La política de vivienda del Gobierno de Moreno se apoya en la inversión municipal y estatal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, entregaba este martes a Alfonso Ferre las llaves de una de las 64 nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, construidas en el barrio almeriense de Costacabana. El barón popular ha aprovechado el acto para reclamar la unidad de todas las administraciones públicas para aportar “soluciones grandes ante el problema grande” que representa la escasez de vivienda asequible en España, y ha reivindicado el plan de choque que su Gobierno aprobó la semana pasada, que contempla la promoción de 20.000 nuevas edificaciones de carácter público en los próximos cinco años. Aunque en la presentación de esa iniciativa, la consejera de Fomento, Rocío Ruiz, cuestionó muy duramente la política de vivienda del Ejecutivo español -“la ley de vivienda del señor Sánchez ha traído el colapso”, aseguró-, el hecho es que sin la inversión estatal y municipal, la promoción que ha inaugurado el dirigente andaluz, no hubiera sido posible.

En el acto de Almería se entregaban los pisos de una promoción de viviendas que ha requerido de una inversión de 8.730.700,13 millones de euros, de los que el Ayuntamiento almeriense ha aportado el 57,66% (cinco millones); el Gobierno de España, a través del Plan Estatal del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana -que cuando se firmó el convenio tenía las competencias en materia de vivienda-, el 12,77% (1,114 millones) y el resto, el 29,57% (2,581 millones), provienen de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia destinados al impulso de políticas de vivienda. Moreno, sin embargo, no lo ha explicado así y, tras destacar la aportación de cinco millones del ayuntamiento, a través de la empresa municipal de vivienda, ha indicado que “la Junta ha aportado 3,7 millones del Plan Vive” y el resto de “fondos Next Generation del Estado”, sin aludir a la cantidad.

Sin embargo, esos 3,7 millones que se arroga Moreno provienen de la financiación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (1.117.218 euros) y del Plan de Recuperación (2.581.571), que son las cantidades que aparecen consignadas en el convenio firmado para la construcción de esa promoción, según la información de la web del Ministerio de Vivienda, y en el que no aparece ninguna aportación específica de la Junta de Andalucía. Y es que, en muchas de las promociones en las que el Gobierno autónomo hace entrega de las llaves a los beneficiarios de las viviendas construidas, su papel es el de mero canalizador de unas partidas que provienen de las arcas locales, a través de la empresa municipal de vivienda, de promotores privados y del Ministerio de Vivienda. Una función similar a la de la gestión del Bono Alquiler Joven, cuyos fondos son provistos por el Ejecutivo central y cuya distribución corresponde a la Junta.

La alcaldesa de Almería ha explicado bien el funcionamiento de esta cooperación: “En esta promoción ha sido fundamental la colaboración de las administraciones y quiero agradecer expresamente a la Junta de Andalucía, a su presidente Juanma Moreno, que haya canalizado esos fondos que el Gobierno ha solicitado a Europa”. Esa función de transmisor es la que ha realizado la Junta de Andalucía en la mayoría de las promociones de vivienda pública a cuyas inauguraciones o colocación de primeras piedras ha asistido la consejera andaluza de Fomento en los últimos meses y donde los principales impulsores de las obras han sido los Ayuntamientos -que actúan bien como promotores o cediendo el suelo- en colaboración con el Gobierno central, que financia sus aportaciones a través del Plan Estatal de Vivienda, el de Recuperación, Transformación y Resiliencia o el plan precursor de Vivienda en Alquiler Asequible, de acuerdo con el análisis que ha realizado este diario.

Así, el pasado 27 de junio, Díaz asistía junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, al acto de colocación de la primera piedra para la construcción de 137 viviendas protegidas en régimen de alquiler de la promoción de vivienda pública Residencial Puerta Jerez, donde de los 23 millones presupuestados, la empresa municipal Emvisesa aportaba el 59% de la inversión, y el Gobierno central, el 41%, al amparo de los fondos NG y del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación; el 16 de julio los mismos protagonistas se daban cita para colocar también la primera piedra para la construcción de 278 viviendas protegidas en régimen de alquiler en el barrio de Palmas Altas, de los que el 63% de los 46,7 millones de euros provenían de Emvisesa y el 37% del Ministerio a través de fondos europeos o ayudas directas al consistorio hispalense.

En septiembre de 2024, la consejera de Fomento acompañaba a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y al alcalde de Chiclana, José María Román, en la colocación de la primera piedra de otra promoción de 47 viviendas asequibles, donde el Ayuntamiento aportó el suelo y el 65,78% de lo presupuestados (5,316 millones) y el Gobierno central puso el 34,22%. Ese mismo mes, era el propio Moreno quien acompañaba a Rodríguez y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la colocación de la primera piedra de 530 viviendas presupuestadas en 25,6 millones de euros, de los que el MIVAU transfirió el 28,77%, el consistorio el 15,23% y el promotor privado el 56%restante. En este acto, el presdiente de la Junta aludió al plan Ecovivienda de su administarción, pese a que en este proyecto, no aportó nada.

El pasado mes de noviembre, la ministra, la consejera y el alcalde de Sevilla volvían a coincidir en la colocación de la primera piedra de la promoción de 92 viviendas protegidas valoradas en 11,14 millones, de los que el 69,44% fueron asumidos por el MIVAU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el Plan 20.000 viviendas y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025; y el resto por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. En diciembre la consejera, el regidor hispalense y el secretario de estado inauguraban otra construcción de 58 viviendas protegidas, donde el Gobierno asumió el 62,35% del coste, la Junta el 11,39%, y Emvisesa, como promotora, el 26,26% restante.

El Gobierno de Moreno es de los más beligerantes en materia de vivienda. Esta misma mañana, el presidente andaluz ha llamado la atención sobre el encarecimiento del suelo, que hace que suban los precios de la vivienda y ha puesto en valor la iniciativa de su plan de choque de permitir a los ayuntamientos cambiar el uso de solares destinados actualmente a equipamientos turísticos o de oficinas para destinarlos “de manera inmediata” a la construcción de vivienda protegida, una medida que, precisamente, está amparada por la ley de vivienda estatal que tanto critica la Junta.