El Supremo vuelve a avalar el ‘impuesto al sol’ del Gobierno Rajoy

El Tribunal Supremo ha vuelto a avalar el polémico real decreto sobre autoconsumo eléctrico, conocido popularmente como impuesto al sol. En dos sentencias recientes, a las que tuvo acceso EL PAÍS, el Alto Tribunal ha desestimado sendos recursos presentados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Villar Mir Energía contra esta norma que convirtió a España en un caso único en Europa de freno al autoconsumo porque, entre otras cosas, grava el uso propio de la energía que se produce mediante paneles solares.

El Supremo ya se había pronunciado ante esta cuestión, siempre avalando la legalidad de la norma. La publicación del real decreto en 2015 motivó una cascada de recursos de empresas dedicadas a las energías renovables y de organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace y CC OO, que alegaban que la normativa es discriminatoria y anticonstitucional, y que va en contra de la legislación europea.

En la sentencia que resuelve el recurso de UNEF, el Supremo considera que no existe impuesto al sol como tal, sino una contribución a los costes de conexión al sistema del autoconsumidor cuando quiere disponer de respaldo del sistema eléctrico general. Es decir, si el consumidor depende exclusivamente de su propia energía y no está conectado al sistema, no paga. Si, “como es lo habitual”, se engancha a la red cuando lo necesita, “la consume efectivamente”, subraya el fallo. El tribunal también niega que haya discriminación con los sistemas de cogeneración, que están eximidos de pagar cargos asociados a los costes del sistema hasta finales de 2019: “Se trata de usuarios distintos”.

El revés judicial no ha supuesto ningún drama en UNEF. Primero, porque no esperaban un cambio de criterio del Supremo, pero sobre todo porque la llegada de un nuevo inquilino a La Moncloa ha dado un vuelco a la política energética. “El momento político es otro”, dice José Donoso, director general de UNEF, que destaca de la sentencia el hecho de que no les imponga costas: “No lo hace porque reconoce que teníamos razón al tener dudas sobre la legalidad del decreto”. Pese a dar la razón al Gobierno anterior, el fallo dice que se aprecia “que la controversia presentaba serias dudas de derecho”.

La oposición en pleno prometió derogar el decreto en 2015 y el año pasado todos los partidos presentaron una iniciativa parlamentaria para sacar adelante una nueva ley y que el autoconsumo no tenga ningún tipo de cargo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó esta semana en el foro Cinco Días que baraja dos opciones para revocar el controvertido decreto ley del PP este otoño: consensuar esa ley con el resto de partidos, o considerar que es urgente derogarlo y aprobar un real decreto ley. Ribera dijo que prefiere la primera.

“Hay que hacerlo ya. Con un precio de la energía eléctrica a 70 euros, estaría más justificado que nunca aprobar algo rápidamente en materia de autoconsumo. Contribuiría a bajar el precio de la energía eléctrica y los consumidores y las empresas podrían tener una vía de reducir su factura eléctrica”, asegura Donoso.

El cambio en la política energética que busca el Gobierno va en consonancia con el acuerdo alcanzado hace unos meses en la Comisión Europea sobre la directiva de energías renovables, que fija que el 32% de toda la energía final consumida en la UE en 2030 tendrá que ser de origen renovable. En 2021 entrará en vigor y supondrá que se deroga el impuesto al sol, puesto que cualquier ciudadano tendrá derecho a generar su propia energía y a cobrar por el excedente.