Los hitos de la economía de 2018: los pensionistas ganaron la batalla

2017 fue el ejercicio en el que todos los países crecieron al unísono por primera vez en mucho tiempo. En cambio, en los últimos doce meses se ha oteado un horizonte muy distinto, trufado de riesgos y vulnerabilidades. El proteccionismo, el Brexit, la incertidumbre sobre Italia o las turbulencias en los mercados... Todo ha hecho que la economía empiece a crecer a ritmos más moderados. En ese contexto, España ha aguantado sorprendentemente. Aunque ya por debajo del 3% registrado en años precedentes, avanza a tasas del 2,5%, en parte a costa del ahorro y el crédito al consumo. Sin embargo, ahí continúa la elevada deuda pública y externa, que apenas se ha corregido. Y la ralentización exterior ha comenzado a notarse en un año marcado por los siguientes acontecimientos.

El regreso del IPC para revalorizar las pensiones

Apenas cinco años ha aguantado la reforma de pensiones de 2013 que desligaba su evolución de los precios y se tradujo en subidas del 0,25% entre 2014 y 2017. Como pronosticaron sus detractores, cuando la inflación recuperara vigor mantenerla sería políticamente insostenible.

Las masivas manifestaciones de pensionistas en febrero y marzo atemorizaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que acabó renunciando a su reforma para aprobar los presupuestos de 2018 y salvar la legislatura. El PNV exigió una subida del 1,6% y logró que se retrasara a 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad, que reduce la pensión inicial de jubilación conforme sube la esperanza de vida

Además, en este año –y van ya tres– el Pacto de Toledo ha sido incapaz de alcanzar un punto común sobre las recomendaciones para reformar la Seguridad Social y sacarla de los abultados déficit que encadena desde 2011. Y ello pese al horizonte demográfico. Al menos, los diputados han disuelto un escollo: todos los grupos políticos, también el PP, han aceptado volver a poner a los precios como referencia de la actualización anual de las pensiones.

Los salarios más bajos piden paso

España ha vuelto a crear mucho empleo en 2018. Con este van cuatro años creando entre 400.000 y 575.000 ocupados. La alta precariedad sigue siendo una de las asignaturas pendientes. La tasa de temporalidad supera el 27%. Y el paro continúa siendo muy alto.

Pero tras cuatro años de recuperación intensa del empleo, los sueldos han empezado a pedir protagonismo. Durante la crisis, la devaluación salarial se cebó con los sueldos más bajos. Los Gobiernos, del PP y del PSOE, y los agentes sociales han tratado de corregirlo en parte. No sin tensiones. El año comenzó con un aumento del salario mínimo del 5% y el pacto entre el Ejecutivo popular, los empresarios y los sindicatos de subirlo a 850 euros al mes en 2020 si la economía mantenía su vigor.

A ese acuerdo le siguió en verano otro de negociación colectiva entre CC OO, UGT, CEOE y Cepyme, que comienza por recomendar aumentos de los sueldos en convenio entre el 2% y el 3%. Pero si algo destaca en ese pacto es el compromiso de pedir que las retribuciones más bajas de los convenios se sitúen en los 14.000 euros al año (1.000 euros al mes con dos extraordinarias).

Pero la medida estrella sobre las remuneraciones más bajas llegó en octubre de la mano del pacto presupuestario entre el Gobierno y Podemos: el salario mínimo subirá en 2019 un 22,3% hasta los 900 euros mensuales. La medida, que afecta a 1,3 millones de trabajadores, ha abierto un debate en el que el Banco de España ha abanderado la posición contraria, advirtiendo de que podría costar 150.000 empleos. No obstante, han sido bastantes los economistas que han respondido que no hay evidencia clara e incontestable de que una iniciativa así tenga consecuencias negativas. Tampoco las hay de lo contrario.

Un año negociando los Presupuestos

El año comenzó con la prórroga de los Presupuestos de 2017 y terminará con otra prórroga. La inestabilidad política y la complicada geometría parlamentaria convierten la aprobación de las cuentas en uno de los asuntos más complejos para cualquier Gobierno. El de Rajoy tuvo que emplearse a fondo y hasta abril no pudo sacar adelante los Presupuestos de 2018, tras generosas concesiones a vascos y canarios. Los nacionalistas arrancaron la primera subida de las pensiones desde la crisis, del 1,6%. Ahora Sánchez se enfrenta al bloqueo del PP y Ciudadanos en el Senado, que no le permiten siquiera reformar la Ley de Estabilidad para relajar los objetivos de déficit y suavizar el ajuste. Así, tampoco tiene asegurado el apoyo para las cuentas de 2019 y se ha visto abocado a prorrogar las de 2018.

