Elegir el juzgado más favorable al archivo

En el caso de las torturas en la prisión ilegal de Guantánamo, la actuación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, según los cables del Departamento de Estado, adelantó a la embajada de EE UU que intentaría que el caso recayera en el juez Ismael Moreno en lugar de Baltasar Garzón. También aconsejó a las autoridades de ese país que abrieran una investigación para evitar que la española pudiera seguir adelante.

-Vulneración de un derecho fundamental. Los jueces y abogados consultados por este periódico consideran que la actuación de Zaragoza recogida en los cables para que fuera Moreno y no Garzón el juez del caso podría haber afectado al derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de las supuestas torturas Lahcen Ikasrrien, Hamed Abderramán Ahmed y el resto de querellantes. Ese derecho se recoge en el artículo 24 de la Constitución y una de sus variantes es la del "derecho al juez natural predeterminado por la ley".

El derecho al juez natural de las víctimas pudo vulnerarse

-Asesoramiento jurídico prohibido. El hecho de que Zaragoza aconsejara a EE UU, según los cables, que abriera un caso para que se cerrara la investigación española supondría, según algunos de los juristas consultados, una infracción disciplinaria ya que el EOMF prohíbe a los fiscales el asesoramiento.

-Incumplimiento del principio de imparcialidad (artículo 48 EOMF). Con la información facilitada a EE UU del caso y los consejos a su embajada, el fiscal podría haber vulnerado el principio de imparcialidad con el que, según la ley, debe actuar. Algunos juristas creen que, con esta actitud, Zaragoza pudo cometer un "fraude procesal".

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