Carmen Thyssen, la baronesa que ganó el pulso a 10 ministros de Cultura

Negociar un contrato de alquiler es muchas veces una complicada tarea que se alarga según lo picajosas que sean las partes. Si lo que se va a arrendar es una colección de arte de indiscutible valor con múltiples intereses cruzados y cambiantes, la operación puede acabar con los nervios del más templado. En el caso del documento que este miércoles suscriben formalmente la baronesa Carmen Thyssen y el ministro Miquel Iceta, las complicaciones se han extendido durante 22 años. Han afectado a 10 responsables de Cultura (incluido Màxim Huerta, que ejerció solo una semana), un batallón de equipos jurídicos por ambas partes y, cabe suponer, una infinita paciencia por parte del personal del museo. El contrato garantizará una cierta tranquilidad durante los próximos 15 años, durante los cuales el Estado pagará 6,5 millones de euros anuales con derecho de compra preferente, una suma que se descontaría de la venta. La baronesa, que en abril cumple 79 años, ha recordado que la ejecución de esa parte final del contrato seguramente corresponderá a sus herederos: su hijo biológico Borja Thyssen, de 41 años, y las mellizas adoptadas, Carmen y Sabina, de 15 años.

Toda esta historia empieza en 1999 con Mariano Rajoy como ministro de Cultura y Miguel Ángel Cortés como secretario de Estado. Carmen Thyssen pacta con ellos ceder su colección personal al Thyssen de manera gratuita durante 10 años y luego ya se verá. Las partes consiguen firmar un protocolo que afecta a 655 obras. Hay que recordar que esta transacción nada tiene que ver con la colección de 775 piezas que el Estado español compró a Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993 por 350 millones de dólares (327 millones de euros al cambio actual). Fue esta una operación por la que varios países pugnaron, pero que gracias a la baronesa el Gobierno socialista de Felipe González logró que se quedara en Madrid.

La colección privada de la baronesa procede en su mayor parte de la herencia de su esposo, Heinrich Thyssen, cuyos bienes estaban a nombre de trusts o empresas con sede en el extranjero. Se centra principalmente en los siglos XIX y XX y tiene tres ejes prioritarios: pintura española, pintura norteamericana y pintura europea, en la que destacan movimientos casi ausentes en España como el impresionismo, el posimpresionismo y el expresionismo. La valoración económica del conjunto de obras es una incógnita porque el mercado es muy cambiante y porque, junto a obras maestras indiscutibles y cotizadísimas, hay otras que no disfrutan de la misma estimación. La última cifra facilitada por la baronesa a este periódico es 1.700 millones de euros, una cantidad que según ella figurará en la garantía del Estado para toda su colección.

Hechas las precisiones sobre el contenido, hay que recordar que la pretensión de la baronesa sobre vender o alquilar no ha sido siempre la misma. A la vez que negociaba la situación del núcleo duro de su colección en Madrid, ha extendido su firma en otros tres museos: el Thyssen de Málaga en 2011, que alberga en su mayoría pintura andaluza; el Espai Carmen Thyssen en San Feliu de Guixols (Gerona) en 2013, y el Museo Carmen Thyssen de Andorra en 2017.

En 2004, el Thyssen inauguró un ala nueva para exhibir en las mejores condiciones la colección de Carmen Cervera en unas nuevas galerías en las que se crearon espacios para oficinas, talleres, almacenes y exposiciones temporales. El Gobierno gastó alrededor de 40 millones de euros. En 2011, concluida la década de depósito gratuito, Cultura ofreció comprar la colección, pero ni siquiera se llegó a hablar de cifras, porque la propietaria prefirió, de momento, seguir depositando su colección por periodos anuales.

Mientras, los ministros de Cultura se iban sucediendo. Rajoy dejó el acuerdo sin amarrar. Pilar del Castillo intentó, sin éxito, poner orden en la salida y entrada de las obras. Carmen Calvo exhibió un gran entendimiento montadas ambas en un borrico de paseo por el campo cordobés. César Antonio Molina intentó que el Gobierno se plegara a las peticiones de la aristócrata. Con Ángeles González-Sinde saltaron chispas, porque lo que acordaba por la mañana se deshacía sin aviso por la tarde. Tampoco hubo química con José Ignacio Wert, aunque puede que la mayor tensión se produjera con Íñigo Méndez de Vigo. En febrero de 2017, Carmen Cervera declaró que en su ánimo no estaba ni vender ni alquilar su colección y amenazó con llevársela fuera de España. Tenía otro tipo de exigencias, como disponer anualmente de unas 60 obras para poder realizar exposiciones dentro y fuera de España.

Ya por entonces había vendido varios cuadros. Entre ellos, La esclusa (The Lock), de John Constable, por 27,89 millones de euros, algo que sentó muy mal dentro y fuera del museo. Cervera, una de las fortunas más potentes de España, alegó falta de liquidez. El óleo había sido adquirido por el barón Thyssen en 1990 en Sotheby’s por casi 13 millones.

La baronesa incluyó en su lista de demandas una última exigencia difícil de asumir: que cesara lo que ella entendía como una persecución del ministro Montoro (Hacienda) sobre su hijo Borja, al que se le había abierto un nuevo procedimiento penal por sus deudas fiscales. El hijo de la baronesa se enfrentaba a una petición de tres años de cárcel por un presunto fraude de 630.000 euros, por fingir su residencia fuera de España. La penúltima baza de Cervera fue intentar que la cesión de la colección fuera considerada como una dación en pago por los impuestos de sucesión de sus herederos, una oferta que Hacienda ni consideró.

El entendimiento volvió con José Guirao en el Ministerio de Cultura. Hombre próximo a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, tuvo el firme convencimiento de llegar a un acuerdo. Pero la crisis de Gobierno que desembocó en el relevo de Guirao por José Manuel Rodríguez Uribes en enero de 2020 y, muy poco después, el estallido de la pandemia dificultaron el remate. Para mayor inri, y para tener el mango por la sartén, la baronesa ordenó la salida de Mata Mua (Érase una vez, en lengua maorí) de Gauguin en junio de 2020 y en un furgón acondicionado puso rumbo al búnker de Andorra en el que se dice que ha estado hasta este lunes 7 de febrero.

En ausencia de la joya de la corona, los abogados de la baronesa, Acebes y Michavilla, negociaron el arrendamiento con el penúltimo ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, Rodríguez Uribes, en la residencia madrileña de Cervera. En los términos escritos con mayúsculas se dice que el Estado pagará 6,5 millones de euros anuales durante 15 años. La letra pequeña del acuerdo se conocerá después de la ceremonia.

En la firma oficial del contrato con el que de momento se paraliza el culebrón, Carmen Cervera tendrá enfrente a Miquel Iceta, un nuevo ministro de Cultura, barcelonés como ella, que recogerá el fruto de lo que otros han sufrido.