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La UE deporta al 36% de migrantes con orden de expulsión

Los países europeos pierden el rastro de muchos extranjeros con mandato de retorno

La Unión Europea ha convertido las expulsiones de extranjeros en bandera de su política migratoria. Con un número de llegadas al continente que no ha hecho sino crecer desde el estallido de las primaveras árabes, en 2011, Bruselas se centra ahora en retornar a aquellos que ven rechazada su solicitud de asilo. Al igual que ocurrió con el sospechoso del atentado de Berlín, que debía regresar a Túnez, las cifras demuestran que la mayoría de quienes reciben la orden de abandonar el territorio comunitario no lo hacen. De las expulsiones decretadas en 2015, apenas un 36% se cumplieron, según las cifras oficiales.

Migrantes en el centro de detención de Filakia, en Grecia, el pasado sábado.
Migrantes en el centro de detención de Filakia, en Grecia, el pasado sábado. AP

Bruselas diseñó la estrategia de agilizar expulsiones por motivos diferentes a la lucha antiterrorista. El gran número de refugiados que llamaban a las puertas de la UE el año pasado (más de un millón de personas) convenció a los países de que había que acoger a quienes huían de la persecución y deportar cuanto antes a los llamados migrantes económicos, sin derecho al asilo. Pero el posible nexo —aún por demostrar— entre un migrante que recibió orden de expulsión y el atentado al mercado navideño en Alemania añade presión política para acelerar esos retornos.

Los datos revelan que se trata de un gran desafío. “Es muy difícil. Porque los países a los que deben retornar los migrantes o bien no cooperan o bien no encuentran la documentación de estos migrantes a los que hay que devolver”, explicaba en una reciente conversación con EL PAÍS el director de Frontex, Fabrice Leggeri. Desde este mismo año, la agencia europea de fronteras tiene un nuevo mandato para propiciar estas operaciones de expulsión. El año pasado se produjeron 193.565 en toda la UE, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. La brecha entre esta cifra y las más de 530.000 personas que recibieron una orden de deportación se explica por la existencia de “retornos voluntarios sin que lo sepan las autoridades, por desapariciones de personas o por casos no registrados”, argumenta Eurostat.

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Es decir, muchos huyen y se les pierde el rastro. Y a lo mejor una parte acaba regresando sin que les conste a las autoridades o sin que lo notifiquen. El 12,6% de quienes recibieron orden de expulsión en 2015 residía en Alemania. El mayor número se localizó en Grecia (casi uno de cada cuatro) y en Francia (un 19%).

Pese al acopio de números, otras fuentes comunitarias admiten que los datos de retornos son poco precisos —y nada transparentes— porque ni la UE ni los países terceros que readmiten a esos expulsados tienen interés en divulgarlos. Las autoridades de un país como Nigeria, con el que Bruselas trata estos días de cerrar un acuerdo de readmisión de sus ciudadanos, recelan de ver negro sobre blanco un panorama de readmisión que en el fondo perjudica a su propio país. Porque las cifras de remesas que los migrantes envían a sus territorios de origen superan con creces la ayuda al desarrollo que les pueda facilitar Europa. Así que no tienen alicientes para aceptar la devolución de sus ciudadanos. Consciente de esos recelos, Europa evita publicitar las cifras para no cegar la negociación con esos países terceros. Y ahora forja acuerdos con varios países africanos que premian la cooperación.

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En ese contexto, no es de extrañar que la lista de expulsiones efectivas no coincida con la de ciudadanos que recibieron una orden de abandonar la UE. Por número de decisiones de expulsión, el año pasado encabezaron la lista los sirios —pese a la guerra—, los albaneses, los afganos, los marroquíes y los iraquíes. Pero finalmente la mayoría de retornados fueron albaneses, seguidos de kosovares, ucranios y serbios. Se trata ciudadanos de países que tienen suscritos marcos de readmisión con la UE. Y no son precisamente los que ahora más preocupan a Bruselas.

Sin acuerdo de extradición, las trabas para deportar son enormes. Los países europeos deben demostrar, caso por caso, que el ciudadano es originario del país al que pretenden retornarlo. A partir de ahí contactan con las autoridades de ese Estado para que envíen la documentación sobre la persona y acepten su retorno. Pero el proceso se interrumpe o, en el mejor de los casos, se demora. Bruselas está intentando que los países de origen acepten el llamado laissez-passer, un documento estándar de regreso para quienes tienen órdenes de expulsión. Pero los países terceros se resisten a abrir esa vía rápida de deportaciones a sus territorios.

Más allá de la amenaza terrorista, Europa está decidida a intensificar los retornos porque el problema se ha agravado desde el inicio de la crisis económica. La política de expulsiones, paradójicamente, se ha relajado en los últimos años respecto a 2008, aunque las llegadas al continente hayan crecido en ese periodo. Las órdenes de abandonar el territorio comunitario expedidas en 2015 resultaron un 11,6% inferiores a las de siete años atrás. Y los retornos consumados cayeron un 8,4%.

Una de las posibles razones del descenso deriva de los cambios en el perfil del migrante. Tras el estallido de las primaveras árabes, muchos de los extranjeros que emigraron a Europa eran refugiados de libro (es decir, candidatos a la protección, no a la expulsión).

El dilema de la detención

Aunque la migración irregular no es un delito, la UE aprobó en 2008 una directiva de retención de migrantes —la llamada directiva de la vergüenza— que autorizaba a internar a los extranjeros con orden de expulsión por un periodo máximo de 18 meses. Pero el carácter extremo de esta medida —y también la falta de capacidad de los Estados para gestionar esas retenciones— propiciaron periodos más acortados. En España el límite legal está en 60 días.

Esa situación coloca a Europa frente a sus propios valores. Porque encerrar a personas que no han cometido delitos en centros que en muchas ocasiones ofrecen condiciones muy precarias resulta desproporcionado. Pero el régimen abierto lleva a muchos migrantes a huir. La presidencia de turno de la UE, en manos de Eslovaquia hasta final de año, ha sugerido reforzar la idea del internamiento en el contexto de la reforma del sistema de asilo europeo. De momento, los países han preferido postergar el debate.