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Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico

Pensionistas, viudas y familias numerosas han visto denegada su solicitud por la complejidad de los trámites. Solo 650.000 peticiones han sido aceptadas

Solo un 25% de los actuales beneficiarios se han acogido con éxito al nuevo bono social eléctrico, que establece descuentos en el recibo de la luz de entre el 25% y el 40% para personas con rentas bajas o en situación vulnerable. Apenas un mes antes de que venza el plazo para poder solicitarlo, únicamente 650.000 usuarios de los 2,4 millones que actualmente disfrutan del bono han logrado renovarlo, por lo que más de 1,7 millones de beneficiarios se quedarían fuera. La falta de información y la complejidad de la tramitación está provocando que decenas de miles de solicitudes, en particular de pensionistas y viudas, no se tramiten o se denieguen.

Bono social electrico
Una pensionista revisa su factura de la luz.

El próximo 8 de octubre vencerá el plazo para solicitar el nuevo bono social eléctrico. Pero a 31 de julio pasado, solo uno de cada cuatro de los actuales beneficiarios de ese descuento había logrado renovarlo, según cifras de las empresas y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Del total de peticiones tramitadas positivamente 317.000 corresponden a consumidores “vulnerables severos”, con derecho a descuentos del 40%, y otros 333.000 al resto de colectivos. De esta forma, y si sigue el ritmo actual de peticiones, más de un 1,7 millones de potenciales beneficiarios -especialmente pensionistas y viudas- pueden quedarse fuera de este sistema de ayudas, en un momento además en el que el recibo de la luz se ha disparado y está alcanzando máximos por la subida de los combustiblesy los gravámenes medioambientales.

Hasta el momento, la explicación oficial de esta carencia, ofrecida tanto por el anterior Ministerio de Industria del PP como del actual Ministerio para la Transición Ecológica del nuevo Gobierno del PSOE, es que muchos de los beneficiarios no están presentando la solicitud por falta de información. Pero, según ha podido conocer este diario en fuentes del proceso, ha habido además miles de solicitudes que han sido rechazadas por cuestiones menores de procedimiento y por el mal funcionamiento de la burocracia, derivados de la dificultad de tramitar la prolija documentación que exige la nueva norma.

Entre los colectivos más perjudicados por este rechazo se encuentran los pensionistas y las viudas. La anterior Ley de 2013 estipulaba unos requisitos relativamente sencillos para poder acceder al bono social, entre los que se incluían tener 60 años o más y ser pensionista por jubilación o viudedad. La nueva norma de octubre de 2017 reformuló completamente esos criterios y los hizo más estrictos.

El próximo 8 de octubre vence el plazo para poder solicitarlo

Pensionistas y viudas

A los pensionistas por jubilación o incapacidad permanente se les exige ahora que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para estas clases de pensión y “no perciban otros ingresos”. De esta forma, las peticiones de muchos jubilados han sido denegadas automáticamente al admitir que tenían unos ingresos extra además del de la pensión, aunque dichos ingresos fueran mínimos, por ejemplo, los intereses de la cuenta corriente o de un fondo de renta fija. Se dan casos de rechazo por unos ingresos al margen de la pensión de 7 euros anuales. Hay que tener en cuenta que según las cifras de la Seguridad Social, 1,7 millones de pensionistas perciben la pensión mínima, por lo que la mayoría de este colectivo se va a quedar fuera del bono social de acuerdo al número de solicitudes aprobadas hasta el momento.

En el caso de las viudas, el problema reviste aún más gravedad porque la figura de este colectivo desapareció de la norma como tal, y ahora deben solicitar el bono social acogiéndose a una renta mínima.

Hay pensionistas que les han denegado el bono por tener unos ingresos extra de 7 euros

Muchas de las familias numerosas o de los colectivos con menores rentas se han topado con que les exigían que estuvieran todos los miembros de la unidad familiar empadronados en el domicilio, sin tener en cuenta que, debido a la crisis, muchas familias han tenido que reagruparse en un mismo domicilio, en el que conviven padres, hijos mayores de edad anteriormente independizados e incluso abuelos.

Otros de los graves inconvenientes que ha producido ese retraso es que son las comercializadoras de electricidad -filiales de las eléctricas- las encargadas de tramitar las peticiones, y de admitirlas o denegarlas. Las compañías ya se quejaron de que esa tramitación debía corresponder a un organismo público porque conllevaba la comprobación de requisitos sociales y de renta para las que no estaban capacitadas, ni tenían oficinas ni personal suficiente para tramitarlas.

