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El Gobierno anulará el impuesto de generación eléctrica y potenciará los bonos sociales

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la medida se reflejará inmediatamente en el recibo

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles que el impuesto de generación, instaurado por el Ejecutivo del PP y que grava con un 7% la producción eléctrica, será suspendido para abaratar el precio de la electricidad. Este gravamen, aunque se aplique a las eléctricas, repercute directamente en el recibo final que paga el consumidor. La ministra también adelantó que el Gobierno facilitará el acceso al bono social, que será complementado con un nuevo bono para la calefacción, y, además, pondrá en marcha unas medidas de choque para avanzar en la transición energética.

El anuncio del Gobierno llega en plena escalada de precios en el mercado mayorista. Aunque no se ha llegado a cotas históricas, en lo que va de septiembre supera una media de 70 euros el megavatio-hora. La suspensión del impuesto de generación —el responsable de Economía del PP, Alberto Nadal, había asegurado el martes que también preparaba un proyecto de ley para anularlo— supondrá una rebaja entre el 2% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y entre el 5% y el 5,5% en la industria.

Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, Ribera resumió su programa en tres objetivos: facilitar la transición energética, hacer recuperar la confianza para atraer nuevas inversiones y construir un mercado estable. La ministra reconoció que el sistema adolece de debilidades y que no se puede seguir poniendo parches. Por eso, aseguró, es necesario “aprovechar la tecnología” con la que se cuenta.

Además de suspender el impuesto a la generación, Ribera anunció que el Gobierno facilitará las condiciones para que los consumidores vulnerables accedan al bono social, que será complementado con un nuevo bono para la calefacción, además de poner en marcha medidas de choque para descarbonizar y mejorar la eficiencia energética. Tales como potenciar el autoconsumo y mejorar el acceso a las inversiones en renovables.

Un ahorro mínimo en el recibo

El impuesto de generación que ahora va a anular el Gobierno se le aplica a las eléctricas, pero estas lo repercuten en el consumidor final. El gravamen afecta, sin embargo, solo al término de consumo, equivalente a un tercio del recibo, y su suspensión solo afecta a los usuarios acogidos a la tarifa regulada (PVPC). El resto del importe es fijo y lo conforman peajes e impuestos. Según el analista del mercado eléctrico Francisco Valverde, un consumidor tipo con 4,4 kilovatios de potencia contratada y un consumo de 3.500 kWh al año ahorraría tan solo 1,5 euros en el recibo mensual de la luz con la anulación de este impuesto, y algo menos en primavera, cuando la electricidad suele ser más barata por la mayor presencia de renovables en el mix energético.

Facua denunció que el importe del recibo del usuario medio subió un 85,7% en 15 años, y reclamó una bajada del IVA del 21% al 4%. El miércoles, el precio de la luz en el mercado mayorista marcó otro máximo anual, con una media de 75,93 euros el megavatio-hora.

Según la ministra, las medidas serán presentadas al Consejo de Ministros en una de las próximas reuniones. Las que se consideren maduras se adoptarán de forma inmediata. La primera concreción, por tanto, parece la de la suspensión del impuesto a la generación, que responde a la controversia que se produce en la formación de la factura, que la ministra ha criticado frontalmente. En la actualidad, el 50% procede del coste de financiación de infraestructuras, peajes y otros factores ajenos al negocio y un 22% de tributos, quedando sólo el 28% correspondiente al consumo.

Las medidas de choque para “descarbonizar y mejorar la eficiencia energética y electrificar la economía” tienen el objetivo de alcanzar el 32% de renovables en 2030, ha añadido la ministra.
Para ello es preciso “solventar las barreras existentes” y hacer un calendario estable para las subastas de nuevas inversiones. Por otra parte, Ribera ha insistido en la necesidad de respaldar el autoconsumo, sobre todo el compartido, y ha anunciado la modificación de la Ley del Sistema Eléctrico, que completará con el derecho a almacenar y el derecho de compartir.

