El Senado rechaza la senda de déficit del Gobierno

El PP ha impuesto su mayoría absoluta en el Senado para rechazar con 150 votos, incluidos los de Ciudadanos, 97 a favor y una abstención la senda de déficit presupuestaria del 1,8% para 2019 (cinco décimas por encima de la que fijó el Gobierno de Mariano Rajoy) que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó adelante la semana pasada en el Congreso. Si se hubiera aprobado, habría permitido disponer de 6.000 millones de euros más a repartir entre las comunidades autónomas, la Seguridad Social y la Administración central. Unidos Podemos, Compromís, los nacionalistas vascos e independentistas catalanes han apoyado los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el periodo 2019-2021 pero, a diferencia de lo ocurrido en el Parlamento, el reparto de fuerzas ha resultado insuficiente en la Cámara alta para sacar adelante el proyecto, ya que la hegemonía del PP se ha impuesto en la votación de este jueves. La constitución del Parlamento de Andalucía, presidido por Ciudadanos y paso previo a una Junta que presidirá el PP y acabará con 36 años consecutivos de gobiernos del PSOE en la región, ha marcado el debate además de la siempre presente crisis territorial en Cataluña.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado a la bancada de la derecha a que permitiese, aunque fuera con su abstención, la aprobación de la revisión de la senda del objetivo de déficit, que además sentaría las bases para los Presupuestos de 2019. Para ello ha recordado que la revisión del déficit contaba con el visto bueno de la Unión Europea y también del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que engloba al Ejecutivo y a los consejeros autonómicos de Hacienda. "Pueden optar por una política de tierra quemada o por el interés común. Apoyar esta senda de estabilidad no es apoyar al Gobierno, harán una apuesta por el interés general", ha apelado Montero. La ministra ha insistido en el carácter excepcional de la ley de estabilidad, que ha calificado de "injusta".

Al contrario de lo que ocurre con los Presupuestos y otras leyes, que en caso de ser rechazados en la Cámara alta regresan al Parlamento, donde pueden ser aprobados si cuentan con el respaldo suficiente, el Senado tiene capacidad de veto en la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera desde un cambio legislativo que el Gobierno del PP impulsó en 2015. El PSOE presentó por la mañana un recurso ante el Tribunal Constitucional dado el bloqueo de PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso de la ley para tramitar la ley de estabilidad presupuestaria con rapidez, como pretenden los socialistas desde septiembre.

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha hecho hincapié en la "perversión democrática" que supone que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta con el 35% de los votos, vaya a vetar una decisión adoptada por el 55% del Congreso. "Muy lógico no parece", ha cuestionado. "Vamos a votar con toda la legitimidad que nos da nuestra mayoría en el Senado", ha replicado el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, que ha subrayado que no respaldan el techo de gasto del Gobierno "que ha sido negociado con sus socios secesionistas al precio de poner en riesgo nuestro orden constitucional".

Cosidó ha mostrado una imagen de la reunión de la semana pasada en el Palacio de Pedralbes en la que salían el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Meritxell Batet (Política Territorial y Función Pública). por parte del Gobierno, con el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès y la consellera de Presidencia Elsa Artadi, por parte de la Generalitat, para expresar la "indignación" de "una mayoría de españoles" por la decisión de Sánchez de "sentarse a hablar del derecho de autodeterminación de una parte de España, como ha propuesto Torra".

"Pactos secretos"

Frente a las posiciones del partido en el Gobierno, PP y Ciudadanos han coincidido también en cuestionar el contenido del discurso "de falsas promesas" de la ministra Montero, según el senador popular Juan Antonio de las Heras. El representante del PP se ha remontado a la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, obviando los seis años y medio del mandato de Rajoy, para rebatir el impacto que tendría la flexibilización de la senda de déficit. "¿Con 6.000 millones de euros más se recuperará todo lo que se destrozó en la legislatura de 2008-2011? ¡Y pretenden proteger a la gente con impuestos intolerables!", ha afirmado.

Francisco Javier Alegre, senador de Ciudadanos, ha vinculado el intento del Gobierno de aprobar la senda de déficit, que no logró sacar adelante en verano, con los "pactos secretos" con Quim Torra, en alusión a los 21 puntos que el president de la Generalitat entregó al presidente del Gobierno el jueves pasado en la reunión que mantuvieron en el Palacio de Pedralbes de Barcelona. Una propuesta que el Gobierno no considera. Ciudadanos también ha justificado su negativa a la senda de déficit aseverando que "pone en riesgo" la economía española al inflar en unos 4.500 millones de euros unos ingresos a su entender "teóricos". Otro motivo que ha dado el partido de Albert Rivera es que no se aborda "ni una reforma que permita sostener" el gasto en el tiempo.

Como ya hicieran la semana pasada en el Congreso, los partidos independentistas catalanes han reiterado su apoyo a la senda de déficit. "Tuvimos en el Congreso un gesto de buena voluntad y hoy lo volveremos a hacer pese a sus propuestas de fachada", ha manifestado Bernat Picornell, de ERC, que se ha referido con ironía a la "gran propuesta" de cambiar el nombre del aeropuerto de El Prat y añadirle el de Josep Tarradellas, president de la Generalitat en el exilio durante la dictadura. "Votamos a favor porque nos lo pide el Govern, nos comemos nuestro orgullo mientras tenemos a gente en la cárcel en prisión preventiva desde hace más de un año", ha señalado en alusión al líder de su partido, Oriol Junqueras. Josep Lluís Cleries, senador del PDeCAT, ha recordado que no aprobar la senda de déficit supondrá que la Generalitat no dispondrá de 470 millones de euros para políticas sociales antes de cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.