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A golpe de sentencia. La lucha del movimiento vecinal de Valencia contra el exceso de ruido nocturno ha vuelto a encontrar el amparo de los jueces ante la pasividad o el silencio del Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá, del PP. El Tribunal Supremo, en una sentencia conocida ayer, obliga al Consistorio a incoar el expediente para declarar Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el barrio de Juan Llorens.
Dos contenedores quemados / CARLES FRANCESC
Con absoluta tranquilidad, la concejal de medio ambiente, María Jesús Puchalt, enumeró ayer los daños causados en Valencia por 55.000 actos vandálicos durante las Fallas. Más de 1.000 papeleras y 104 contenedores quemados, además de decenas de árboles, bancos o riegos destrozados.
Los socialistas reconsiderarán y, en su caso, no aprobarán -en la medida en el que el estado de tramitación lo permita-, los planes urbanísticos presentados al margen de los planes municipales o que sean insostenibles desde el punto de vista medioambiental, aseguró ayer el responsable de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francesc Signes. Así, reclasificaciones de suelo como la del plan Rabassa no se aprobarán.
La nieve irrumpió ayer en las comarcas del interior de Castellón así como el viento que provocó que la mitad de la flota pesquera quedara amarrada. Hasta ayer no se pudo apagar el fuego que se declaró el lunes junto al Parque Natural del Prat de Cabanes que arrasó 46 hectáreas.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado la queja presentada por el vocal a propuesta de CiU, Alfons López Tena, contra tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que, en una sentencia, reprocharon al querellante que no hubiera dedicado suficientes esfuerzos a defender su propio interés en un juicio al expresarse en valenciano ante el tribunal.
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"La cuenta de resultados debe estar exenta del debate político", dijo ayer en Alicante el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, al ser preguntado sobre la última batalla de la CAM por la renovación de sus órganos de control, y agregó: "Si se politiza hacemos un mal servicio y un mal negocio".
Sólo nueve inspectores se encargan en exclusiva de velar por la seguridad de más de 182.000 obreros, cifra que no incluye autónomos ni clandestinos, que trabajan en la construcción. Cada funcionario supervisa un máximo de tres obras por jornada. El pasado año, el sector acumuló una media mensual de tres operarios muertos.
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