El Congreso pedirá decenas de informes secretos sobre los atentados de Madrid

La Mesa de la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M acordó ayer reclamar de forma inmediata más de un centenar de informes -que han sido solicitados por los grupos parlamentarios- sobre los antecedentes, la investigación y las circunstancias que rodearon los atentados contra los trenes de cercanías. La Mesa, que preside el diputado canario Paulino Rivero y en la que están representados PP y PSOE, decidió también no descartar ninguna de las más de 100 comparecencias solicitadas, y proponer hoy a la comisión que las declaraciones comiencen en la semana del 5 al 11 de julio.

Tres horas después de que se cerrara el plazo para presentar las solicitudes de informes y comparecencias, la Mesa se reunió para preparar el plan de trabajo que hoy propondrá a la comisión. Su primer acuerdo fue tramitar de forma inmediata la totalidad de las solicitudes de documentación. Los escritos, que serán remitidos al Gobierno y al Poder Judicial a través de la presidencia del Congreso, empezaron a prepararse ayer mismo.

Gran parte de los informes reclamados por la comisión del 11-M -entre los que figuran numerosas notas informativas del servicio secreto CNI- están clasificados, por lo que el Consejo de Ministros deberá decidir en su próxima reunión, o como máximo en la del viernes 2 de julio, si levanta el secreto.

La comisión de investigación pretende que el Gobierno y el Poder Judicial remitan los documentos solicitados en un plazo de siete días. Si algunos de los informes no fueran remitidos, por afectar a la seguridad del Estado o al secreto del sumario, la comisión estudiará la posibilidad de consultarlos a puerta cerrada.

A la vista de estos plazos, y de la insistencia del PSOE en no celebrar ninguna comparecencia antes de estudiar la documentación, la Mesa decidió proponer a la comisión que las primeras declaraciones se fijen para la semana del 5 al 11 de julio. Esta decisión reducirá a cuatro semanas el tiempo de trabajo útil de la investigación, salvo que se decida prorrogar sus sesiones a lo largo de agosto o septiembre.

La Mesa también decidió no descartar de entrada ninguna de las más de 100 comparecencias pedidas por los grupos. La mecánica consistirá en llamar primero a aquellos comparecientes sobre los que existe mayor consenso y aparcar, pero sin descartarlos, los nombres que suscitan menos apoyos. Eso quiere decir que no se votará la citación de José María Aznar -que, de momento, sólo piden ERC, CiU, PNV y Grupo Mixto, a los que ayer se sumó IU- , sino que se dejará pendiente por si más adelante hay mayoría.

El criterio adoptado por la Mesa no supone que las primeras comparecencias sean las más solicitadas -el ex ministro del Interior Ángel Acebes; su sucesor, José Antonio Alonso, y el ex director del Centro Nacional de Inteligencia Jorge Dezcallar-, ya que se ordenarán por bloques (políticos, funcionarios de la policía y la Guardia Civil, periodistas y otros) y la comisión deberá decidir por cuál empieza.

Lo lógico, según fuentes de la comisión, sería empezar por los policías, ya que estos pueden aportar información útil para preguntar luego a los políticos.

Las peticiones de documentos y comparecencias de los grupos revelan su diferente objetivo en la comisión. El PP quiere centrarse en lo sucedido entre el 11 y el 14 de marzo, especialmente en la jornada de reflexión; los demás quieren saber, sobre todo, si el 11-M pudo evitarse y qué hacer para que no se repita.