Los 'okupas' del ministerio fiscal

Frente a la "ocupación de la Justicia" denunciada por el ex ministro Ángel Acebes y las críticas de "nepotismo" por los recientes nombramientos del nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, formuladas desde la conservadora Asociación de Fiscales (AF), el recuento de jefaturas de fiscalías de tribunales superiores y audiencias provinciales (son la misma persona cuando coincide la capital de provincia con la sede del tribunal superior) demuestra que al final del mandato del PP y del anterior fiscal general, Jesús Cardenal, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) sólo disponía de cuatro jefaturas frente a 22 de la AF y 24 fiscales jefes no asociados, más de la mitad de los cuales son de talante netamente conservador.

Tras los nombramientos de la semana pasada, el resultado deja escasamente alterado el mapa ideológico del ministerio fiscal, si bien las jefaturas de Galicia y La Rioja pasan a Carlos Varela y Juan Calparsoro, dos integrantes de la UPF. Los progresistas cuentan también con José María Mena en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Cataluña, con Alfonso Aya en Álava y Manuel Martín Granizo en Palencia. La fiscalía de Guadalajara, en la que estaba María Ángeles García , promovida a fiscal del Supremo, está vacante de momento.

Mientras tanto, la AF gana el TSJ de Aragón con el relevo de Alfonso Arroyo por José María Rivera. Y cuenta también con las jefaturas de fiscalía en los TSJ de Andalucía, Asturias, Canarias y Murcia, además de 21 jefaturas de fiscalías en Audiencias Provinciales. La AF quería conservar la fiscalía de la Comunidad Valenciana, pero la negativa de Conde-Pumpido precipitó las protestas, según fuentes de la AF.

Aunque no afiliados a ninguna de las dos asociaciones, son reconocidos conservadores los fiscales jefes de los TSJ del País Vasco -María Ángeles Montes, la mano derecha de Cardenal- Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha y Baleares, además de los fiscales jefes de las audiencias de San Sebastián, Huesca, Castellón, Segovia y Ávila. Se considera más cercanos a los progresistas al jefe del TSJ de Madrid, Manuel Moix, y la fiscal de Tenerife, Carmen Almendral.

Los conservadores dominan también la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, el Estado Mayor del ministerio fiscal, donde la AF cuenta con ocho afiliados por tres de la UPF, uno de ellos Mariano Fernández Bermejo, cuyo reciente nombramiento para la Sala de lo Contencioso del Supremo

ha suscitado la polémica.

En la Junta de Fiscales de Sala, se encuentran también conservadores no afiliados pero tan significados como el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, o Eduardo Fungairiño, el antiguo jefe de los fiscales indomables, nombrado por Cardenal jefe de la Audiencia Nacional contra el criterio de toda la Junta y después de que el Consejo Fiscal le negara tres veces, con cero votos.

Otros miembros de la AF en la Junta son los jefes de lo Penal, Eduardo Torres-Dulce y José Aranda; el de lo Militar, Fernando Herrero y los jefes de las fiscalías ante el Constitucional, Juan Ortiz Úrculo y el de Cuentas, Juan José Barrenechea. La UPF contaba con el Inspector Fiscal, Juan José Martínez Zato y el jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. Éste dejó la carrera y Martínez Zato sigue en la Junta, en una fiscalía sin contenido.

Los conservadores también tienen mayoría en el Consejo Fiscal, órgano consultivo pero no vinculante sobre los nombramientos.