Este año también se acordó en marzo volver a subir el sueldo de los funcionarios, uno de los colectivos más afectados por los recortes y recuperar lo perdido en la crisis. El acuerdo, además, vincula las subidas salariales a la marcha de la economía.

Por último, el Gobierno socialista ha presentado nuevos impuestos para modernizar el sistema fiscal ante las nuevas actividades digitales. Aprobará, si logra los apoyos, un impuesto sobre actividades digitales, conocido como tasa Google; otro, sobre transacciones financieras, y una subida del impuesto de sociedades, para que las empresas tributen más por los beneficios exteriores.

Una reforma de mínimos para el euro

El euro seguirá incompleto un tiempo más. Los países de la moneda única cerraron el año con una reforma que dota de un respaldo fiscal al fondo de resolución bancaria y da nuevas funciones al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que tendrá nuevas herramientas, como líneas de crédito para países con apuros puntuales. Sin embargo, sigue sin haber avances en una hoja de ruta para poner en marcha el fondo de garantía de depósitos comunitario, que la Comisión considera una pieza clave para la Unión Bancaria. Alemania sigue demandando una reducción de los riesgos bancarios, mientras que Italia continúa sin ceder en la limitación de la deuda soberana en los balances de sus entidades financieras. Solo se logró el compromiso de tener preparado para junio el diseño de un presupuesto para la zona euro anclado dentro de las cuentas de la UE. Hace un año, ese instrumento era un tabú. Aun así, sus defensores –entre ellos Francia y España— tuvieron que tragar con las exigencias de los países del norte de que solo sirva para promover la “convergencia” y la “competitividad”, dejando fuera cualquier función estabilizadora en tiempos de crisis.

Precios de la electricidad en máximos

El precio de la electricidad no ha dado tregua durante 2018. Empezó a subir en mayo, en agosto rompió la barrera de los 70 euros por megavatio/hora (MWh) y en septiembre batió récord: el día 12 de ese mes tocó máximos anuales, con un precio medio de 75,39 euros el MWh. Ese repunte hizo de septiembre el mes con la electricidad más costosa de 2018, y contribuyó a que este año vaya camino de consagrarse como el segundo más caro desde 1998.

Este encarecimiento, fruto del alza en los derechos de CO2, la subida del petróleo o una formación de precios mal diseñada, se convirtió en una carga para el consumidor y en un rompecabezas para el Gobierno, que en octubre adoptó medidas urgentes para frenar la escalada de precios. Entre otras cosas, suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica, eliminó el céntimo verde y el impuesto al sol. El paquete incluye además acciones dirigidas a los ciudadanos más vulnerables, como la ampliación del bono social eléctrico, la creación de un bono térmico y la futura puesta en marcha de una estrategia contra la pobreza energética.

Transcurrida una década desde el inicio de la crisis, el año 2018 vio cómo entraban en prisión algunos de los banqueros que contribuyeron a agravarla con su gestión. Hasta entonces, y tras un aluvión de procesos judiciales, los pocos exdirigentes de las cajas de ahorro que habían llegado a pisar la cárcel (los de Novacaixagalicia) pasaron poco tiempo entre rejas. En octubre pasado el Tribunal Supremo envió a prisión a Rodrigo Rato, convertido en símbolo de una época de despilfarro y corrupción, por las tarjetas black de Bankia. Otros 14 exdirectivos o consejeros fueron condenados a más de dos años de cárcel. Fue el primer proceso judicial de Bankia en resolverse, pero otro aún más relevante ha empezado a juzgarse hace unas semanas en la Audiencia Nacional: la salida a bolsa de la entidad, fraudulenta según la Fiscalía (que pide cinco años de cárcel para Rato) y decenas de acusaciones particulares.

El año que acaba también ha visto cómo los tribunales se atascaban con las demandas de los afectados por las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas de los bancos. Solo se han resuelto una de cada cuatro, y en el 97% de los casos los jueces han dado la razón a los clientes.

