Campo de las Naciones

¿Todo es ETA, como a veces se simplifica a propósito de la anulación de candidaturas de la izquierda abertzale? Desde luego, no todos los componentes de esas candidaturas son militantes de ETA, como tampoco lo eran todos los de Batasuna cuando fue ilegalizada. La lógica de aquella decisión, a veces oscurecida por la tortuosa prosa judicial, es que Batasuna actúa como correa de transmisión de ETA a través de una coordinación clandestina (antes llamada KAS y luego Ekin); y que algunos dirigentes de Batasuna son a la vez miembros de ETA

A través de esos mecanismos el brazo político (y otros colectivos del entorno civil de ETA) se supedita a las decisiones del brazo militar, que tiene la última palabra. De esto hay pruebas numerosas (actas de KAS, grabaciones...) en las diligencias del juez Garzón que dieron fundamento a la suspensión y ulterior ilegalización de Batasuna. Por tanto, sólo con muchos matices puede decirse que todo es ETA, o que Batasuna y ETA son lo mismo; pero sí puede sostenerse que existe una supeditación sin matices de Batasuna a ETA.

Es ETA la que distorsiona con su acoso selectivo la representación popular

Antes de que den las doce de la noche el Tribunal Constitucional debe resolver hoy el recurso presentado por las candidaturas anuladas. Sus abogados han empleado como elemento central de su argumentación, según informaba Gara el martes, un informe reciente del Relator de la ONU Martin Scheinin, que estuvo en el País Vasco en mayo pasado, en el que muestra su inquietud ante la posibilidad de una interpretación extensiva del concepto de terrorismo en la legislación española. Las limitaciones a la participación política "deben ser de carácter estrictamente excepcional", sostiene; y alerta contra el riesgo de que esas limitaciones se apliquen a partidos que "aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de métodos violentos".

Acaba de publicarse un libro sobre Ilegalización de partidos políticos en las democracias occidentales, de los profesores J. Corcuera, J. Tajadura y E. Vírgala (Dykinson. Madrid. 2008) que compara las respuestas dadas en una docena de países al problema de la legalidad y participación electoral de fuerzas antisistema. Hay legislaciones que ponen el acento en la ilicitud de los fines -aquellos que supondrían la eliminación de los principios democráticos básicos-. En España la ley se fija preferentemente en los medios, violentos o pacíficos.

La recomendación del Relator de la ONU ¿es aplicable a Batasuna? ¿Se trata de un partido que, aunque comparta fines con ETA, "no apoya el empleo de métodos violentos". En una sentencia de mayo de 2004, el Constitucional dejó sentado que desde el momento en que exista la "sospecha fundada" de connivencia con el terror, sería de esperar "una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena" de las acciones terroristas. Y en otra de marzo de 2005 que, si bien la "negativa a condenar expresamente el terrorismo no es indicio bastante", la "condena inequívoca" sí es un "contraindicio" contra la sospecha de connivencia.

Batasuna y sucesores han tenido mil ocasiones -la última, tras el bombazo del lunes en el Campo de las Naciones de Madrid- para desmarcarse en esos términos de los atentados, y han optado por no hacerlo. Cuando están pendientes los recursos contra la anulación de candidaturas, ese atentado supone una reafirmación de autoridad de ETA: que quede claro que el derecho de participación política que se reclama no implica renunciar a la violencia.

Los votantes de Batasuna están en su derecho de negarse a apoyar a partidos independentistas legales. Pero no podrán ignorar que lo que les distancia de esos partidos no es sustancialmente la ideología, sino el apoyo o no al terrorismo. Y si es cierto que la ausencia de candidaturas de ese sector, que recibió el apoyo del 12% en 2005, distorsiona en alguna medida la representación popular, más la ha distorsionado desde hace años la sustancial desigualdad de oportunidades que supone la presencia en la competición de un partido asociado a una banda que amenaza, acosa y asesina a los candidatos y cargos electos de sus contrincantes políticos.

La normativa sobre ilegalizaciones es excepcional porque lo es esa situación de acoso selectivo que condiciona la política vasca. También es imperfecta, lo que da lugar a contradicciones en su aplicación. Pero deducir de ello que la anulación de listas es una maniobra para eliminar contrincantes políticos revela mezquindad; y cierta incoherencia en quienes lo dicen tras lamentar la incapacidad de la izquierda abertzale para sacudirse el yugo de ETA.