El TSJC suspende cautelarmente la regulación de las VTC de Colau

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido cautelarmente y de forma provisional el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB, que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) que regula las licencias VTC (alquiler de vehículos con conductor), lo que limitaba la actuación de compañías como Uber y Cabify. La entrada en vigor de la regulación metropolitana, muy aplaudida por los taxistas, estaba prevista para el próximo mes de agosto.

La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha hecho público este jueves un auto en el que acepta así la medida cautelar solicitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al tiempo que convoca al AMB y a la Comisión a una vista que tendrá lugar el próximo 26 de julio. La normativa de la AMB prevé que los vehículos de alquiler con conductor tengan, además de la licencia VTC una segunda autorización pública, del Instituto Metropolitano del Taxi. Además, fija una ratio máxima de una licencia VTC por cada 30 de taxi.

En el auto, el TSJC cita cuestiones de competencia entre administraciones --"las VTC son títulos habilitantes estatales", señala-- y alerta de que el reglamento metropolitano podría comportar la pérdida de licencias VTC ya existentes.

La decisión del TSJC tiene trascendencia porque el Área Metropolitana de Barcelona ha sido la primera institución local en regular las licencias VTC y otras ciudades como Madrid preparaban normativas en la misma línea, acotando la actividad de las aplicaciones en favor del taxi. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han respondido que la AMB acudirá a la cita del tribunal "con el propósito de defender la citada normativa".

El auto que acepta la medida solicitada por la CNMC llega coincidiendo con el día que se ha conocido otro recurso contra la regulación metropolitana, en este caso por parte del Ministerio de Fomento, que apunta a razones competenciales: afirma que la regulación del transporte es competencia del Estado y no de una entidad local.

En el caso del recurso de Fomento, el gobierno de Colau ha reaccionado expresando su "sorpresa" por la reacción contra el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobado a finales de junio que acotaba las licencias de alquiler de vehículos con conductor, las llamadas VTC (las autorizaciones que utilizan plataformas como Cabify o Uber). Fomento apoya su recurso en que las competencias en la materia son estatales, pero el gabinete jurídico de la AMB presentará alegaciones "para hacer valer" su reglamento. Mientras, los taxistas han convocado una jornada de huelga y protestas para el próximo miércoles día 25. Será la sexta en lo que va de año.

Fuentes municipales ven "precipitación" en la presentación del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por parte del Ministerio y aseguran que estaban "en conversaciones con la Secretaría General de Transportes Terrestres para explorar vías de diálogo". "Siempre hemos estado abiertos al entendimiento y a la búsqueda de nuevas fórmulas de regulación de las normativas" sobre transporte de viajeros con conductor, indican las mismas fuentes, que ven la normativa metropolitana "plenamente legitimada y de acuerdo con las competencias del ámbito metropolitano, en base a razones de carácter medioambiental, de congestión de tráfico y de calidad del aire". "Esta medida supone gobernar lo que ocurre en nuestras calles y frena a la más que probable entrada de nuevas licencias VTC que congestionarían más el tráfico y que perjudicaría nuestro transporte público y nuestra calidad del aire", insisten.

El reglamento de la AMB, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de agosto, obliga a los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC) a obtener un permiso especial para poder operar entre un lugar y otro de los 36 municipios de la conurbación barcelonesa. Una medida que comportaba reducir el número de licencias de 1.035 a 399 y que beneficiaba a los 10.500 taxistas que llevaban meses denunciando la reducción de ingresos por la competencia “desleal” que realizan este tipo de servicios con chófer.

El recurso del Ministerio de Fomento abre un nuevo capítulo de la pugna por el mercado del transporte urbano de personas que mantienen los taxistas y aplicaciones como Uber o Cabify, que apoyan su negocio en las licencias de alquiler de vehículos con conductor. El Ministerio de Fomento basa su recurso en un conflicto de competencias (sostiene que quien regula el transporte es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por encima de la administración local).

Fomento anunció ayer que recurrirá el reglamento desarrollado por el Área Metropolitana de Barcelona alegando que invade las competencias estatales en esta materia. "Con el informe recibido, Fomento no tiene otra posibilidad que la presentación del recurso dado que, de no hacerlo, estaría dejando de cumplir con su obligación de defender el marco competencial vigente", señala el Ministerio.

El recurso del Ministerio se suma al que presentó la patronal de las VTC la semana pasada. Y los taxistas, que celebraron el reglamento metropolitano como una forma de defender el taxi como servicio público y regulado desde la administración, no han tardado en reaccionar.

El sindicato Élite Taxi ha convocado una nueva huelga para el día 25 de julio. Un paro de 12 horas, desde las seis horas de la madrugada hasta las seis de la tarde, además de una manifestación a mediodía que quieren finalizar en la sede de la Delegación del Gobierno. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) también lamentó la decisión de Fomento y se posicionó en contra, ante una normativa que, considera, responde al trabajo realizado por la asociación para eliminar la asimetría existente entre taxis y VTC.