El derecho al aborto

El embrollo en el que se encuentra el Gobierno de Castilla y León a raíz de las medidas antiaborto anunciadas el jueves por el vicepresidente de la Junta y dirigente regional de Vox, Juan García-Gallardo, en presencia del portavoz de Gobierno y consejero del PP, Carlos Fernández Carriedo, pone de manifiesto el peligro que la agenda política de la ultraderecha representa para la libertad de las mujeres. Por más que la Consejería de Sanidad intentara el viernes rectificar en parte el anuncio del día anterior, en las hemerotecas quedan las palabras exactas con las que el vicepresidente expuso el paquete de medidas, según él “consensuadas” con el PP, para evitar abortos. Incluye la obligación de ofrecer ayuda psicológica a las embarazadas, la posibilidad de escuchar el latido del corazón del feto y de ver una ecografía en 4D. El vicepresidente precisó que sería “imperativo” para los facultativos, aunque las embarazadas podrían rechazarlos.

La mera oferta supone tratar a las mujeres como menores de edad y es de una crueldad pasmosa, pues culpabiliza a las embarazadas que quieren abortar y añade sufrimiento psicológico a una decisión siempre dolorosa y compleja. Ante el silencio del portavoz del Ejecutivo, del PP, García-Gallardo anunció que si estas medidas servían para evitar que un niño sea abortado, “las consecuencias negativas de participar en un Gobierno habrán merecido la pena”. Este planteamiento es un retroceso grave, pero también una injerencia intolerable no solo en la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su embarazo, sino también una injerencia en el ejercicio de la profesión médica y su capacidad de decidir de acuerdo con criterios científicos y profesionales. Escuchar el latido del corazón no forma parte de ningún requerimiento sanitario y obligar a ofrecerlo implica la instrumentalización de los profesionales para llevar a cabo una actuación que solo obedece a motivaciones religiosas e ideológicas.

El mero ofrecimiento supone una coacción inaceptable para las mujeres que deciden abortar y bordea el ensañamiento sin la menor comprensión ante la dificultad emocional de esa decisión. De llevarse a la práctica, supondría trasladar a la propia prestación sanitaria la coacción que han venido practicando los grupos provida a las puertas de las clínicas donde se realizan abortos, algo que pasará a ser delito en cuanto la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en el Congreso de los Diputados reciba la luz verde del Senado.

La insistencia de Vox en que las medidas habían sido consensuadas con la Consejería de Sanidad, que ostenta el PP y que el programa sigue adelante, fue corroborada a última hora del viernes en declaraciones del consejero de Sanidad para “instar” al personal médico a ofrecer ese protocolo, que en ningún caso debería prosperar porque es incompatible con la legislación vigente sobre los derechos de las mujeres. En todo caso, lo ocurrido no deja de ser una advertencia de lo que puede representar la presencia de Vox en cualquier Gobierno.