Los escándalos que afectan al PP
Los dirigentes del PP llevaban días agobiados, mirando con desesperación las terribles noticias que entraban en sus móviles corporativos, buscando como fuera una salida. Hasta que creyeron encontrarla en un fallo de imagen del supuesto enemigo. El del juez Baltasar Garzón, que durante el fin de semana compartió cacería en Jaén con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aficionado a la escopeta.
El PP dio ayer una patada al tablero e hizo saltar por los aires el único pacto que ha firmado con el PSOE en cinco años: el de la Justicia. Federico Trillo oficializó la ruptura del acuerdo en un agrio enfrentamiento con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el Congreso de los Diputados.
Los tres máximos responsables de la trama de corrupción que ha salpicado al PP de Madrid seguirán entre rejas. El juez Baltasar Garzón decretó ayer prisión incondicional contra Francisco Correa, presunto cerebro de la red de empresas que organizaban eventos para ese partido, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo.
El empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción que afecta al PP, preside desde Castilla y León un holding de empresas (Grupo Begar) que se ha extendido también a la Comunidad Valenciana en los sectores de la construcción, servicios y medios de comunicación.
Entre 2003 y 2005, tres sociedades controladas por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, de objeto difuso y administradores comunes (TCM, Downtown Consulting y Easy Concept) fueron cerrando acuerdos con el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), del PP, por valor de más de dos millones de euros.
La comisión parlamentaria creada en la Asamblea de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González.
Los fiscales de seguridad vial han puesto sobre la mesa una ambiciosa reclamación que podría tener el visto bueno de su jefe, Cándido Conde-Pumpido, en cuestión de semanas. La filosofía de la propuesta es comenzar a pedir responsabilidades penales a funcionarios y personas de otros colectivos.
La mayor parte de las obras se disparaban de precio sin motivo aparente, el sobrecoste se autorizaba verbalmente y a través de personas ajenas a la institución sin que nadie lo supervisara. Además, no hay documentos que expliquen por qué entre 2003 y 2004 la Generalitat tuvo que pagar hasta tres millones extra a empresas que rehabilitaban pisos de protección oficial.