De hecho, las comercializadoras rehusaron la comprobación de documentos como certificados de incapacidad, de violencia de género o declaraciones de la renta necesarios para obtener el bono porque la ley de Protección de Datos les impedía su acceso, y se tuvo que introducir un anexo en la norma del bono social el pasado mes de abril que capacitara a las compañías mediante una aplicación informática para manejar esta documentación sin incumplir la ley.

Las eléctricas ya avisaron de que no tenían medios para tramitar las solicitudes

Otra causa muy común de denegación es que el usuario, sin saberlo, se ha cambiado al mercado libre desde el regulado (el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC), el único que puede solicitar el bono, y las compañías no les instan a que vuelvan al mercado regulado para poder volverlo a pedir.

Las quejas que han llegado al Ministerio también apuntan a que a muchos usuarios que ven denegada su petición no les informan que pueden volver a solicitarla acogiéndose a otra figura. Por ejemplo, los pensionistas con ingresos extras que tienen derecho al bono también por sus bajas rentas. 

La CNMC, en colaboración con Civio, ha puesto en marcha una aplicación online para ayudar a solicitar el bono social eléctrico.

Requisitos para el bono social

Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico

El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales. Los descuentos del bono social se aplican en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados.

El real decreto establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta para los diferentes descuentos en la factura de la luz. En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en un poco menos de 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros, por ejemplo, en el caso de una familia con dos menores.

El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. Los consumidores considerados "vulnerables severos" tendrán un descuento del 40% y su renta familiar deberá ser inferior a la mitad de la de los umbrales establecidos para los vulnerables.

El real decreto establece una tercera categoría, la de consumidores en riesgo de exclusión social, que, además de tener rentas por debajo del umbral fijado para los severos, son atendidos por los servicios sociales de su comunidad autónoma y ésta les paga al menos el 50 % del importe de su factura. A estos consumidores no se les podrá cortar la luz en caso de impago y para ello la nueva regulación establece un mecanismo por el que las comercializadoras de electricidad tendrán que hacer una aportación financiera adicional

 

"Campaña masiva" urgente o nueva prórroga

Más de 1,7 millones de beneficiarios, al borde de quedarse sin el bono social eléctrico

El anterior bono social fue reformado en octubre de 2017 después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria. El nuevo régimen modificó radicalmente las condiciones para tener derecho a esos descuentos en la factura, y obligaba a los beneficiarios a volverlo a solicitar a sus compañías con las que tenía contratada la luz, ya que su concesión no es automática.

La falta de información y los problemas burocráticos han propiciado que sean pocos los usuarios que han realizado este trámite. El problema no es nuevo. Ya el anterior Gobierno del PP tuvo que prorrogar seis meses el primer plazo, que acababa el pasado 10 de abril, y alargo su vencimiento hasta el próximo 10 de octubre.

El Ministerio de Energía, entonces dirigido por Álvaro Nadal, puso en marcha el pasado mes de abril una campaña publicitaria para animar a los consumidores a realizar el trámite y se habilitó una nueva página web para mostrar todos los requisitos del bono social y cómo solicitarlo.

Tras el cambio de Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció a principios de agosto que se activaría una “campaña masiva” para facilitar que los potenciales beneficiarios se acojan al nuevo bono social, mediante un procedimiento más sencillo y reconoció que el porcentaje de los que lo habían pedido era “ridículo”.

De esa campaña no se ha vuelto a saber nada, pero el pasado miércoles, Ribera volvió a anunciar un paquete de medidas para controlar el incremento del recibo de la luz especialmente dirigido a "los colectivos con menos recursos". Estas iniciativas, que se presentarán en la comparecencia de la ministra en el Congreso del próximo 19 de septiembre, se producen tras el incremento del precio de la luz registrado en los últimos meses, y que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado, registrando su nivel mensual más alto desde enero de 2017.

En fuentes del sector, estiman que ya no hay tiempo suficiente para tramitar los miles de solicitudes pendientes, y que el Ejecutivo deberá prorrogar de nuevo el plazo si no desea dejar fuera del mismo a decenas de miles de beneficiarios.

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