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“España está obligada a proteger el derecho a la alimentación”

Juan García y Cebolla, experto de la FAO, defiende la inclusión del derecho a la alimentación en las leyes de todos los países

Juan García y Cebolla, responsable de Derecho a la alimentación de la FAO, en una imagen tomada durante el curso de verano 'Hambre cero: es posible' organizado por la Universidad Complutense en Madrid en mayo de 2016.
Juan García y Cebolla, responsable de Derecho a la alimentación de la FAO, en una imagen tomada durante el curso de verano 'Hambre cero: es posible' organizado por la Universidad Complutense en Madrid en mayo de 2016.

La diputada socialista Soraya Rodríguez se muestra convencida en el Senado de que si los parlamentarios que la están escuchando hubieran visto morir de hambre a un solo niño, se darían mucha más prisa en cambiar las leyes. Toman nota de sus palabras casi 200 representantes de 80 países del mundo que han acudido a Madrid esta semana para participar en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, una cita que pretende hacer historia porque, por primera vez, sienta juntos a políticos de muy distinta procedencia y experiencias para discutir cómo acabar con el hambre, la desnutrición, la obesidad y otras formas de malnutrición hoy en el mundo. No es una tarea sencilla: como ya se ha repetido cientos de veces durante este evento, existen 821 millones de hambrientos, una cifra que no ha dejado de aumentar desde 2015 pese a que justamente ese año el mundo se comprometió con la firma de la Agenda 2030 a poner fin a esta lacra, entre otras.

Cuando se habla de hambre, automáticamente la mente lleva a países muy pobres de África. Pero existe en todo el planeta. También en España: según los datos del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, en 2017 había 600.000 personas en situación de inseguridad alimentaria grave, lo que supone un incremento del 20% en un solo año. Y esto ocurre en un país donde el derecho a la alimentación no está explícitamente reconocido en ninguna ley ni en la Constitución, y en el resto de la Unión Europea tampoco, como sí ocurre con otros como el de acceso a la educación y a la sanidad. "España, como muchos otros Estados, ya está obligada a proteger y a garantizar tal derecho como signataria que es del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales". Así lo defiende Juan García y Cebolla, responsable de Derecho a la Alimentación de la FAO (Organización de la ONU para la alimentación y la agricultura) mientras recorre los pasillos del Senado, donde se celebra la llamada #CumbreHambreCero. "Si el derecho a comida estuviera recogido en la Constitución sería más claro para todo el mundo: tanto para jueces como para funcionarios o para la población", prosigue el experto.

Erradicar el hambre no puede ser la bandera de un partido o un Gobierno

En un momento como el actual, con los efectos de la crisis económica aún coleando, la inclusión del derecho a la alimentación cobra importancia: "Antaño los sistemas de protección social funcionaban muy bien, y por tanto no era un problema, pero con la crisis esto ya no es tan cierto; por tanto, sí, sería muy importante que fuera explícito para que todo el mundo tuviera claro que esto es una prioridad y que además los Estados tienen unas obligaciones al respecto", opina el representante de la FAO, y resalta la importancia de dejar claro no se habla de un regalo o un acto de caridad.

Y que este no se reduce a comer bien y a menudo, sino que va más allá: "No se refiere a ser alimentado, sino a alimentarse uno mismo con dignidad, así que también estamos pensando en políticas que desarrollen la capacidad de la gente para valerse por sí misma y vivir dignamente".

Hace falta mucho trabajo para lograr esta meta y la labor parlamentaria, en concreto, es fundamental para mover los engranajes necesarios que podrían hacer que todo el mundo tuviera siempre algo saludable que llevarse a la boca. Pero esa premura que querría Soraya Rodríguez no existe. En la práctica hacen falta reuniones, debates y cumbres como esta de Madrid, que pretende abrir nuevas vías. En su dilatada carrera, García y Cebolla ha comprobado, dice, que este tipo de actos solemnes tienen sentido porque ponen en conexión a políticos de todo el mundo, "y esto en sí es un paso importante porque significa reconocer que somos más iguales de lo que nos creemos". Y apunta: "Nos encontramos en el marco de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] y estos objetivos son de todos porque hay algunos problemas que estaban afectando a todos los países pero no todos lo reconocían".

