España
LOS PAPELES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
"De la Vega subrayó que España no tiene reparos a los vuelos de inteligencia a través del territorio español. Ellos simplemente quieren ser informados y si fuera necesario, poder demostrar que ejercían una vigilancia apropiada", asegura un cable confidencial enviado a Washington.
La desconfianza sobre Garzón
La Embajada de EE UU en Madrid tuvo en su punto de mira a la Audiencia Nacional y, sobre todo, a los jueces y fiscales que manejan asuntos que afecten a su país. Los documentos secretos revelan que uno de los magistrados con mayor marcaje era Baltasar Garzón, sobre todo ante la posibilidad de que iniciara procedimiento contra autoridades estadounidenses por torturas a presos en Guantánamo.
Las reacciones del mundo jurídico
"Una obscenidad", según Leopoldo Torres, uno de los abogados de los familiares del caso Couso. "Un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial", según la Asociación Libre de Abogados (ALA), que define como "clientelismo y vasallaje" la relación entre la Fiscalía española y la Embajada de Estados Unidos en los casos más preocupantes para el Gobierno de ese país que se siguen en la Audiencia Nacional y en los que ALA ejerce la acusación: Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guantánamo.
Las reacciones sociales y políticas
La izquierda parlamentaria aumenta su presión sobre el Gobierno para que explique las revelaciones publicadas por EL PAÍS, a través de los papeles del Pentágono; El PP acusa al Ejecutivo de "doble moral"; CiU pide silencio; los ministros callan y el PSOE manifiesta que lo importante es que se ha cumplido con las reglas del Estado de Derecho.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, negó ayer que la Fiscalía hubiese "asesorado" a la embajada de Estados Unidos y expresó su preocupación porque la opinión pública pueda hacerse una "impresión falsa" del funcionamiento de la justicia a partir de "informes confidenciales no contrastados" filtrados a Wikileaks.
Otro plan anticrisis
En pleno acoso de nuevo de los mercados, con las crecientes dudas sobre la economía española y las presiones de las grandes empresas, José Luis Rodríguez Zapatero volvió a presentar ayer otro paquete de medidas económicas. Por sorpresa y como golpe de efecto para ganar tiempo, intentar calmar a los inversores y frenar los ataques contra la economía española detalló nueve medidas en respuesta a Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.
Si las empresas resisten, la economía se recuperará y el empleo florecerá. Esa es la máxima que ha guiado el enésimo paquete de medidas anunciado ayer por el presidente del Gobierno para reactivar la economía. El Ejecutivo ha decidido concentrar en las sociedades los pocos estímulos fiscales aún disponibles y retira ayudas a los ciudadanos, la última de ellas el subsidio de 426 euros.
Cambio de rumbo en el modelo aeroportuario propuesto por el Gobierno. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, que se venderá el 49% de AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos, frente al 30% de máximo que se había reiterado en los últimos dos años.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió al mediodía de ayer anular su viaje a Bolivia y Argentina, que iniciaba hoy, para presidir el Consejo de Ministros de mañana y en la que el Ejecutivo aprobará importantes medidas económicas.
ELECCIONES CATALANAS
| Consecuencias del 28-N
Artur Mas planteará a Josep Antoni Duran Lleida, líder del Grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, que abandone sus tareas en Madrid y sea su mano derecha en el futuro Gobierno catalán. Mas tiene reservado para el dirigente democristiano el cargo de conseller en cap, una especie de primer ministro encargado, entre otros asuntos, de la coordinación del Ejecutivo.
La crisis de los socialistas
M. NOGUER / C. BLANCHAR | Barcelona
El Tribunal Constitucional decidió ayer no admitir a trámite los recursos de amparo de las asambleas parlamentarias de Madrid y La Rioja contra la decisión del Senado de excluir a Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional, por incumplir el requisito de tener 15 años de ejercicio en activo en la carrera judicial.