La Comunidad Valenciana, en la estela del ‘Katrina’

La severa parálisis de la producción y el comercio que causó inicialmente la dana queda atrás. Pero persisten los efectos de la catástrofe, y se mantendrán durante tiempo considerable. Este es la síntesis del diagnóstico que emerge de la información manejada y actualizada diariamente por el Banco de España, sobre un amplio número de datos de la economía valenciana. Y especialmente, sobre la zona cero de la gran riada.

Aunque con menor intensidad, el tsunami valenciano ha seguido la pauta evolutiva del terrible y legendario huracán estadounidense Katrina: o sea, el ritmo de dificultoso retorno a la actividad. Aquel desastre causó en 2005 más de 1.800 muertos (frente a los 223 en la dana), unos daños materiales por valor de 81.000 millones de dólares (un mínimo de 15.000 millones en Valencia), y redujo la población de Nueva Orleans, 400.000 habitantes, a la mitad, aunque años después se recuperó (lo que no ha ocurrido en el cinturón industrial levantino).

Pues bien, el gran estancamiento duró los primeros 21 días. El índice de paralización de la economía de la zona ―medido en cuellos de botella de los suministros― provocada por el Katrina superó los 275 puntos; el de la dana, ha rebasado los 200 (ver gráfico 1, Banco de España). La fase más fuerte (entre 200 y 250 puntos) en Nueva Orleans se produjo del día decimotercero al decimonoveno. La de Valencia, entre el decimotercero y el decimoséptimo. Luego, la actividad se reinició rápidamente. Al cabo de tres semanas de iniciarse, traspasaba hacia abajo la línea de 50 puntos, en un ritmo de rehabilitación similar al norteamericano. Se trata pues de un shock súbito y rompedor, pero que en su pico más trágico resulta acotado en el tiempo. Claro que esa variación no ha sido uniforme entre todas las poblaciones y comarcas. Costará meses hasta que la última población rezagada vuelva por sus fueros: en actividad, reparación de las viviendas, infraestructuras, maquinaria productiva y poder adquisitivo. Y algunos efectos, como el trauma psicológico generalizado, solo se irán aquilatando y digiriendo a medio y largo plazo.

Otros impactos, como el de la circulación financiera, que es la sangre en el cuerpo de la economía en una comunidad, quedaron menos tocados, de momento. La exposición total de la zona crítica al crédito alcanza los 20.584 millones de euros, solo un 1,8% del total español (gráfico 2). Quizá poco en porcentaje, mucho en número, pues abarca en uno u otro grado a más de medio millón de hogares y a 26.681 empresas no financieras, parte esencial del corazón de bombeo de la economía valenciana, una de las potencias industriales españolas, con Cataluña, Euskadi y Madrid (gráfico 2).

El nivel de daños directos se ha ido absorbiendo, a tenor del descenso del número de sucursales bancarias inutilizadas (“no operativas”, en el lenguaje más aséptico del banco central). Hay 298 oficinas en la zona más castigada. Una semana después de la dana (a 5 de noviembre) 63 de ellas estaban inservibles; aumentaron a 70 a la segunda semana por culpa de la segunda dana, y se fueron reactivando sin pausa hasta quedar inactivas solo 18, el 6%, por Navidad. El número de moratorias otorgadas por los bancos a clientes con dificultades de atender sus amortizaciones de crédito se ha ido incrementando, aunque de forma no exponencial: desde las 10.960 de principio de diciembre a las 16.0243, de vigilias navideñas, por un importe medio de 45.680 euros. Significativamente, dos tercios corresponden a hogares, y el tercio restante, conjuntamente a empresas y autónomos (cada segmento, en el filo de 2.560 afectados): eso sugiere que las principales asfixias recaen, y recaerán, más gravosamente en las familias: un miniuniverso social especialmente vulnerable, como lo retrata el hecho de que en ese cinturón industrial 309.836 personas estaban acogidas en diciembre al ingreso mínimo vital, según datos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La salvación de los ingresos salariales o parasalariales ha debido mucho a los ERTE, arma temporal de conservación de empleos desplegada en la pandemia: en el primer mes se solicitaron para más de 30.000 trabajadores (gráfico 5, Ministerio de Trabajo). Los ya registrados alcanzaron su pico a principio de diciembre, tras un mes de evaluación de daños y necesidades por las empresas. Y lo esperanzador es que desde entonces se observa una tendencia levemente descendente (gráfico 6, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Los desafíos actuales estriban en que a diferencia de lo acontecido con el covid, durante el cual la maquinaria y otros activos productivos quedaron preservados, esta vez han salido muy dañados; y que entonces, todas las empresas quedaron en la inactividad más o menos por igual, mientras que ahora las afectadas solo son una parte (2.882), aunque significativa, y al final del ERTE afrontarán la eventualidad de que las competidoras hayan absorbido su clientela habitual.

