El fin de la era del "yo no he sido"

Los fiscales de seguridad vial han puesto sobre la mesa una ambiciosa reclamación que podría tener el visto bueno de su jefe, Cándido Conde-Pumpido, en cuestión de semanas. La filosofía de la propuesta es comenzar a pedir responsabilidades penales a funcionarios y personas de otros colectivos cuando su acción o la falta de ésta genere graves riesgos para la seguridad de los conductores (una curva mal trazada, obras mal señalizadas, firme en mal estado, peatones imprudentes, mala gestión de una concesionaria). Bartolomé Vargas, que es el jefe de todos los fiscales en esta materia, explica que la propuesta complementa todo el trabajo que se venía realizando, pero que hasta ahora sólo iba en una dirección: los automovilistas.

Vargas también subraya que la Fiscalía será muy selectiva: "No se trata de castigar penalmente a todo el mundo, porque primero está la vía administrativa". El espectro de actuación podrá abarcar a funcionarios de las distintas Administraciones (algo sin precedentes en España), peatones, titulares de las vías, contratistas de obras o responsables de empresas concesionarias. Es un toque de atención: la seguridad vial es tarea de todos. Las penas van de los seis meses a los dos años de prisión o multa más trabajos en beneficio de la comunidad.

- ¿Un concejal barriendo la calle? La iniciativa de los fiscales se enmarca en el artículo 385 del Código Penal, cuya redacción deja margen para actuar penalmente contra cualquier persona que origine "un grave riesgo para la circulación". Y esto, explica Vargas, hace que la Fiscalía tenga intención de dar instrucciones a los distintos cuerpos de policía para que redacten atestados en los casos más graves. Se abre así un abanico muy amplio de posibles responsables en caso de mal estado de las calles y carreteras. Vargas asegura que en el 99,9% de los casos estas negligencias quedarán en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, como hasta ahora. "El Derecho Penal requiere culpabilidad, requiere que el funcionario tenga obligaciones y que las incumpla, que conozca la situación de riesgo, que no le ponga remedio y que genere un grave riesgo para la circulación. Y no hace falta que alguien se mate para que la Fiscalía pueda actuar", señala.

Con este planteamiento, uno se puede imaginar, por ejemplo, el siguiente escenario: se demuestra que un concejal es el responsable de una carretera en muy mal estado que pone en grave riesgo la seguridad de los conductores, se demuestra que era consciente de esta situación y que no ha hecho nada para solucionarlo; podría ser condenado a penas de cárcel de hasta dos años o a una multa y varias jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad (limpiar calles, acondicionar jardines, ayudar a víctimas de tráfico...).

La Fiscalía de Seguridad Vial asegura que también se perseguirá penalmente a los responsables de puntos negros sin señalizar. "Pero sólo en casos especialmente graves". También se podrá actuar en vía penal contra las personas que arrojen objetos desde un vehículo, coloquen objetos "imprevisibles" en la vía, derramen sustancias deslizantes o aquellos que deterioren la señalización.

- La ambulancia que no llega a tiempo. La petición de penas por omisión de socorro será otro caballo de batalla de la Fiscalía. Este delito ya está tipificado en el Código Penal, pero ahora los fiscales pretenden potenciarlo. Y eso afecta, por supuesto, a las personas que provoquen un accidente y se den a la fuga, pero también a otros conductores o peatones que pasen por el lugar de un accidente y no asistan a las víctimas. Aunque la parte más novedosa es la que se refiere a los servicios de asistencia y de socorro. "Vamos a dar instrucciones precisas a los agentes para que sepan cuándo incoar un atestado. En este sentido, hay un escaso número de sentencias. Vamos a establecer unos criterios para que ellos sepan, por ejemplo, si deben denunciar cuando una ambulancia o los bomberos tardan media hora en llegar o si lo hacen cuando haya pasado una hora desde el aviso", explica Vargas. "Esto es fundamental porque todo el mundo sabe que los primeros minutos son vitales, ¡la gente se juega la vida o el sufrir graves lesiones!". La omisión de socorro puede llegar a castigarse con cuatro años de prisión.

- Ojo con tunear el coche. El comiso (retirada definitiva) es una figura que ya contempla el Código Penal, pero que apenas se ha utilizado en delitos de seguridad vial. La Fiscalía quiere que se aplique en supuestos más graves de conducción temeraria y en casos de multirreincidentes, que se quedarían sin coche. También hay planes de introducir el comiso parcial para evitar que el infractor siga usando el vehículo durante un tiempo determinado. Esta última medida requerirá "seguramente" de una reforma penal. Para quitarle el coche a un condenado, según acordaron a finales de enero los fiscales, se tendrán en cuenta varios factores. Aconsejan que se lleve a cabo en caso de que el coche esté modificado ilegalmente ("tuneados de forma irregular"), cuando tenga instalado algún detector o inhibidor de radar, o cuando se haya manipulado la matrícula. Y se desaconsejará si el vehículo es ecológico o el condenado está desempleado.

Ante el alarmante número de personas que han ingresado en prisión desde la reforma penal en materia de seguridad vial (459 en 2008), la Fiscalía también se plantea que los condenados por delitos de tráfico eviten la cárcel si entregan el vehículo. El importe de la venta del mismo iría a las asociaciones de víctimas.

- Autoescuela o cárcel. Para darle un uso práctico a las condenas, la Fiscalía también propone que aquellos que han sido condenados por conducir sin haber obtenido el carné puedan evitar la cárcel sacándose el permiso.