Argentina no tramita la orden de Garzón para detener a Videla

El Ejecutivo argentino ha devuelto al juez español Baltasar Garzón la orden de detención y captura, previa a la solicitud de extradición, de 48 militares, entre ellos los jefes de las juntas que gobernaron Argentina hace 20 años, absueltos tras aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La orden cursada por Garzón nunca fue remitida por la Cancillería argentina a su destinatario, el juez Gustavo Literas. Garzón dictó ayer una providencia en la que solicita la "ejecución inmediata de la orden".

El magistrado de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio español de Asuntos Exteriores que compruebe si el Gobierno argentino ha acordado o no devolver a España la documentación remitida en relación con estas órdenes y, si no lo ha hecho, "solicita expresamente que le sea entregada al juez federal competente Gustavo Literas para que proceda conforme a derecho". Por su parte, el juez Literas rompió ayer su silencio y denunció desde Argentina las "tergiversaciones" y la actuación "improcedente" del Gobierno argentino en el caso."En todo caso, se reitera la orden de detención y se solicita su ejecución inmediata", señala la providencia emitida por Garzón, quien añade que, aunque los datos que envió a Argentina fueran insuficientes, estando vigente la orden de arresto "la urgencia existe y se mantiene".

El cumplimiento de la orden debía de ser automático, pero al interlocutor de Garzón en Argentina, el juez federal Gustavo Literas, nunca se le hizo llegar la documentación remitida por la Audiencia Nacional, por lo que no pudo tomar decisión alguna. La documentación estuvo retenida en la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras demoraban la tramitación, la Cancillería argentina y el Ministerio de Justicia hacían interpretaciones públicas sobre supuestas decisiones de Literas que éste nunca llegó a tomar. El titular de Justicia argentino, Ricardo Gil Lavedra, comentó que ya había adelantado que era "muy difícil" que este reclamo prosperara porque "la circunstancia es anómala y no está encuadrada claramente dentro del tratado de extradición suscrito" con España. Para Gil Lavedra, que se reunió en privado en abril con Garzón en Austria, éste "pretende aplicar el derecho extranjero en la Argentina".

El gabinete de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores señaló a este corresponsal que "el 28 de abril de 2000, a solicitud" de Garzón, "la Cancillería argentina devolvió la documentación recibida el 3 del mismo mes, y de cuya recepción había sido puesto en conocimiento el 12 de abril el magistrado federal Gustavo Literas, a los efectos que estimara pertinente". Concluye afirmando que, "de ser procedente, se aguarda un eventual pedido de extradición".

Todo un intercambio de notas previo entre la Embajada de España y la Cancillería pone de relieve que esta última, que debía actuar como un mero "correo diplomático", interpretó, con el asesoramiento del Ministerio de Justicia, cuestiones ajenas a su competencia sin que se enterara el juez Literas.

Literas no puede contener su indignación: "Me gustaría mucho que se informe en España cómo han ocurrido las cosas y que el juez Garzón sea informado", declaró a EL PAÍS. "Nunca tuve la documentación complementaria que él envió a mi despacho, a pesar de los reiterados reclamos que hice por vía diplomática. Del último reclamo pedí incluso que le mandaran una copia a él". Literas precisa que el mensaje inicial que le llegó por fax, donde Interpol transcribía la orden de detención, no tenía ninguna validez y que por eso pidió formalmente a Garzón " por la vía diplomática" la documentación complementaria. Entonces empezaron las complicaciones.

El juez federal admite que el Gobierno argentino puede, como firmante del tratado, "interpretar", pero que en este caso "interpretó sobre cuestiones de urgencia que yo ni siquiera mencioné". "Me tergiversan, porque yo le pido a Garzón, y no a la Cancillería, que complete la información y evalúe la urgencia".

Tres organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Movimiento Ecuménico, la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre han denunciado a los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Ricardo Gil Lavedra y Adalberto Rodríguez Giavarini, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.