Otra comparación sugerente es la de las reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros con las peticiones de avales al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las reclamaciones al seguro pasaron de más de 19.000 a principios de noviembre a superar las 35.000 a mitad de diciembre, casi se duplicaron. Mientras que las solicitudes de avales se sextuplicaron en plazo más breve, entre las 256 del 10 de noviembre, y las 1581 el 29 del mismo mes El dato es alentador porque aunque ambas líneas suponen financiación, la apelación a los seguros ilustra el rescate desde los daños pasados; mientras que el nuevo crédito enfatiza las inversiones futuras.

Todos estos datos apuntan a que, como ha destacado el supervisor (EL PAÍS, 2 de enero), “las políticas mitigadoras están surtiendo efecto”. En efecto, no parece que las ayudas programadas sean de momento insuficientes. Solo contando las previstas del Gobierno superan los 16.600 millones, según la web Info-Dana de La Moncloa, a las que deben añadirse las del Consell valenciano. Mientras que una parte sustancial de los daños, los correspondientes a la destrucción de activos empresariales —aparte de infraestructuras, viviendas y perjuicios a hogares—, superarán los 15.000 millones, estima Francisco Pérez, el economista valenciano de referencia (El impacto económico real que tendrá la dana, EL PAÍS, 30 de diciembre). Aunque apunte a una tendencia probable al alza. El principal problema, sobre el que abundan las críticas, estriba en su ritmo de despliegue, que los afectados perciben como lento.

Dos meses después del desastre, conviene coger los datos de las ayudas con papel de fumar. Y su asignación y despliegue, con prudencia milimétrica. Pero lo que sufren la desgracia en carne propia no pueden permitirse este lujo. De hecho, es imposible saber cuánto dinero público se ha destinado (y ha llegado) a la zona. No solo porque en buena medida está en trámite, siguiendo las garantías burocráticas, enojosas pero exigibles (¿y acelerables?) para evitar malversaciones de recursos públicos. Sino también porque muchos flujos dependen de distintos organismos, que o tardan en informar o aún no han desagregado los desembolsos.

Si nos centramos en las ayudas directas (para personas, enseres, urgencias), la Generalitat valenciana incluyó las suyas en un compromiso global de 1.320 millones de euros —en parte financiado por 700 millones del Fondo de Liquidez Autonómico, concedidos por el Gobierno central—, de los que se han abonado 210 millones, según afirmó la vicepresidenta Susana Camarero, el 30 de diciembre de 2024: también abarca ayudas a ayuntamientos (62 millones, de los que 7 han sido liquidados), al tejido productivo (53 millones) y a los autónomos con trabajadores a su cargo (40 millones).

Por su parte, La web de La Moncloa detalla que, a 2 de enero de 2025, el Gobierno central ha desembolsado directamente algo más de 1.072 millones: 42 millones en ayudas por daños personales, y anticipos, de Interior (exentos de IRPF); los 282 millones de Hacienda a inyecciones directas para autónomos y empresas; y los 741 millones del Consorcio de Compensación de Seguros, sin contar los picos.

Ese subtotal no incluye los 380 millones movilizados para reparar infraestructuras, ni las garantías del ICO, becas a estudiantes, apoyos agrícolas, oferta de alimentación de Mercasa, las compensaciones prometidas a los ayuntamientos y los sustanciales apoyos de la Seguridad Social… Ni las ayudas por vía no de más gasto público, sino de menor ingreso, a saber, las deducciones y exenciones tributarias: reducción de módulos de autónomos, cuotas del IVA, IBI e IAE, exenciones de tasas administrativas (carnets, papeleo oficial vario). Todo ello está integrado en una envolvente prevista, a disponer, por el importe global de 16.600 millones.

Que “la reconstrucción de la vida de las personas y de las empresas no suponga pagar impuestos”, postula la Asociación Valenciana de empresarios, AVE —por boca de su secretario general, Diego Lorente—, para mejorar las ayudas paliativas y también… su rapidez. Eso se traduciría en la exención total a las familias afectadas del IVA en todos los enseres que deban adquirir por culpa de la gran riada, y que “a toda la solidaridad, en forma de donaciones, se le exima de tributación para el propietario”, un objetivo al alcance de la administración autonómica. Lo que se acompaña de una reivindicación muy transversalmente sentida: la mayor y “mejor coordinación de todas las administraciones” en presencia.