El PP niega documentación imprescindible para investigar el espionaje en Madrid

La comisión parlamentaria creada en la Asamblea de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González, ni a los datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

El Partido Popular impuso ayer su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea para rechazar más de la mitad de la documentación que PSOE e Izquierda Unida habían solicitado. Además, se negó a estudiar -hasta, como pronto, el lunes- la relación de comparecencias, lo que vuelve a retrasar el arranque de la comisión. "Esto es inquisitorial, indigno. El PP ha puesto a este Parlamento en excepción democrática", protestó la portavoz de IU, Inés Sabanés. La socialista Maru Menéndez calificó de "burla" y "vergüenza" la actitud de los populares. "Está claro que el PP tiene mucho que ocultar", dijo.

El PP esgrime que los documentos "no tienen relación" con la comisión

El argumento empleado por el PP para guardar bajo llave todos esos documentos fue que "no tienen relación con el objeto de la comisión". Con ese mismo criterio fueron rechazadas igualmente varias peticiones del propio grupo popular, que había reclamado cosas tan peregrinas como la relación de entradas y salidas del complejo gubernamental de La Moncloa, los dictámenes sobre presuntos casos de espionaje en Andalucía y Galicia, o la relación de actividades de una fundación de Pinto (municipio madrileño donde el PP fue desbancado de la alcaldía mediante una polémica moción de censura), sin explicar qué podrían tener que ver con los presuntos seguimientos a cargos públicos en Madrid.

Sí admitió la Mesa otro de los asuntos que pedía el PP: analizar el "estado procesal de la denuncia presentada por Manuel Pizarro contra dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes del CNI por supuestos seguimientos a su persona", un caso denunciado hace dos años. También pasó la criba su solicitud de aportar a la comisión el organigrama de seguridad de comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia; así como el organigrama de la Consejería de Interior madrileña "en todas las legislaturas", es decir, desde los gobiernos de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.

Tras conocer a media mañana la "extravagante" relación de documentación registrada por los populares, PSOE e IU habían decidido votar a favor para no sentar el precedente de un veto. "Sólo les falta pedir que venga a declarar el toro que mató a Manolete para desviar la atención, pero ni aun así conseguirán cargarse esta comisión", había dicho Sabanés. Sin embargo, no les sirvió de nada: la oposición votó a favor de las solicitudes del PP, pero el PP tiró abajo 28 de los 45 documentos pedidos por Izquierda Unida y 38 de los 60 planteados por el PSOE. Este periódico intentó, en vano, recabar la explicación del portavoz popular, David Pérez.

Y si mal le fue a la oposición con la petición de documentación, peor resultó su intento de que la Mesa se pronunciara ya sobre las comparecencias: el PP alegó que hasta el lunes, como pronto, no empezará a estudiar ese asunto, lo cual retrasa de nuevo todo el proceso. En principio, las sesiones deben finalizar el 31 de marzo.