Recuperar el bienestar

A pesar de que la economía española recuperó en 2017 el PIB perdido durante la crisis financiera y la recesión, la situación individual y familiar de los españoles no ha mejorado en la misma proporción. La encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece un retrato todavía preocupante de los hogares españoles, aunque es cierto que ligeramente mejor que el que presentaban en los momentos más crudos de la recesión. El 34,4% de las familias no puede ir de vacaciones, más del 37% no puede afrontar gastos imprevistos; el 21,6% de la población está en riesgo de pobreza; y vive en pobreza severa el 5,1% de los españoles, casi 2,4 millones de personas. Además, el volumen de horas trabajadas de muchos de los asalariados es muy superior a las 40 horas semanales. No hay correspondencia entre la fase de recuperación económica y la mejora que cabía esperar en las condiciones de vida de los ciudadanos.

La explicación de este desajuste, que es urgente corregir en la medida de lo posible, hay que buscarla en que hoy, una década después de iniciada la crisis, el hecho de tener un puesto de trabajo ya no es garantía personal y familiar de que puede mantenerse un nivel de vida sin estrecheces ni privaciones. El motivo es la precariedad en el empleo, impermeable a la mejora global de la economía, y la baja cuantía de los salarios. La precariedad evita el gasto a largo plazo e introduce dosis de incertidumbre en el conjunto de la demanda de consumo. El mejor reflejo de la precariedad social en España es que el 45% de los trabajadores españoles percibe una retribución inferior a los 1.000 euros mensuales. La exclusión social, se mida según el INE o según otras instituciones privadas, es una amenaza real en la sociedad española. Más de 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social y hoy no están puestas las bases todavía para reducir esa brecha social.

No hay políticas milagrosas para corregir esta situación. A corto plazo la única solución es transferir rentas a los ciudadanos y los hogares más afectados por la crisis; es decir, aumentar el gasto social. Las políticas correctoras más efectivas son de larga maduración; tienen efecto a medio y largo plazo. Las dos más importantes son aumentar la inversión en educación para mejorar la formación de los trabajadores, e incentivar, en segundo lugar, la creación de empleo estable en mercados con más valor añadido. La inversión en I+D+i, olvidada durante el periodo de ajuste, es el mecanismo más efectivo para aumentar el empleo industrial, el más resistente en periodos de crisis. Tarde o temprano los agentes sociales y políticos tendrán que afrontar la evidencia de que es necesario modificar aspectos vitales de la reforma laboral aprobada por el primer Gobierno del PP.