Los fondos extranjeros reclaman 7.566 millones por las primas de las renovables

Las 36 demandas pendientes de los fondos internacionales se deben dirimir en la Cámara de Comercio de Suecia (siete casos); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Uncitral (dos casos) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que lleva el grueso de las reclamaciones, con 27 demandas.

La demanda más cuantiosa es la que han presentado un grupo de 16 inversores energéticos, agrupados bajo la denominación de PV Investors, ante el Uncitral por importe de 1.900 millones de euros. En segundo lugar figura una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que reclama 840 millones. Le sigue una demanda de la alemana Signatory Banks Landensbank Baden-Württemberg, por de 482 millones. En cuarto lugar, se encuentra la reclamación de RREEF Infrastructure (GP) Limited & RREFF Pan-European por 441 millones. Y en quinto lugar la de Nextera, de los Países Bajos, por 393 millones. Es decir: los cinco frentes con reclamaciones más elevadas suman 4.056 millones, más de la mitad del grueso.

A partir de ahí, la otra treintena de reclamaciones va desde los 20,5 millones que exige un fondo de Países Bajos llamado Sevilla Beheer, a los 273 millones de los alemanes de RWE Innogy.

Del total de 36 demandas, hasta el momento el Gobierno español ha perdido un laudo y ha ganado otro. El que ha perdido se celebró ante el Ciadi con la firma británica Eiser Infraestructure, que se encuentra recurrido. Los inversores exigían 298 millones de euros pero el arbitraje del Banco Mundial les concedió 128 millones de compensación.

El Ministerio de Energía insistió en que ese laudo no era extrapolable al resto de conflictos pendientes y que “única y exclusivamente” afectaba a las tres plantas termosolares de los demandantes. Cada caso, justificó, será distinto. Según el laudo al que tuvo acceso EL PAÍS, España tuvo una defensa poco sólida en ese proceso: los testigos se contradijeron, los peritos no fueron convincentes y los abogados dieron un vuelco a su estrategia de defensa. Incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser y sus socios.

En cuanto al arbitraje que ganó el Reino de España, era frente a Isolux y lo dirimía la Cámara de Estocolmo. Consideró que os cambios normativos de 2010 en el sector renovable no violaron expectativa legítima alguna bajo el derecho internacional.

Las demandas con las que ahora se juega España al menos 7.566 millones de euros llegan por un conflicto generado a partir de 2010. Los fondos internacionales (en muchos casos integrados también por inversores españoles) interpusieron demandas por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y reforzados después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP. Los productores habían invertido fiándose de la alta rentabilidad que garantizaban las primas establecidas, vigentes entre 2006 y 2012. Y esa rentabilidad se esfumó.

Ante el cambio de reglas del juego, los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales. Los españoles libraron esa misma batalla en los tribunales españoles, y tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han avalado los recortes del Gobierno.

La pregunta parlamentaria rerevela la que se han revelado todas las cantidades exigidas por los fondos la realizaron a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú), que habían pedido además al Gobierno los informes de la Abogacía del Estado sobre los litigios. La respuesta del 6 de noviembre del Ministerio de Justicia, aclara que “las cifras definitivas del coste de los arbitrajes internacionales se han determinado por la suma de las cantidades reclamadas por los demandantes en sus escritos procesales”.