchez ha sido positiva, para la política española no. Utilizar algo tan sensible para obtener algún tipo de rentabilidad partidista es algo que no compartimos”, se ha quejado y ha calificado al partido de extrema derecha de “chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos”.
El nuevo protocolo antiabortista de Castilla y León no se conoce, ni su fuerza legal ni se sabe ni cómo ni cuándo se aplicará, en caso de que finalmente exista. De hecho, el presidente regional ha dicho esta mañana que nada cambia. Esta mañana aún no se había recibido ningún protocolo, instrucción u orden alguna sobre este asunto ni en los servicios de atención primaria ni a los hospitales de León, Valladolid o Burgos ni en ninguno de los servicios de ginecología de estas capitales, informa Juan Navarro.
Tal y como contó García-Gallardo, entre las medidas “provida” que anunció también se incluye el derivar a los servicios de salud mental a las mujeres embarazadas “que lo requieran”, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar. Esta mañana ha insistido en la plena vigencia de las medidas anunciadas, pero no publicadas; ha remachado que no le corresponde a él lanzar la instrucción a la sanidad regional, sino a la Consejería de Salud, y ha subrayado que todo es fruto de un pacto PP-Vox en el Gobierno autónomo: “Yo lo que tengo es un acuerdo en el seno del Gobierno y por escrito”, ha dicho a sus aliados populares, que desde el jueves intentan desmarcarse de la polémica.
La ministra de Sanidad se ha comprometido esta mañana a combatir con todos los medios legales a su alcance estas medidas limitativas de la ley del aborto. “No se puede ir contra la evidencia clínica”, ha dicho la Darias durante una entrevista en la SER. Y ha negado conocer el contenido del protocolo ni que se lo hubiese remitido el Ejecutivo de Castilla y León junto con la respuesta al requerimiento de La Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a llegar hasta el final en defensa de los derechos de las mujeres, lo que incluye llevar las medidas al Tribunal Constitucional. Desde la máxima serenidad y la máxima contundencia quiero dejar claro que no vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres. ¿Dónde está [Alberto Núñez] Feijóo?”, se ha preguntado sobre el líder del PP.
Los populares están intentando que no les afecte la polémica de su socio en Castilla y León y sostén en otras comunidades, aunque las medidas antiabortistas de Vox los han pillado a contrapié. La estrategia que ha adoptado la cúpula del PP es ignorar a Vox y propuestas como la del aborto, que se inspiran y copian la nueva legislación contra el aborto del primer ministro húngaro Viktor Orbán, expulsado del Grupo Popular europeo por su deriva antidemocrática y uno de los principales aliados europeos de Santiago Abascal.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la “improvisación” del vicepresidente de Castilla y León, del que ha dicho que busca “un conflicto interno del gobierno en un asunto que ni siquiera tiene competencias”, ha dicho durante un encuentro informativo organizado por El Mundo y Expansión. “Una improvisación de estas características es innecesaria”, ha ampliado su crítica. “¿Qué necesidad hay de provocar todo esto y alimentar lo que el Gobierno [central] está buscando, señuelos, acorralar, decir que vuelve la extrema derecha?”, se ha preguntado. “Es una torpeza”, ha concluido.
La medida de Castilla y León fue contestada el domingo por el Gobierno, que instó a la Junta a paralizarlo mediante requerimiento. El citado requerimiento, a su vez, fue contestado ayer por la tarde por el Gobierno autónomo, que aseguraba que el protocolo de Castilla y León no limita los derechos de las mujeres. En un comunicado, la consejería señalaba que enviaría este lunes una contestación al ministerio y anunciaba que se reservaba emprender posibles actuaciones jurídicas contra la medida del Ministerio de Sanidad. Esta mañana García-Gallardo ha dicho que la exigencia gubernamental es “una sobreactuación del Gobierno para tapar su fracaso al haber dejado en la calle a cientos de agresores sexuales”, ha dicho en referencia a la ley del sí es sí, pero con un dato erróneo: se han revisado a la baja más de 150 sentencias, lo que ha propiciado que dejasen de cumplir condena por cumplimiento adelantado una veintena de agresores.
Patricia Guasp, portavoz política de Cs, ha dicho sobre las medidas de Castilla y León: “Los populismos vuelven a marcar la agenda política exponiendo temas superados. La Administración no puede intervenir los derechos y las libertades de las mujeres. No estamos de acuerdo con que ese servicio se tenga que poner en marcha. No hay medida más liberticida, como liberales no podemos estar de acuerdo”, ha afirmado Guasp tras la primera reunión de la ejecutiva permanente. Fuentes de la dirección critican, no obstante, el “uso político” que La Moncloa está llevando a cabo para “confrontar” al Ejecutivo autonómico, informa Virginia Martínez. “Acuden al Tribunal Constitucional cuando les interesa”, sentencian. Por su parte, el exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido este lunes el cese del vicepresidente, Juan García-Gallardo, y del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Desde la dirección nacional prefieren esperar a la comparecencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para apoyar las demandas de Igea.
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