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Alfredo Pérez Rubalcaba y Gaspar Llamazares / MIGUEL GENER
La Mesa de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M acordó ayer reclamar de forma inmediata más de un centenar de informes -que han sido solicitados por los grupos parlamentarios- sobre los antecedentes, la investigación y las circunstancias que rodearon los atentados contra los trenes de cercanías.
El PP quiere interrogar sobre la jornada de reflexión a Rubalcaba y a Llamazares
El PSOE solicita los informes que alertaban del riesgo islamista y el PP se centra en las manifestaciones de la víspera electoral
Una línea ferroviaria unirá el Mediterráneo y el Cantábrico, sin pasar por Madrid, a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer un proyecto de 600 kilómetros de longitud (300 nuevos y el resto rehabilitados sobre la red convencional) que conectará Valencia y Zaragoza, pasando por Teruel hasta llegar a Logroño, donde enlazará con la red de alta velocidad vasca.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer su voluntad de reabrir el proceso de negociación de traspasos con el País Vasco y romper la situación de bloqueo existente con el Gobierno del PP. Sevilla precisó que recuperará el informe Zubia, elaborado por el Ejecutivo vasco en 1993, en el que reclamaba 37 traspasos y del que el PP sólo estaba dispuesto a ceder siete, para estudiar todas sus potencialidades.
El Ministerio de Economía puso en marcha toda su maquinaria negociadora y logró ayer el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, para aprobar en el Senado el tope de gasto en el presupuesto de 2005. Hasta el último minuto se resistieron CiU y sobre todo el PNV, pero al final hasta IU votó a favor.
La asociación conservadora ha perdido sólo una jefatura de las 22 que ocupaba al final del mandato del PP
La candidatura de la capital aragonesa para organizar la Expo 2008 transformará la ciudad con el fin de impulsar su desarrollo
El Ministerio del Interior no permitirá que la llamada sala 4 del aeropuerto de Barajas vuelva a ser utilizada para internar a inmigrantes en situación irregular, declaró ayer un portavoz del departamento. El compromiso se produce después de que EL PAÍS se hiciera eco de un informe del Defensor del Pueblo que censura esa práctica, habitual en los últimos seis meses del año pasado, cuando Ángel Acebes dirigía el ministerio.
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