Los ginecólogos españoles cargan contra la iniciativa antiabortista de Vox en Castilla y León

La iniciativa antiabortista lanzada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de la formación ultraderechista Vox, que gobierna en coalición con el PP, se ha topado con el rechazo de los ginecólogos españoles. En un comunicado publicado a primera hora de la tarde de este lunes, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha cargado contra la propuesta, anunciada el jueves por Gallardo, de obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas que estén pensando en interrumpir el embarazo una ecografía anticipada en 4D (que permite una visión más nítida del feto) y oír el latido fetal.

La sociedad científica, que asegura “no tener constancia de este nuevo procedimiento más que por las informaciones de los medios de comunicación”, sostiene que la medida es discriminatoria y no está libre de riesgos. Este lunes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha rectificado a su vicepresidente y ha asegurado que ni se obligará ni se instará (verbo que utilizó su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, también del PP, el viernes en declaraciones a este periódico) a los médicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar pruebas diagnósticas que no pidan.

“El derecho de la mujer a acogerse a la ley de la interrupción legal del embarazo (ILE) y los requerimientos al respecto están regulados legalmente. Nuestro máximo respeto a la legislación vigente y nuestro máximo respeto a las mujeres que se encuentran en esa situación”, sostienen los especialistas.

La SEGO recuerda que “las prestaciones a la mujer gestante en el sistema público de salud, independientemente de la decisión de la gestante sobre la continuidad de su embarazo, vienen recogidas en los protocolos asistenciales”, que deben ser acordes “a las recomendaciones de las sociedades científicas”. Estos protocolos “no establecen diferencias en la atención inicial a la mujer gestante, asegurando de esta manera la equidad e igualdad en su asistencia, personalizándola y adaptándola posteriormente a la complejidad de cada caso”.

Fuentes de la sociedad explican que “ni existe ni puede existir ninguna diferencia en la atención médica que reciben las mujeres embarazadas, independientemente de que estén pensando o hayan decidido acogerse a la ley de ILE, porque supondría una diferenciación éticamente inaceptable”.

El comunicado también alerta de que las ecografías 4D “no forman parte de la sistemática asistencial, ni puede encontrarse recomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales”.

Respecto al latido fetal, los ginecólogos recuerdan que las guías clínicas establecen que “en fase embrionaria [hasta la semana diez y seis días] se recomienda que la evaluación ecográfica del latido sea preferiblemente de manera visual” y que las ecografías Doppler “no deben ser utilizadas rutinariamente”. En periodo fetal, hasta la semana 13 y seis días, este instrumental sí puede ser utilizado de forma más habitual, pero siempre que esté justificado “para ciertas indicaciones clínicas, como el cribado de trisomías y anomalías cardiacas”.

“En definitiva”, sigue el comunicado, “existe consenso en hacer un uso prudente del Doppler durante el primer trimestre de la gestación por los potenciales efectos térmicos y/o mecánicos indeseables sobre el embrión”. Las fuentes consultadas destacan que “es paradójico que una propuesta que pretende hacerse pasar como defensora del embrión contemple actos médicos que pueden resultar perjudiciales para él”.

El comunicado de la SEGO concluye pidiendo a la Junta que no siga adelante con los planes anunciados por Vox: “Por todo lo anteriormente expuesto, y en el caso de que se confirmen las medidas que han sido anunciadas por los medios de comunicación y de las que no tenemos constancia directa, creemos que la Comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”.