Sólo 9 inspectores controlan la seguridad de 182.000 obreros

Sólo nueve inspectores se encargan en exclusiva de velar por la seguridad de más de 182.000 obreros, cifra que no incluye autónomos ni clandestinos, que trabajan en la construcción. Cada funcionario supervisa un máximo de tres obras por jornada. El pasado año, el sector acumuló una media mensual de tres operarios muertos. La Fiscalía de Delitos Laborales de Alicante reitera la urgencia de crear una brigada de policía judicial para acelerar la investigación de los accidentes.

La burocracia facilita al culpable modificar el escenario del siniestro y complica la acusación

La plantilla de inspectores dedicados a supervisar en exclusiva la seguridad en el sector de la construcción tiene tres efectivos en Alicante y seis en Valencia, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Trabajo. Castellón es la única provincia donde, según el ministerio, la construcción no dispone de funcionarios dedicados en exclusiva ante la "limitada plantilla". No obstante, apunta Trabajo, "eso no significa que el resto de inspectores no visiten obras".

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad e Higiene, la Comunidad Valenciana sigue engordando la negra lista de accidentes mortales en la construcción, con 36 operarios fallecidos en 2006, ocho más que en 2005 y 12 más que en 2004.

La cifra representa una media de tres víctimas mortales al mes. Seis de cada diez accidentes en la construcción son consecuencia de una caída, un hecho que, según CC OO, revela que las obras siguen careciendo de las suficientes medidas preventivas para garantizar la seguridad de los operarios.

"El órgano inspector tienen una precariedad laboral estructural", lamenta Francisco Velasco, responsable de la sección de Seguridad Laboral de CC OO. El caso más flagrante corresponde a Alicante, una de las provincias españolas más dinámicas en el sector. Según la central sindical, dos equipos (un inspector y un subinspector) supervisan la seguridad de cerca de 94.000 obreros (siempre sin incluir autónomos ni clandestinos) que trabajan en el sector de la construcción. Pero las carencias son miméticas en Valencia y Castellón, donde ni siquiera hay un servicio específico para supervisar el sector de la construcción.

El déficit de medios ha sido advertido reiteradamente por la Fiscalía de Delitos Laborales en Alicante. La carencia de medios humanos, según el ministerio público, impide aplicar con eficacia las denuncias incluidas en el artículo 316 del Código Penal, que tipifica como delito los escenarios laborales con grave riesgo para la integridad física de los operarios.

Juan Carlos López Coig, fiscal de Delitos Laborales, apunta que una brigada judicial, integrada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, ayudaría a agilizar la investigación de los accidentes en el trabajo. "La excesiva burocracia da facilidades a los culpables para modificar el escenario del siniestro y, por ende, complica la posibilidad de mantener la acusación", apostilla.

Ahora, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Etelvina Andreu, estudia la posibilidad de destinar efectivos de los cuerpos de seguridad para levantar atestados.

Para los sindicatos y el ministerio público, el refuerzo de la Inspección es clave en la lucha contra la siniestralidad laboral. A su juicio, un riguroso control llevaría a la patronal a incrementar su celo en la aplicación de las medidas de seguridad en las obras. Y así lo reflejan los datos. Año tras año, el número de obras paralizadas y multas giradas por incumplimiento de la ley sigue creciendo, pese a que la plantilla de inspectores no ha sido reforzada. Según Francisco Velasco, en el caso de Alicante, los funcionarios no llegan a cubrir ni la quinta parte del sector de la construcción. "El servicio solo funciona merced a la voluntad de los inspectores", añade.

Hasta el tercer trimestre de 2006, el órgano laboral levantó 2.629 actas por irregularidades en materia de salud e higiene tras 34.855 visitas; paralizó un total 294 obras por evidente riesgo para la integridad de los trabajadores y, como consecuencia, dejó en el paro a 31.776 operarios.