La Consejería de Sanidad de Castilla y León se desmarca de las medidas antiabortivas de Gallardo y este se reafirma

Las propuestas antiabortivas lanzadas este jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), han sido desmentidas por la Consejería de Sanidad y por parte del consejero de la Presidencia, el popular Jesús Julio Carnero, quien ha subrayado la “absoluta voluntariedad” para “embarazadas y profesionales” de las medidas de fomento de la natalidad y apoyo a las familias. Ha recalcado que “en ningún caso se va a obligar” al personal sanitario “a tomar una decisión en contra de la ley”.

Gallardo anunció que se pondría a disposición de las embarazadas, tanto con voluntad de interrumpir la gestación como de seguir con ella, la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía 4D del mismo o asistencia psicológica si la precisan. El vicepresidente añadió que sería “imperativo” que los sanitarios ofrezcan esta triple posibilidad a las mujeres. El desmentido de Carnero se suma a fuentes de la Consejería de Sanidad, que ya habían matizado este viernes que la escucha del latido fetal y los otros recursos se realizarán solo bajo prescripción médica y no serán de ofrecimiento obligatorio. Gallardo, en cambio, ha insistido este viernes por la mañana en que las medidas estaban “obviamente consensuadas” con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP.

Vázquez ha declarado a EFE que las relaciones con el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), son “excelentes” y ha considerado que únicamente existen unas “pequeñas matizaciones” de su departamento sobre las medidas sanitarias antiaborto anunciadas este jueves tras el Consejo de Gobierno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que se posicione sobre las propuestas de Vox. “Tenemos derecho a saber. El silencio a veces es muy ruidoso”, ha señalado en Tarragona, donde ha manifestado: “Las mujeres estamos hartas de que decidan por nosotras”.

El posicionamiento ahora de las consejerías de Sanidad y Presidencia contrasta con la actitud ayer de otro alto cargo del PP, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta y titular de Economía y Hacienda, que acompañaba al vicepresidente en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. Carriedo escuchó sin alterarse ni reaccionar el anuncio del líder de la extrema derecha, que gobierna la comunidad en coalición con el PP. El presidente de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, no se ha pronunciado ante el anuncio de su socio ni tras la amplia polémica nacional generada. García-Gallardo ha contestado con un “por supuesto” este viernes cuando se le ha preguntado si sus iniciativas estaban consensuadas con Sanidad, y ha invitado a quien crea que su proyecto supone una coacción o presión hacia las mujeres a que “denuncie”.

La dirección del PP nacional no quiso el jueves entrar a valorar la medida. Fuentes de Génova alegaron que “no pueden valorar continuamente las decisiones de los gobiernos autonómicos”. Pero este viernes, el portavoz del comité de campaña del partido, Borja Sémper, ha afirmado que su partido no está de acuerdo con la propuesta de Vox sobre el aborto y ha advertido de que no están dispuestos “a tragar con cualquier cosa”. “El PP cuando no esté de acuerdo, lo va a decir y va a rectificar las políticas que consideramos que son equivocadas”, ha asegurado, en una entrevista en Antena 3 recogida por Efe.

Las fuentes de la consejería de Sanidad insisten en que todos los recursos se ofrecerán siguiendo estrictos criterios médicos y reiteran que no se obligará a ningún facultativo a que ofrezca ese paquete de posibilidades a las gestantes, al contrario de lo que dijo Gallardo en su comparecencia conjunta con Fernández Carriedo. El procurador de Ciudadanos, exvicepresidente de la Junta y médico de profesión, Francisco Igea, avisaba en EL PAÍS de que forzar a los sanitarios puede ser ilegal y que esta presión antiabortiva está tipificada en el Código Penal tras su última reforma. El texto oficial de la Junta describe que a las embarazadas que lo necesiten se les pondrá a disposición un psicólogo que las atienda, algo cuestionado por el PSOE en la sesión parlamentaria del jueves ante las largas listas de espera en el territorio en materia de salud mental. También se explica que las mujeres podrán pedir escuchar el latido del corazón del feto, algo que Gallardo ensalzó como vía para elevar la “implicación emocional” hacia el feto. Otra vía que se plantea a las embarazadas consiste en acceder a una ecografía en 4D en las primeras semanas de la gestación, algo que Sanidad rechaza asegurando que solo se les aplicará a las mujeres cuyo feto pueda sufrir algún riesgo. El vicepresidente también alertó sobre una supuesta existencia de “listas negras” contra los médicos objetores de conciencia, algo que las fuentes de Sanidad también desmienten.

García-Gallardo afirmó el jueves que sus proyectos estaban “negociados y consensuados” con Sanidad y su representante, Alejandro Vázquez, que ha rechazado atender a EL PAÍS alegando problemas de agenda. El alto cargo aseveró que los doctores quedarían obligados a brindarle esas tres posibilidades a las pacientes, pero reconocía que ellas elegirían qué hacer: “No se las va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quieren”. El Ministerio de Igualdad y otras voces feministas han denunciado que la sola oferta de esas alternativas supone una presión sobre las mujeres ante un momento crítico como decidir interrumpir su embarazo. Para el dirigente de Vox, mantener una gestación es una decisión “natural y propia” contra el “drama” y “tragedia social” de abortar, que “deja huella en las mujeres”.