Expertos penales creen que la fiscalía vulneró la ley en sus tratos con EE UU

"Una obscenidad", según Leopoldo Torres, uno de los abogados de los familiares del caso Couso. "Un grave atentado a la soberanía nacional y a la independencia del Poder Judicial", según la Asociación Libre de Abogados (ALA), que define como "clientelismo y vasallaje" la relación entre la Fiscalía española y la Embajada de Estados Unidos en los casos más preocupantes para el Gobierno de ese país que se siguen en la Audiencia Nacional y en los que ALA ejerce la acusación: Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guantánamo.

Los contactos entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio público en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente González Mota, con diplomáticos de EE UU, revelada por los cables diplomáticos facilitados por Wikileaks a EL PAÍS, ha causado una honda impresión en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisión de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA.

Hasta sus compañeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hicieron público un comunicado ayer en el que reclaman a Conde-Pumpido "las más detalladas explicaciones" sobre esos contactos "para disipar cualquier atisbo de duda". Para la UPF, la fiscalía debe guiarse "exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta razón de Estado". EL PAÍS ha consultado a profesores, abogados, jueces y fiscales por la responsabilidad en que los fiscales podrían haber incurrido. Este es el resultado.