La UE pone el foco en las ONG para luchar contra el tráfico de migrantes

Los barcos regentados por ONG rescatan ya a más de un tercio de todos los migrantes que arriban a las costas italianas. Esa creciente actividad a las puertas de Libia despierta sospechas en las autoridades italianas y europeas, que temen que su labor aliente —voluntaria o involuntariamente— el negocio de las mafias. La UE examinará este jueves un conjunto de reglas para poner coto a la labor que desempeñan esas organizaciones, que deberán aclarar su financiación, informar sobre la tripulación que llevan a bordo y coordinar los salvamentos con las misiones europeas desplegadas en el Mediterráneo.

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Europa se adentra en un terreno pantanoso en la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria. Tras varias llamadas de atención de Italia respecto al modus operandi de las ONG, la Comisión Europea ha decidido tomarlas en serio. Bruselas admite el carácter sensible de este intento de regular a unas organizaciones que en su inmensa mayoría suplen la falta de efectivos de las fuerzas públicas sobre el terreno, pero cree que ha llegado el momento de evitar abusos.

El Ejecutivo comunitario insiste en que no tiene evidencias reales de que ninguna de las organizaciones que operan en el mar formen parte de las redes de traficantes o cooperen con ellos. Pero cuestionan algunos comportamientos. Desde 2014, un buen número de barcos de diferente procedencia convive en la amplia zona del Mediterráneo que separa Italia de Libia. Junto a los activos de la operación europea de salvamento Tritón, los de la misión militar Sophia y los de actividades italianas, un número indeterminado de embarcaciones de ONG —Bruselas evita cuantificarlas— actúan en aguas italianas e internacionales. Al sumar los rescates de esas entidades con los de barcos comerciales que deben prestar asistencia cuando presencian un naufragio, resulta que casi la mitad de las operaciones de salvamento las realizan agentes privados (sin control directo de las fuerzas públicas).

Italia sospecha que esos barcos —con bandera de diferentes países europeos, entre ellos España— también se adentren en aguas libias (y en ese momento apagan el sistema de detección que permite localizarlas). Eso despierta dudas sobre su potencial cooperación con las mafias que trafican con migrantes. “Algunas son bien conocidas y no presentan ningún problema. Pero otras no. Hace falta que haya transparencia financiera”, explica un alto cargo de la UE bajo condición de anonimato. Bruselas pide, por tanto, que esas organizaciones aclaren quién las financia para dejar claras sus motivaciones en los rescates.

Los ministros europeos del Interior harán un intento de pactar esas reglas, que Italia está elaborando en colaboración con la Comisión Europea y las propias ONG. Además de exigir pruebas de financiación, el texto incluye la obligación de cumplir ciertos criterios para operar. Las autoridades deberán conocer las dimensiones del barco y la identidad de la tripulación que va a bordo. Sus movimientos se coordinarán con el centro italiano de cooperación marítima. También se les prohibirá entrar en aguas territoriales libias y apagar los transpondedores que permiten detectarlos.

Obligación de auxilio

Las fuentes consultadas descartan que se pueda negar categóricamente el desembarco en las costas italianas a las ONG que rechacen adherirse a este código de conducta. Pero esperan que sirva como desincentivo a aquellas que operen fuera de la legalidad. Italia, además, podrá contactar con los países cuya bandera porten esas embarcaciones para pedir explicaciones sobre su origen.

La Organización Internacional para las Migraciones, dependiente de la ONU, recela de esta sombra de sospecha sobre las ONG. “No creo que haya pruebas de actividades ilegales y no creo que sus actividades cerca de la costa libia sean un elemento de atracción. Nos olvidamos de las razones que empujan a la gente a moverse, que son mucho más fuertes que cualquier mecanismo de atracción”, alerta Eugenio Ambrosi, director para Europa de la OIM.

El Ejecutivo comunitario pone el acento en este control reforzado a las ONG después de que fracasara el primer intento de Italia para aliviar su presión: implicar a otros países vecinos (esencialmente España y Francia) en el desembarco de migrantes. Fuentes diplomáticas consideran que compartir la gestión de esos flujos provocaría un efecto llamada mayor porque las mafias entenderían que Europa incrementa su capacidad de acogida. Pero Italia no se resignará tan fácilmente a que el 90% de los tránsitos en el Mediterráneo recaigan en su territorio. Además del proyecto sobre las ONG, el plan de actuación de Bruselas contempla una “revisión urgente” de otra demanda italiana: que la operación Tritón, que rescata un 35% de los migrantes, no tenga por qué desembarcarlos exclusivamente en Italia. “Tendrá que ser discutido entre los Estados miembros que participan en la operación”, matizan en la Comisión. Casi todos participan.