Conocer los informes del CNI con anterioridad

El escándalo de los vuelos de la CIA en 2005 y su tránsito clandestino por aeropuertos europeos provocó la apertura de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional que la embajada se empeñó en impedir que prosperara. La legación, según se desprende de los telegramas filtrados y enviados desde la embajada de Madrid, quiso buscar la complicidad del fiscal, Vicente González Mota.

El juez encargado del caso, Ismael Moreno, pidió que se desclasificaran los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos. Los cables aseguran que en enero de 2007 el fiscal anunció al asesor legal de la embajada que no intentaría bloquear la iniciativa del magistrado porque conocía con antelación estos documentos y no contenían "ningún elemento incriminatorio ni ninguna información sensible", según uno de los telegramas. Los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero efectivamente no aportaron ninguna novedad al caso. El fiscal habría añadido, siempre según la versión de la embajada, que "el Gobierno español no buscaría información adicional del Gobierno de EE UU en relación a este caso". González Mota negó el martes a este periódico que conociera previamente el contenido de los informes.

Revelar datos podría suponer una falta disciplinaria

La opinión de los juristas consultados es que la conducta del fiscal podría ser constitutiva de una infracción de revelación de datos conocidos en ejercicio de funciones. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitación de un proceso o a cualquier persona".

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