Los tribunales tumban las sanciones contra los coches de Uber y Cabify

La sanción más común que reciben las VTC es por “estar estacionado en vía pública a la espera de la captación de clientes sin estar previamente contratado”. Las multas alcanzan los 601 euros al ser consideradas una infracción grave del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990, según las administraciones demandantes. Pero los tribunales consideran que el hecho de que un vehículo VTC se encuentre estacionado en la calle, aunque sea en las cercanías de una estación de tren o autobús, un aeropuerto o un estadio de fútbol no presupone que se quiera captar viajeros. Alegan, además, que la mera denuncia del agente —usualmente un policía municipal— no sirve de prueba suficiente que acredite este comportamiento y que la legislación vigente no recoge esa figura del estacionamiento como motivo de sanción.

Así consta en al menos tres sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid contra otras tantas sanciones de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

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Los fallos judiciales contradicen la tesis que defienden las asociaciones de taxistas de que muchas de las empresas de VTC actúan en realidad como taxis, ya que recogen al público en la vía o estacionan en lugares donde hay una potencial demanda de viajeros (estadios, estaciones, locales de ocio, etcétera) para captar rápidamente a los pasajeros en cuanto estos solicitan un trayecto a través de las app como Uber o Cabify.

Las VTC se sienten acosadas

Se estima que actualmente se están tramitando más de 2.000 expedientes sancionadores por esta causa solo en la Comunidad de Madrid que pueden ser anulados. Las empresas de VTC aseguran que sienten “acoso” por las administraciones regionales y municipales, que incluso aluden al incremento de las sanciones para acallar las protestas de los taxistas que piden mano dura contra estos competidores.

Así, una sentencia del 30 de noviembre pasado del juzgado de lo contencioso-administrativo número 32 de Madrid, anula la sanción de 601 euros impuesta a un vehículo VTC el 22 de marzo pasado por “captar clientes en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón”. El fallo asegura que el vehículo no estaba contratado porque no tenía cliente y al no tenerlo no incumple la normativa que exige el retorno a base local o lugar de estacionamiento específico por lo que puede perfectamente estar estacionado en la vía pública sin cometer infracción alguna.

El juzgado asegura que corresponde a la Administración demandada la carga de la prueba y acreditar en concreto si existe captación al cliente y que no queda probada por el mero estacionamiento del vehículo. “Propiciar la captación de cliente supone algo más que la conducta pasiva de estar estacionado en la vía pública en una estación de servicio, en un aeropuerto o en las cercanías del estadio de fútbol. Es una actividad por parte del personal de la empresa para intentar atraer clientes al servicio […]. El hecho descrito consistente en el estacionamiento es insuficiente para destruir la presunción de inocencia correspondiendo la carga probatoria la Administración demandada”, indica el juez.

Otra sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Madrid anula una sanción también de 601 euros de la Consejería de Transportes de Madrid que se impuso a un conductor de VTC el 27 de julio de 2016. La denuncia del Policía Municipal alegaba que el coche estaba estacionado en una gasolinera entre las terminales T1 y T2 del aeropuerto de Madrid-Barajas a la espera de clientes sin estar previamente contratado.

Falta de pruebas

La sentencia señala que “ciertamente el mero estacionamiento en una gasolinera no presupone, per se, que se están captando clientes en aras a la presunción de inocencia” y, por tanto, existe “una falta de prueba de cargo suficiente” por lo que atiende el recurso de la empresa de VTC demandada y anula la sanción.

Esta sentencia también señala que la disposición derogatoria única del Real Decreto de 20 de abril de 2018 derogó varios párrafos del artículo 182 del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres en los que se basaba la instrucción del expediente sancionador.

Un fallo del 30 de abril de 2018 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 32 de Madrid, ya anuló una sanción de febrero de 2017 de 601 euros contra una empresa socia de Cabify, alegando que la Comunidad de Madrid no define qué se entiende como “acción de búsqueda de clientes” o “captación de viajeros”. Y el hecho de que“haya sido fijada unilateralmente por la propia Administración demandada en sus resoluciones sancionadoras sin mencionar la fuente normativa o jurídica que ha establecido la descripción así utilizada, cuestiona su legalidad”, indica el fallo.

La sentencia deja claro que la descripción de acción en búsqueda de clientes no parece definida en ninguna de las normas de la legislación vigente sobre VTC, a saber, el artículo 141.8 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, ni en el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, ni en el artículo 23 de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero.

También hay varias sentencias que deniegan multas de 401 euros cada una impuestas por la Comunidad de Madrid por incumplir la obligación de los VTC de llevar una hoja de ruta o rellenarla de forma incompleta. Así lo dictan dos fallos de los juzgados de lo contencioso número 10 y número 3 de Madrid, del 25 de septiembre y del 26 de noviembre pasados, respectivamente. Los fallos deniegan la petición de la Administración de que se identifique al pasajero.

Los juzgados prohíben las restricciones en Córdoba y Granada y vuelven a rechazar el reglamento de Ada Colau

Otro grupo de sentencias prohíben expresamente el intento de Ayuntamientos como el de Córdoba, Granada o Barcelona de impedir el acceso al centro de las ciudades o zonas restringidas al tráfico. Una de las más novedosas, que el Ayuntamiento de Barcelona que dirige Ada Colau no ha hecho pública, es la que dictó el pasado 27 de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que rechaza revocar la suspensión cautelar del Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

La sala acordó el 26 de septiembre de 2018 suspender cautelarmente ese reglamento de Colau que pretendía restringir la circulación de los VTC en el área metropolitana al exigirles una segunda licencia municipal para operar. Esa suspensión fue la chispa que dio lugar a las movilizaciones protagonizadas por los taxistas el pasado verano que comenzaron en Barcelona y se extendieron luego a Madrid, Sevilla, Valencia y otras ciudades. En las mismas, cientos de taxistas cortaron grandes vías y protagonizaron actos vandálicos, hasta que el Ministerio de Fomento anunció una nueva normativa que da un plazo de cuatro años a las VTC para que sigan circulando.

Contra esa suspensión del Reglamento, presentaron recurso el Consejo del AMB, la Plataforma Integral del Taxi y la Asociación Nacional del Taxi de Madrid, pero el TSJ de Cataluña ha vuelto a denegar la petición, y además argumenta que el decreto ley de Fomento de 28 de septiembre prueba el acierto de su decisión inicial ya que la norma garantiza al menos por cuatro el estatus del que venían disfrutando en el ámbito urbano las autorizaciones VTC, que de haberse aplicado el reglamento de la AMB se hubieran visto “cercenadas de forma difícilmente reparable”.

Otra sentencia del juzgado de lo contencioso número 2 de Córdoba del pasado 15 de noviembre suspende cautelarmente la decisión del Ayuntamiento cordobés, gobernado por el PSOE con el apoyo de Podemos, de restringir la entrada de los VTC en el centro de la ciudad.

Asimismo, un juzgado granadino ha paralizado de forma cautelar la medida del Ayuntamiento de Granada para limitar el acceso al centro de la ciudad de los VTC, los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify por entender que la medida puede “suponer una vulneración de las normas de la defensa de la competencia".