Doble relevo sincronizado en la gran banca

En octubre, y por primera vez, los dos grandes bancos españoles, Santander y BBVA, anunciaron que cambiaban sus cúpulas directivas. En el caso del BBVA, el relevo es al máximo nivel: a partir de enero, el ahora consejero delegado, Carlos Torres, sustituirá en la presidencia a Francisco González, que ha estado al frente de la entidad desde octubre de 1999. El segundo puesto en el escalafón lo ocupará, para sorpresa de todos, el turco Onur Genç, que no habla castellano y que ha desarrollado su carrera en Turquía y EE UU.

El banco presidido por Ana Botín también ha cambiado el segundo nivel: el italiano Andrea Orcel, procedente de UBS, será el nuevo consejero delegado. José Antonio Álvarez, que ahora ocupa el cargo, pasará a ser vicepresidente ejecutivo y presidente del Santander España.

Ambos relevos tienen elementos en común: los dos grandes quieren caras nuevas para despertar la cotización, que atraviesa un largo túnel en los dos casos. Por otro lado, se ha recurrido a consejeros delegados extranjeros, en un gesto que se interpreta como una muestra de la internacionalización. Por último, los nuevos responsables no son banqueros tradicionales, prueba de que las entidades buscan ejecutivos transformadores del negocio ante la digitalización de las finanzas.

Vivienda, el año del alquiler

Tras el serial de la burbuja inmobiliaria, su rotura y recuperación, se puede afirmar que 2018 ha sido el año del alquiler. Y no solo porque el porcentaje de españoles que vive en casas arrendadas sea el más alto de las últimas décadas (un 16,9%, según las últimas cifras del INE), sino también porque conforme escalaban los precios, sobre todo en las grandes ciudades, se disparaban los desahucios de inquilinos. Estos subieron cerca de un 8% anual en el tercer trimestre. Como al mismo tiempo han bajado los lanzamientos por impago de hipoteca, los desahucios del alquiler son ya más del 65% del total. La inquietud se ha trasladado a la clase política. El penúltimo Consejo de Ministros del año aprobó un decreto de medidas urgentes de vivienda centrado en el alquiler y cuya validación parlamentaria coleará en el arranque de 2019.

Pero también hubo alguna turbulencia en el mercado de compra. La más notable se originó inesperadamente en una sentencia del Tribunal Supremo, fechada en 16 de noviembre, que señalaba que eran los bancos, y no los clientes, quienes debían pagar el impuesto hipotecario. El presidente de la Sala de los Contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, convocó un pleno para revisar ese criterio. El caos jurídico se alargó durante tres semanas hasta que la sala, por 15 votos a 13, dio marcha atrás. Una decisión irrelevante porque a la vez el Gobierno anunció (y llevó a cabo) una reforma legislativa para que pagasen los bancos el tributo.

Fin a los turistas 'prestados'

Hasta que en febrero se conozca el dato de llegada de turistas extranjeros de diciembre, no se sabrá si 2018 cierra con el sexto récord consecutivo de visitantes. Será, o no, por poco. El sector turístico ya descontaba que 2018 no traería los crecimientos espectaculares de años anteriores, sobre todo por la resurrección de destinos que compiten con España en el sol y playa, como son Turquía, Egipto o Túnez. Muchos británicos y, sobre todo, alemanes que se tostaban en las playas españolas lo hacen ahora en el Mediterráneo oriental.

Ante esa reducción de los turistas prestados, el sector, que ha invertido miles de millones en sofisticar la oferta, se debate entre la tentación de reducir precios para mantener la ocupación o apostar por clientes con más fondo de billetero (chinos, estadounidenses, rusos…). El reto, para el Gobierno y para las asociaciones del sector, es lo segundo: conseguir más con menos. El asunto es cómo atraer a esos visitantes y promocionar otras fortalezas (cultura, ocio, paisajes, compras…) para desestacionalizar la oferta y que el sol y playa no sea el único atractivo.

