Los fondos demandan a España en EE UU para que pague los arbitrajes de renovables que perdió

Con las demandas presentadas por los fondos en Estados Unidos, tratan de evitar que España demore el pago de las indemnizaciones a las que ha sido condenada. En caso de que los tribunales den la razón a los demandantes, estos podrían tratar de forzar incluso el embargo de bienes del Estado español en Estados Unidos, según fuentes jurídicas. Los fondos también podrían tratar de entablar pleitos en otros países firmantes del convenio del Ciadi.

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra con una situación heredada del Ejecutivo de Rajoy en la que los inversores internacionales reclaman más de 7.500 millones de euros por recortes de primas a las energías renovables en una treintena de pleitos. Esa penalización de las renovables es contraria a la política que se quiere impulsar desde el Gobierno de Sánchez y el Ministerio de Transición Energética, pero la importante cantidad de dinero en juego obliga al Ejecutivo, junto con la Abogacía del Estado, a evaluar con detenimiento el problema para ver cómo defender la posición de España.

Infrastructure Services Luxembourg, Energia Termosolar, Eiser Infrastructure Limited y Energia Solar Luxembourg han demandado a España en las últimas semanas en un juzgado del distrito de Columbia para forzar la ejecución de dos laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglos para Disputas sobre Inversiones (Ciadi) en que España fue condenada a indemnizar a los inversores en renovables con unos 250 millones de euros.

En sus peticiones señalan que los laudos del Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, "deben ser ejecutados y se les debe dar la misma fe y crédito que si el laudo fuera una sentencia firme de un tribunal estadounidense" y por tanto piden al tribunal que dicte órdenes de ejecución de los laudos por las cantidades especificadas en los mismos.

España solicita una rebaja

Infrastructure Services Luxemburg y Energia Termosolar son los nuevos nombres de los fondos de Antin que demandaron a España ante el Ciadi. Sus abogados sostienen en la demanda, registrada el pasado 27 de julio, que España no tiene inmunidad para ser demandada ante un tribunal estadounidense con respecto a la ejecución de un laudo porque renunció a esa inmunidad al adherirse al convenio del Ciadi. Los fondos de Antin habían invertido 139,5 millones en plantas de energía solar en España. Esas inversiones estaban protegidas por el Tratado de la Carta de la Energía.

Los inversores demandaron a España por los recortes, como adelantó EL PAÍS, y el tribunal arbitral dictó que el Gobierno español no había dado a sus inversiones un trato justo y equitativo. Por ello, en su laudo dictado el 15 de junio pasado condenó a España a pagar una indemnización de 112 millones más intereses del 2,07% a contar desde el 20 de junio de 2014 hasta el momento del pago, más 635.431 dólares en costas del arbitraje más 2,45 millones de libras en gastos y costas legales.

España remitió el pasado 24 de julio una solicitud de rectificación del laudo alegando que el tribunal había cometido un error de cómputo de los daños a compensar. Según revela la nueva demanda, España ha solicitado que la cifra de indemnización se rebaje a 84 millones de euros y que también se reduzca la cifra de costas y gastos.

Los fondos señalan que esa "solicitud de rectificación no impide la ejecución del laudo", a diferencia de otros tipos de recursos. Consideran que si se produce una modificación del laudo ya se ajustará posteriormente, pero que eso no debe impedir la ejecución del mismo.

Otra condena de 128 millones

Eiser Infrastructure Limited y Energia Solar Luxembourg, los fondos de Eiser, han registrado otra demanda con argumentos muy similares con fecha del 19 de julio. De hecho, en ambas demandas trabaja el mismo equipo jurídico, abogados de la firma Gibson, Dunn & Crutcher, de Washington. Los fondos de Eiser invirtieron 126 millones de euros en proyectos solares en España y llevaron a España a un arbitraje en el Ciadi, también adelantado por EL PAÍS. En su caso, el laudo del tribunal de arbitraje del Ciadi condenó el 4 de mayo de 2017 a España a pagar 128 millones de indemnización más intereses.

El Estado español solicitó la anulación del laudo arbitral y al tiempo pidió que la suspensión de la ejecución del laudo. El comité que estudió el caso aceptó tramitar la petición de nulidad, pero denegó la suspensión de la ejecución del laudo si Eiser se comprometía a no disponer ni distribuir los fondos de la indemnización mientras se decidía sobre la nulidad. El pasado 8 de mayo, Eiser remitió a España un compromiso en ese sentido y el Ciadi declaró el laudo vinculante y ejecutable. España ha contestado que el compromiso de Eiser de no utilizar los fondos y mantenerlos a buen recaudo para devolverlos en caso de que se anulase el laudo no cumple todos los requisitos formales y ha pedido al comité que deje suspendida la ejecución.

Por ahora, la posición de la Abogacía del Estado, que representa a España, es que los laudos no se pueden ejecutar mientras que no se resuelvan las peticiones de rectificación y anulación pendientes. Además, España objeta cuestiones formales y considera que los fondos tampoco pueden instar el embargo de los bienes de España en los tribunales ordinarios de Estados Unidos.

Eiser ya hizo un primer intento de forzar la ejecución del laudo ante los juzgados de Nueva York, pero finalmente retiró su demanda. Otro fondo, Novenergía, también inició los trámites en este sentido en mayo Washington, pero en este caso un tribunal de apelaciones sueco dejó en suspenso la eficacia del laudo. El tribunal de apelación tuvo en cuenta una sentencia de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que consideró que la cláusula de arbitraje incluida en un acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE. La Abogacía del Estado ha tratado de usar en su favor esta sentencia que deja en el aire el sistema de arbitrajes intraeuropeo al negar su legitimidad para dirimir conflictos entre empresas y Estados en el marco de tratados bilaterales entre socios comunitarios.

La resolución de las demandas ahora presentadas en los tribunales ordinarios de Estados Unidos puede suponer un importante precedente para la ejecución de futuros laudos en que España pueda resultar condenada.