Ribera subrayó que “urge una reforma” para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos precios se han disparado, y ha comentado que una inversión de 100.000 millones para descarbonizar este sector ahora permitirá ahorrarse 400.000 millones de euros en 2030.

Tras recordar que España arrastra 42 demandas de arbitraje internacional por un valor de unos 10.000 millones, la ministra ha destacado la necesidad de avanzar en un nuevo marco regulatorio que corrija un sistema obsoleto, sobredimensionado en costes fijos, que se basa en un mercado marginalista y que hace que tecnologías minoritarias marquen el precio de todas y una financiación de las infraestructuras que genera más costes.

Nuevo bono social para la calefacción 

Consumidores vulnerables y pobreza energética. Ribera ha asegurado este miércoles que tiene varios frentes abiertos para dar respuestas mejores y más rápidas a estos desafíos. La titular del Ministerio para la Transición Ecológica anunció en su comparecencia que el Ejecutivo mejorará el acceso al bono social, un descuento de entre un 25% y un 40% en el importe final del recibo de la luz, y lo complementará con un nuevo bono social para la calefacción.

Ribera señaló que no solo hay que dar respuesta inmediata al incremento de los precios de la electricidad que afecta a todos los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada, sino que a la vez hay que poner el foco en los consumidores más vulnerables. En 2017, unos cuatro millones de personas no podían permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.

“Creemos que ha habido avances en ciertos aspectos", aseguró la ministra en referencia a las modificaciones aportadas al bono social el año pasado, pero a la vez admitió que hubo “problemas en su ejecución”. Según Competencia, menos de 700.000 usuarios de los 2,4 millones que tienen derecho a este descuento lo habían renovado a finales del pasado julio, debido a la dificultad en tramitar la solicitud. Este miércoles, la ministra anunció que el ministerio está tratando de aclarar la razón por la cual a día de hoy se han acogido tan pocos usuarios y anunció que habrá moratoria del bono social —el plazo para pedirlo vence el próximo 8 de octubre—. Asimismo, añadió que los beneficiarios del bono de calefacción —un “bono social térmico” que estará “totalmente operativo” ya a partir de este invierno, según aseguró—, serán más o menos los mismos que los del eléctrico, aunque con características diferentes, ya que depende mucho de las zonas geográficas.

La titular de Transición Ecológica también anunció que el Ejecutivo programará “una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética” e informó de que planteará un acuerdo a la Federación de Municipios y Provincias y a las Comunidades Autónomas para que presten su apoyo.

En ese sentido, propone ampliar los límites de los consumidores con derecho al descuento del bono social, incluyendo a familias monoparentales y personas que viven solas a las ya contempladas de familias numerosas y pensionistas con prestación mínima. Ribera también recordó que la factura “muchas veces es incomprensible”, lo que impide optar por mejores opciones. Por eso, admitió que tanto en estructura tarifaria como en información al consumidor “todavía hay un recorrido importante para llevar a la práctica”.

Petición de consenso

La mayor parte de los grupos políticos ha respaldado, en líneas generales, las reformas que ha presentado la ministra, en aras del beneficio para el consumidor. Sobre todo, la ampliación del bono social y la eliminación del impuesto al sol, además de la bajada de impuestos. Si bien, algunos de ellos (PDeCAT Y PNV) han pedido la reducción del IVA del 21% al 10%.

Por su parte, el PP, tras mostrarse a favor de hacer una reforma consensuada, se ha arrogado la iniciativa de suprimir el impuesto del 7% y ha explicado que el Gobierno puede adoptar esa medida por los mayores ingresos que se están obteniendo por la venta de derechos de emisión de CO2. También ha recordado la existencia del informe de expertos que encargó el anterior Gobierno y al que, a su juicio, el actual no ha hecho caso. Ribera ha recordado a los populares que el anterior ministro lo criticó y no hizo ninguna planificación con dicho informe, del que ha dicho que es "benévolo con un sistema que está hecho para otro tiempo".

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