El PP y Ciudadanos bloquean la tramitación de 37 leyes de Sánchez

La iniciativa legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez tiene un camino complicado. Por un lado, PP y Ciudadanos han convalidado algunos de los decretos leyes presentados por el Ejecutivo (Ciudadanos apoyó 11 de 16 y el PP, 9). Pero en la tramitación de las leyes ordinarias la posición es otra: los dos partidos plantean prórrogas encadenadas que impiden que las reformas que se tramitan puedan avanzar. Ha sucedido en total con 37 leyes, algunas de las más emblemáticas del Gobierno, como la eutanasia, la memoria histórica, la ley de estabilidad presupuestaria, la ley mordaza o la despenalización de los piquetes de huelga.

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Los decretos leyes son las únicas normas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aseguradas. Su aprobación en el Consejo de Ministros tiene una traducción efectiva en el Congreso, ya que la mayoría parlamentaria que se creó en la moción de censura contra Mariano Rajoy suele repetirse —y, en muchas ocasiones, incluso PP y Ciudadanos han votado a favor—. A pesar de las críticas por su amplia utilización, el Gobierno sostiene que es la única forma de llevar adelante sus políticas porque, por otro lado, las leyes que quiere tramitar en el Congreso por la vía ordinaria se encuentran sistemáticamente con el bloqueo de PP y Ciudadanos, que usan el recurso a pedir prórrogas en la tramitación.

Algunos proyectos y proposiciones de ley llevan entre una y cinco prórrogas, pero otras han sido ya pospuestas en decenas de ocasiones. No hay posibilidad de poner límites a este encadenamiento de prórrogas porque incluso la norma que presentó el PSOE para limitar las prórrogas y que esto no ocurra ha corrido la misma suerte y no ha comenzado a tramitarse aún.

Las protestas del resto de los grupos no sirven de nada. Tanto el PSOE como Unidos Podemos y los grupos nacionalistas denuncian el “uso torticero” del reglamento del Congreso, pero carecen de mecanismos para evitarlo.

Con cierto aire de trascendencia, el pleno del Congreso aprobó el pasado 25 de octubre la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Desde entonces, su regulación ha sido prorrogada 14 veces. La oposición vivió un espejismo al permitir el PP y Ciudadanos que se debatieran las enmiendas a la totalidad el pasado mes de junio. Pero, según reconocen fuentes del PP, fue solo una decisión política para que se conociera la posición de su grupo en contra de esa regulación y a favor de otra ley, la de muerte digna.

Una vez que se desarrolló ese debate político, el grifo se volvió a cerrar y empezó la petición de prórrogas. Por tanto, aún no se ha empezado con la discusión de enmiendas ni con los trabajos de comisión, previos al pleno. No hay tapujos en el PP para reconocer que en la medida que puedan no facilitarán ni lo que llaman “contrarreformas” del PSOE a las leyes aprobadas por el PP y sus socios parlamentarios, ni la aprobación de medidas con las que no están de acuerdo.

Tampoco hay intención de facilitar que se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no tenga la última palabra en la aprobación del techo de gasto. Esta ley ya ha sufrido 10 prórrogas, por lo que la norma vigente propiciará que esta semana el Senado rechace la senda de déficit que el Congreso aprobó el pasado jueves.

Por 44 veces ha sido prorrogada la proposición de ley para incluir la obligación de registrar diariamente el horario de entrada y salida de los trabajadores para evitar la situación actual en la que muchos empleados hacen muchas más horas que las que el empresario declara.

Las reformas en el ámbito de las leyes del Código Penal llevan especial retraso. La paralización de la proposición de ley para derogar el plazo máximo para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal acaba de tener un efecto inmediato. El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, se ha beneficiado de la limitación a seis meses de la instrucción de las causas penales aprobada por su partido en 2015.

Transcurridos los seis meses sin tomarle declaración por parte del juez y la tardanza de la fiscalía en pedir la ampliación del plazo de investigación, ha sido absuelto. “Esto sí que es un indulto llevado a cabo por Pablo Casado y Albert Rivera”, clama en sentido metafórico el secretario general del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas. Las leyes detenidas no son todas de inspiración propia sino que muchas tienen la firma originaria de Unidos Podemos, del PNV y del Grupo Mixto, en el que está el PDeCAT.

La modificación en el Código Penal de los artículos que afectan a los piquetes de huelga es una de las propuestas que inició el partido que lidera Pablo Iglesias, y que va ya por la prórroga número 57. La derogación de aspectos de la llamada ley mordaza es otra de las normas que espera turno para su desarrollo.

La petición de urgencia no siempre se aprueba por la mayoría que conforma el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, pero incluso aunque así sea, estos grupos tienen mecanismos para posponer el comienzo de la tramitación. Y todo dentro de las normas del Reglamento cuya reforma también está parada.

De momento esto ocurre con la proposición de ley “sobre bebés robados en el Estado español” que está pendiente del informe de la ponencia sobre si la ley debe o no tener carácter orgánico. Más y más peticiones de aclaraciones, como el caso citado, que retrasan la tramitación. Y todo es legal. Esta proposición fue tomada en consideración el 20 de noviembre.

Desde el 26 de junio hay en el Congreso una proposición de ley, aprobada por el pleno, para la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado de menores por parte de sus progenitores en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, impulsada por Podemos. La prórroga se ha pedido ya 14 veces. Diez ampliaciones tiene la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables por pobreza energética, que tiene el visto bueno para empezar a andar desde el 18 de septiembre.

Las prórrogas de muchas de estas leyes culminan este miércoles. Si vuelven a solicitarse no volverán a plantearse hasta el mes de febrero al ser enero vacación mes inhábil en el Congreso.