No hay que ser más pobre o más rico para verse afectado por uno u otro mal: la inseguridad alimentaria de la población más vulnerable, por ejemplo, ocurre en todas partes (véanse esos 600.000 hambrientos de España). También, el aumento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles que conllevan. En 2017 más de dos millones de adultos tenían sobrepeso, 679 millones de los cuales eran obesos (el 3% de la población adulta del mundo). "Son un reto que va a ocasionar no solo problemas financieros para los sistemas de salud y para los presupuestos de los países, sino también una pérdida de calidad de vida, de productividad y de autonomía de las personas que, en su periodo de mayor productividad, van a enfrentarse a enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer...

Las políticas ya no son tan eficaces, hay que repensarlas, reevaluarlas, modificarlas...

Tras dos décadas de reducción constante del hambre en el mundo, no solo nos hemos estancado sino que hemos retrocedido. "Las políticas ya no son tan eficaces, hay que repensarlas, reevaluarlas, modificarlas..." explica el experto que, además, recuerda que en otros países existen situaciones complejas por conflictos o por el cambio climático que están disparando la inseguridad alimentaria y el hambre. Los encargados de repensar deben ser políticos como los que se encuentran en el hemiciclo durante esta entrevista. "El trabajo parlamentario es fundamental; no solo legislan y, por tanto, orientan las prioridades de un país, sino que también tienen el papel de vigilar, de seguir la labor del Ejecutivo y decirle: 'Ejecutivo, aquí hay un problema, esto hay que cambiarlo'. O 'usted tiene una política muy buena pero la está ejecutando mal'. O 'ha aprobado una política pero no le está asignando presupuesto".

Entre los reunidos en el hemiciclo se encuentran representantes de países más experimentados en esta lucha, como los latinoamericanos, y otros que están empezando a mostrar interés. De ahí el valor de la cumbre: aumentar y mejorar las relaciones entre diferentes parlamentos y abrir la posibilidad de recurrir a la experiencia de los que ya han avanzado. "Creo que de aquí surgirá una serie de compromisos e iniciativas en países donde todavía no teníamos involucrados a los parlamentarios, y eso es un trabajo de décadas", dice García y Cebolla. Lo sabe bien, pues él fue parte desde el principio en la creación del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe hace ya 10 años. Aunque no es el único: en todo el mundo existen 34 alianzas, cuatro de ellas internacionales. Y España creó la suya el pasado 18 de septiembre. ¿La receta del éxito? Hacer que los legisladores se entiendan y se alíen sin importar el color político, "porque erradicar el hambre no puede ser la bandera de un partido o un Gobierno".

Reconoce García y Cebolla que sus razonamientos pueden parecer muy filosóficos, "pero le puedo decir que aunque parezca como mucho blablablá, tenemos casos que han funcionado". Y pone el ejemplo de Guatemala. "Era impensable que el Parlamento aprobara un aumento del presupuesto para la alimentación escolar por la situación del país en cuanto a la falta de consenso sobre el tema fiscal. Pero han conseguido ponerse todos de acuerdo y duplicar la asignación".

Borrell quiere recuperar la política de cooperación

E.P.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha comprometido el trabajo del Gobierno en la lucha contra el hambre y su intención de "recuperar la política de cooperación" para movilizar recursos contra este problema, así como para apoyar a otros países a ejercer el derecho a la alimentación. Así lo ha afirmado en el cierre de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición este martes en el Senado, que ha clausurado junto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

El ministro ha defendido la importancia de que los parlamentos se comprometan con este debate y con el objetivo de terminar con el hambre, lo que requiere reforzar el multilateralismo y reforzar la FAO mediante una financiación suficiente. "Cuando uno de sus principales donantes limita su contribución al mínimo, otros tendrán que tomar su lugar", ha dicho al respecto.

La Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición es una iniciativa conjunta de las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.

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