Fracasos e improvisación en las políticas migratorias de Europa

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Cruzar la calle en Sudán del Sur puede suponer la muerte. No, no hablamos de tráfico, sino de etnias constituidas en facciones enfrentadas armadas por otros que se disputan, calle a calle, la supremacía de un territorio más rico en reservas naturales de lo que permite su frágil Gobierno. Yemen es bombardeado con crueldad mientras su población lucha contra la falta de alimentos y contra el cólera, en la que ya es una de las mayores epidemias de esta enfermedad de la historia. La crisis compleja del lago Chad desplaza a dos millones de personas. El cambio climático agudiza las sequías en África. El hambre en el mundo ha aumentado en 2017, por primera vez en este siglo. Los conflictos abiertos de Siria e Irak han forzado a huir a millones de personas, bajo las bombas de las “fuerzas pacificadoras” o escapando de la violencia extrema del Daesh. La estabilidad tardará años en recuperarse. Los atentados terroristas contra la población civil en Somalia o Afganistán causan miles de víctimas, como en Londres, París, Berlín o Madrid. Sin embargo, estas víctimas pasan casi desapercibidas para nuestra población europea. Desde la experiencia de Médicos del Mundo en la defensa del derecho a la salud en estos lugares, estamos en condiciones de asegurar que huir de allí, aun siendo una decisión difícil, a veces es la única salida.

Pero no hay rutas legales para la huida. Si buscamos una sola ruta segura y formalmente autorizada hacia Europa para esa población vulnerable que nos rodea, no vamos a encontrarla. Una población en muchos casos supuestamente protegida por convenios internacionales que firmamos y, en teoría, asumimos.

Desde el año 2015, la situación migratoria alrededor de Europa se ha agravado. Las tres rutas tradicionales hacia nuestro continente —desgraciadamente ilegales, en muchos casos mortales— han experimentado un enorme incremento de tránsito. Más de un millón de personas han accedido a través de Grecia, casi medio millón a través de Italia y algo más de 40.000 a través de España. En el año 2016 entraron en Europa más de 380.000 personas, en 2017 menos de 200.000. La tendencia para elegir una u otra vía depende de la facilidad de acceso, del control de las mafias que juegan con la vida, del precio que exigen y de las decisiones políticas impuestas por los países europeos.

Si buscamos una sola ruta segura y formalmente autorizada hacia Europa, no vamos a encontrarla

La ruta más corta, la del mar Egeo, se controló parcialmente por el triste acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. A consecuencia de ello, entre dos y tres millones de personas desplazadas residen actualmente en este país, muchas más de las que entraron en nuestro continente. Alemania fue el único Estado de Europa con una política de puertas semi-abiertas que vio en esta llegada de gente joven una inversión de futuro para un continente envejecido. Esa política, poco sostenible de modo aislado, fue castigada por la sociedad, obligando a un cambio que intentó un reparto inútil entre otros países europeos. Oficialmente, estos países europeos de saneadas economías solo han sido capaces de reubicar a algo más de 33.000 personas, mientras la inmensa mayoría de los 17 millones de personas refugiadas en el mundo se encuentran en países de renta media y, sobre todo, baja. Todos estos datos solo demuestran que incumplimos de modo deliberado y repetido nuestras obligaciones internacionales de asilo y refugio.

El acuerdo UE-Turquía supuso un cambio hacia la ruta alternativa del Mediterráneo Central. De modo menos patente que con Turquía —porque considerar a Libia un “país seguro” sería flagrante—, Europa ha reforzado el control migratorio por esta ruta a través de acuerdos con alguna de las facciones armadas que se disputan el control del país. Las condiciones de las personas que esperan allí para seguir su camino —y que en muchos casos tienen derecho legal a asilo— son cercanas a la esclavitud en Libia, un país sin Estado. Curiosamente, todas estas actuaciones son interpretadas como éxitos de la política migratoria de la Unión Europea.

Los países europeos de saneadas economías solo han sido capaces de reubicar a algo más de 33.000 personas

Por otra parte, no debemos olvidar que la mayor “inversión” en “cohesión y cooperación” desde Europa con el Norte de África se ha producido este año dentro de nuestras fronteras y en el control de las mismas y no en los países de origen. Difícilmente mejoraremos los flujos migratorios si las condiciones de vida en los países que nos rodean se deterioran.

Al hilo de esta política de control de fronteras, que ha puesto en peligro el mismo espacio Schengen, las ONG que trabajan en el rescate en el Mediterráneo han sido criminalizadas por “tráfico ilegal de personas” y han visto reducido el espacio humanitario con medidas que ponen en segundo plano el derecho a la vida. Algunas personas u organizaciones incluso se han enfrentado a procesos judiciales por cumplir su mandato humanitario. Se ha intentado poner el control migratorio por encima del deber de salvamento, aludiendo a un supuesto “efecto llamada” que en realidad es el “efecto huida”. Aun así, miles de personas continúan y continuarán arriesgando su vida antes que seguir viviendo en condiciones deplorables que no dejan margen a la elección.

En España, a través de nuestra Frontera Sur sufrimos una presión migratoria todavía escasa, al menos cuantitativamente; un 10% menos que en Italia. Muchas de las medidas tomadas por el nuevo y pintoresco presidente de Estados Unidos son criticadas en los medios de comunicación, pero realidad esas medidas son muy antiguas en nuestro país, tanto que posiblemente ni siquiera somos conscientes. Muros o alambradas, como el de México, ya llevan años construidos en Ceuta y Melilla. Cada vez más altas y cruelmente sofisticadas, con sus concertinas. Devoluciones en caliente, al igual que en la frontera con México, muchas veces irregulares, sin control judicial reglado.

Pero aún vamos más allá, una vez acceden al país ingresamos a los migrantes en prisiones improvisadas, como el caso de Archidona, o en prisiones provisionales, como los CIE.En estas instalaciones, sostenidas con fondos públicos, se juzga de modo opaco qué personas deben ser devueltas y cuáles admitidas, privándolas de libertad, salvo que, arbitrariamente, superen un tiempo de estancia o los centros se vean saturados, en cuyo caso quizá sean puestas en libertad en espera de resolución de su expediente. No sería de extrañar, pues, que el actual presidente americano tomara ejemplo de este sistema tan sofisticado de control migratorio, que induce incluso a suicidarse a personas que han sobrevivido a un viaje inhumano, desde lugares cuyas condiciones de vida les han obligado a jugarse la misma. Eso ha pasado recientemente en la prisión de Archidona.

Es presumible que, según las condiciones que augura nuestro entorno, los flujos migratorios no se resuelvan, sino que se agudicen. Nuestra experiencia como ONG internacional nos aporta datos esenciales desde el otro lado. Quizá sería el momento de que las instituciones europeas y españolas se replantearan seriamente revisar una política migratoria y de asilo que suena constantemente a reactiva y que en absoluto contribuye ni al desarrollo sostenible, ni a las necesidades de la propia Europa, ni a la estabilidad de nuestra región geográfica. Quizá sería el momento de hacer consciente a la sociedad civil de esa necesidad, más allá de espurios y cortoplacistas intereses electorales.

Esa es nuestra responsabilidad con nuestro propio futuro.

José Félix Hoyo Jiménez es presidente de Médicos del Mundo España