Los coches negros que odian los taxistas

En 2018 conocimos que esos coches negros y elegantes con una pegatina en la luna trasera eran VTC, vehículos de alquiler con conductor que usan empresas para captar viajeros a través de aplicaciones como Uber y Cabify. Su número crece mes a mes. Ahora son casi 13.000 pero llegarán a los más de 20.000 gracias a las licencias que les conceden los tribunales. Su negocio hace competencia directa al de los taxistas, que se levantaron en armas este verano pidiendo su prohibición, con movilizaciones que comenzaron en Barcelona y se extendieron luego a Madrid, Sevilla, Valencia y otras ciudades. En las mismas, cientos de taxistas cortaron grandes vías y protagonizaron actos vandálicos, hasta que el Ministerio de Fomento anunció una nueva normativa salomónica que otorga una prórroga de cuatro años a las VTC para que sigan circulando con su actual licencia estatal. A partir de ese plazo, precisarán de una segunda licencia municipal si quieren seguir operando.

Netflix y el fútbol se cuelan en la factura telefónica

La televisión en abierto agoniza. El 62% de los internautas en España ya está pagando por ver contenidos con algún tipo de suscripción tanto en plataformas de vídeo en streaming OTT (Netflix, HBO, Prime Amazon, etcétera) como de televisión de pago de los operadores de telecomunicaciones (Movistar+, Vodafone TV, y Orange TV), según el informe Televidente Now! 2018, de la consultora The Cocktail Analysis. La plataforma de streaming con más usuarios es Netflix (más de 6,7 millones), aunque solo el 79% pague por la suscripción (total o compartida). Las compañías de telefonía, incluso la reacia Telefónica, han tenido que incluir en su programación series como Narcos o Juego de Tronos de estos gigantes estadounidenses para poder captar a sus clientes de fibra o de móvil. También tienen que afrontar la astronómica cifra de 1.300 millones de euros que cuesta ofrecer la Liga y la Champions esta temporada. Vodafone dijo basta y prefirió perder más de 100.000 líneas a pagar ese peaje por el fútbol. MásMóvil, que por ahora no oferta ningún servicio de televisión de pago, fue el gran triunfador del año. Se acerca a los 8 millones de cliente de Internet y móvil, tras ganar más de un millón en 2018 y comprar Lebara, el operador especializado en el segmento de inmigrantes.

La peliaguda sucesión de Draghi

Los fanáticos de los bancos centrales recordarán 2018 como el año en el que Mario Draghi devolvió la política monetaria a territorios más convencionales, incluso aburridos. El presidente del BCE se mantuvo firme y alargó hasta diciembre el que quizás haya sido el mayor programa de ingeniería monetaria en la historia de Europa, la compra masiva de bonos corporativos y soberanos que en cuatro años ha inyectado 2,6 billones de euros. El italiano se marcha con un regalo: corta el grifo de la adquisición de deuda, sí, pero reinvertirá las cantidades que vayan venciendo durante un periodo prolongado. Es un respiro para la economía europea, que acumula síntomas de desaceleración.

Draghi se despide del cargo –su mandato acaba el 31 de octubre- y deja en el aire dos dudas. La primera es cuándo llegará la primera subida de tipos tras casi tres años en la zona cero. El italiano podría poner un broche de oro a su mandato con un alza justo antes de dejar el BCE, pero los nubarrones económicos podrían retrasar la subida. El segundo interrogante es el nombre de su sustituto. Descabalgado de la carrera el halcón alemán Jens Weidmann, ganan enteros el finlandés Erkki Liikanen y el francés Benoît Cœuré.

Todos pendientes de la guerra comercial

La amenaza pende desde el 8 de noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó por sorpresa las elecciones de EE UU. En su honor hay que decir que ha sido fiel a sus promesas: el presidente ha cumplido su amenaza de alejarse de socios y aliados generando el que hoy aparece como el mayor riesgo para la economía internacional: una oleada proteccionista que terminen pagando todos.

Los frentes son muy variados. Desde los Volkswagen alemanes al aluminio chino. Ante la evidencia de que los daños van en todas las direcciones, los líderes de EE UU y China pactaron en diciembre una tregua de 90 días para acabar con las hostilidades entre las dos grandes potencias. Esta paz momentánea llegaba después de aprobar aranceles a productos chinos por 53.000 millones de dólares, luego por 200.000 y amenazar con otros 267.000. Las dos últimas medidas quedan ahora en suspenso. El cierre de fábricas de General Motors en EE UU mostró a Trump que los aranceles son armas de doble filo. La OCDE ya ha detectado en el primer semestre una ralentización en el comercio mundial que dañará sobre todo a los países en desarrollo. Está por ver si 2019 será el año de la guerra total, o se queda en escaramuzas menores.